En la última semana de diciembre Pullaro oficializará los tres pliegos de candidatos al alto tribunal. Sin pausa, y con matices, oficialismo y oposición arrancan la definición de las listas de postulantes a convencional
Por Javier Felcaro
“Cumplimos con la palabra y el contrato electoral”. La sentencia, deslizada a La Capital en un pasillo de la Casa Gris, sintetiza la posición del oficialismo a un año del debut del gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe. Pero la concreción de las reformas en seguridad, en el área previsional, en la Justicia y en la Constitución de la provincia, en tan solo doce meses y apalancadas por una eficaz mayoría legislativa, no aportó suficiente vértigo a un 2024 per se políticamente frenético.
En la última semana de diciembre el gobierno de Maximiliano Pullaro oficializará los tres pliegos de candidatos a la Corte Suprema provincial, que llegarán juntos a la Legislatura. Son los aspirantes al sillón que el 1º de diciembre pasado desocupó Mario Netri, al despacho que el 2 de abril vaciará la renunciante María Angélica Gastaldi -también rosarina- y a la poltrona correspondiente al nuevo integrante del máximo tribunal, según establece la reforma judicial aprobada a mediados de noviembre.
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“Estamos concentrados en llegar a esa semana con los nombres para la Corte. Se trabaja intensamente en el tema, que no es un remate”, advierten en el entorno de Pullaro. En medio de intensos cabildeos, los nombres de los postulantes se mantienen blindados. “Prolijidad, ante todo”, es la consigna de Unidos. La usina de versiones sobre los postulantes -mujeres y hombres- alude a actuales y exconductores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a exfuncionarios y juristas del socialismo y peronistas (ligados al perottismo), entre otros, a fin de garantizar un amplio consenso político cuando llegue el tratamiento de lo pliegos en Asamblea Legislativa.
En tanto, tras la reciente luz verde parlamentaria, la carrera hacia la reforma de la Carta Magna deparará nuevos desafíos para el oficialismo: por un lado, son modificaciones que alterarán el sistema institucional de la provincia en las próximas décadas y, por el otro, Pullaro testeará en 2025 su elevado nivel de aprobación, tanto en los comicios a convencional constituyente como en las elecciones legislativas nacionales (Santa Fe actualizará nueve bancas en Diputados).
“No miramos a los rivales. Estamos convencidos de que nuestra mejor campaña es la gestión”, repiten como un mantra en la Gobernación, donde certifican que “todos” jugarán para garantizar que Unidos tenga una mayoría en la Convención que modificará el texto constitucional de Santa Fe.
Pullaro ya no descarta públicamente lo que en el oficialismo venía siendo un secreto a voces: encabezar la lista de convencionales constituyentes de la coalición gobernante (el 2 de febrero habrá que cerrar alianzas y el 7 de ese mes definir las nóminas).
Superan 40 los artículos con chances de cambio en la Carta Magna y podrán incluirse más de 30 temas a la futura discusión en la Asamblea Constituyente. Pero la oportunidad de habilitar la reelección del gobernador es la que sube las acciones de la inminente puja en las urnas, sin Paso, por los convencionales. Hacia allí van Unidos, el atomizado peronismo provincial, libertarios y partidos celestes, entre otros, con el reto de atender las demandas de la sociedad y resguardar su capital electoral y político.
En ese contexto, nadie duda ahora que la de constituyentes será la elección más santafesina de todas. Si bien en el oficialismo hay quienes recelan de una eventual nacionalización de esa contienda por parte de La Libertad Avanza (LLA) y el gobierno de Javier Milei, que conserva una evaluación favorable en la opinión pública a un año de desembarcar en la Casa Rosada, los referentes del jefe del Estado admitieron que el duelo no repetirá el patrón registrado en 2023 y, por eso, alumbraron una novedad.
El jueves pasado, la jefa de LLA de Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez, tomó distancia del primer lugar de la lista de constituyentes, al que se había subido no mucho tiempo atrás con la promesa de “arrasar” en los comicios del 13 de abril para, de ese modo, frenar la reelección de Pullaro. Respecto de la grilla, no formalizó nombres pero adelantó un perfil que, de inmediato, depositó las miradas sobre su par de bancada Nicolás Mayoraz.
