Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que suspende “todos los efectos” del proceso de primarias opositoras celebradas el 22 de octubre fue repudiada por Amnistía Internacional, que publicó un crítico pronunciamiento.
María Corina Machado obtuvo más de dos millones de votos el pasado 22 de octubre.
Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que suspende “todos los efectos” del proceso de primarias opositoras celebradas el 22 de octubre fue repudiada por Amnistía Internacional, que publicó un crítico pronunciamiento.
"La política de represión que busca silenciar a la disidencia y ejercer un control social en Venezuela se mantiene plenamente vigente y supone un peligro constante y evidente para el espacio cívico en el país, dijo Amnistía Internacional en relación al gobierno del régimen chavista encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
El tribunal suspendió el pasado lunes las distintas fases de ese proceso comicial que consagraron como candidata de unidad a María Corina Machado, luego de una denuncia por presunto fraude electoral que interpuso el diputado opositor José Brito.
"Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la "comisión nacional de primarias", señaló la sentencia de la Sala Electoral del TSJ.
Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre y tuvieron una sorpresiva participación de 2,4 millones de personas y un triunfo arrasador para la liberal inhabilitada María Corina Machado, con 92% de los votos.
Maduro, su partido y el resto de las autoridades sostuvieron que la oposición infló las cifras y desconocieron el proceso.
Amnistía Internacional, a través de Ana Piquer, directora para las Américas de AI, señaló que "el gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno. Las acciones tomadas por el Ministerio Público, alineadas con declaraciones de autoridades estatales, elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas. Esta política de represión no es una novedad y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela” .
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