Soy la esposa de uno de los tres policías que se encontraban el día 4 de noviembre en la comisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez, cuando se fugaron siete presos. Nunca voy a olvidar la desazón que traía él cuando, después de 31 horas (ininterrumpidas) de trabajo, llegó a casa tratando de comprender lo que había pasado. Quise que entendiera lo difícil o imposible que era evitar la situación: con sólo tres personas (una mujer) y dos hombres para contener a 28 delincuentes, era cuestión de tiempo. Las comisarías son casas "adaptadas" para cumplir esta función, pero no reúnen las condiciones para tal fin. Mi marido fue suspendido con embargo de sueldo. Durante la fuga recibió un puntazo en su espalda y retuvo a dos presos. Posee un legajo honorable con importantes elogios por el desempeño de su función, pero eso no importa. Dejan a la ciudad con menos personal que el que tiene, como si no lo necesitara. Los responsables no son tres policías cuyos sueldos no superan los 1.500 pesos y deben realizar gran cantidad de adicionales para mejorarlo, los encontramos más arriba, en un gobernador que nunca invirtió en la seguridad, aunque ahora quiera demostrar lo contrario; y en un ministro arrogante e indiferente. Porque la solución no es incorporar cada vez más agentes, sino darles los elementos necesarios para trabajar y retribuirles dignamente el esfuerzo que hacen (la mayoría) enfrentando la delincuencia que no es más que la consecuencia del desinterés de los políticos hacia quienes los necesitan.