El legislador tiene un historial que lo avala: es abogado y fue formado por el histórico constitucionalista rosarino Iván Cullen. Incluso, fue uno de sus asesores en la Convención que, en 1994, reformó la Constitución Argentina. Y, durante su paso por la Cámara baja de Santa Fe, Mayoraz presentó un proyecto para modificar la Carta Magna provincial.
La jugada, que posiciona también al abogado Marcos Peyrano (apoderado de LLA de Santa Fe) en un lugar expectable, es monitoreada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Por su parte, Diez acompañará la campaña a convencional, pero su apuesta es para el segundo semestre de renovación legislativa nacional.
“El objetivo es ganar la elección de constituyentes o, de mínima, salir segundos. Y luego marcar presencia en la discusión de cada punto de la Carta Magna a reformar”, se envalentonan en LLA, donde dieron por desechada la posibilidad de un acuerdo con la diputada provincial Amalia Granata (Somos Vida), quien desde la accidentada sanción de la reforma previsional, en septiembre, acentuó su rechazo a Pullaro y procuró imantar votos libertarios.
La expanelista de TV ya se lanzó para los comicios a constituyente, pero su visita al Papa Francisco en medio del debate por la necesidad de modificar la Carta Magna y la eyección, consumada la votación, de los dos diputados de su bloque que levantaron la mano, abren dudas sobre su poder de fuego en los días por venir.
A su vez, el histórico avance hacia la reforma profundizó una crisis interna que el peronismo santafesino arrastra desde el revés electoral de 2019. Ahora fijó su congreso provincial -de modo virtual- para el 28 de diciembre próximo para definir cómo jugará en los comicios a constitucional.
Una labor, en rigor, compleja frente a actores que tantean ir a las urnas por fuera de la estructura partidaria, como Marcelo Lewandowski (Activemos) y el perottismo, entre otros. Poco antes de la sanción legislativa, la cúpula del PJ provincial había pedido más tiempo para el debate reformista. Pero varios dirigentes del PJ, entre ellos intendentes, respaldaron la decisión de avanzar con las modificaciones en la Carta Magna.
El viernes también se propuso elevar al tribunal de disciplina del peronisno la situación de los diputados provinciales de Hacemos (que lidera el exgobernador Omar Perotti), cuyos integrantes -excepto Walter Agosto- acompañaron el proyecto que habilita los retoques constitucionales. A priori, la idea es templar los ánimos respecto de una eventual sanción interna a esos dirigentes.
Los días por venir no darán tregua: además de la elección legislativa nacional (segundo semestre de 2025), la puja por un lugar en la Constituyente sumará en febrero las Paso para definir autoridades de 19 intendencias, más de 300 comunas y 65 Concejos Deliberantes de la provincia (la general para esas categorías será el 29 de junio).
En una Argentina en estado de tensión permanente, Edgardo Kueider -detenido en Paraguay por pasar a ese país con 200 mil dólares sin declarar- busca recuperar su banca en el Senado nacional, de la cual fue expulsado el jueves por el pleno de la Cámara alta en una sesión cuya legitimidad quedó bajo lupa por un supuesto cortocircuito en el cambio de funciones entre la jefa del cuerpo, Victoria Villarruel, y Milei, cuando el presidente estaba en viaje a Italia.
Para distintos constitucionalistas, la cantidad de avisos previos intercambiados es lo de menos. La clave es que el traspaso de mando debe formalizarse con escribano antes de la sesión, algo que no habría ocurrido entre Villarruel y Milei, razón por la cual no existiría una coexistencia de funciones por parte de la titular del Senado. Y, entre otros factores que tallan en la controversia, Kueider tendría que probar de qué modo la presencia de la vice en la reunión legislativa derivó irremediablemente a su destitución.
A un año de llegar juntos al poder, es cada vez más enorme la grieta entre Milei y Villarruel, alterando la vida interna del Ejecutivo nacional. Paradójicamente, el fin de un 2024 dominado por legisladores de dudosa integridad e internas palaciegas expone a un oficialismo incurriendo peligrosamente en los vicios de esa “casta” tan combatida.
