Nuestro sistema político económico es de un capitalismo bastante salvaje y deshumanizado donde las prioridades son acumular bienes y dinero a cualquier precio dejando al ser humano abandonado a su suerte. Las pruebas de esto, conocidas por todos, las sufren a diario millones de personas a las que nunca le llegan las tantas veces proclamada redistribución de la riqueza. Uno de los sectores más castigados por sus características e imposibilidad de hacerse oír y reclamar lo propio, tal como lo hacen los trabajadores activos, es el de jubilados y pensionados, más de cinco millones y medio de hombres y mujeres de los cuales el 70 por ciento percibe haberes miserables por debajo de la línea de pobreza. Lo manifestado se relaciona con el proyecto de ley de movilidad de las jubilaciones que prevé aumentos para el sector dos veces al año, en marzo y septiembre. Según informaciones oficiales, estos aumentos se condicionan "a lo que pase con la recaudación total del sistema de seguridad social y la evolución del padrón de beneficiarios". Además, aprobada que sea la ley, los ajustes dispuestos por las sentencias judiciales se pagarán de acuerdo a la nueva modalidad y no a lo que estipulen los fallos, desconociéndose así lo que resuelva la justicia. Por si algo faltaba el primer aumento vendría en marzo de 2009, es decir dentro de siete meses. El gobierno parece no interesarse en resolver el problema de tanta gente en forma seria e inmediata. como lo exige la angustiante y dolorosa situación que desde hace tanto tiempo deben soportar. Mientras esto ocurre vastos recursos de lo que el Estado recauda se destinan a pagar la deuda externa, declarada ilegítima por la justicia, aunque nadie en Economía se haya dado por enterado. El incremento en las jubilaciones debe ser concreto, inmediato y conforme a la realidad económica que vivimos. El festín de la vida es para todos y no para unos pocos. Jubilados y pensionados no deben ni pueden esperar.
