Hijos del rigor

Tuvo que pasar más de medio ciclo lectivo para que, aunque tardía, hubiera una reacción. Y se comprobó que los desagradables bromistas que mutaron en intimidadores públicos eran hijos del rigor.

La investigación por la ola de falsas amenazas de bomba en escuelas rosarinas logró su primer resultado. Durante una audiencia celebrada el viernes, el juez de primera instancia, Carlos Leiva, consideró pertinente imputar a tres personas por el delito de intimidación pública. Y, tras la explosión mediática, además de la determinación judicial, comenzaron a aparecer los primeros arrepentidos.

Lo que nació como una chanza escolar de alumnos secundarios que querían evitar un examen terminó convirtiéndose en una epidemia sin tregua.

El Instituto Politécnico Superior General San Martín fue uno de los blancos donde apuntaron los primeros llamados antes de 2014. Desde aquel momento, y mientras pasaban los meses y años, la idea de marcar el 911 para anunciar la "mala" noticia se fue propagando hacia una enorme cantidad de instituciones educativas e incluso siguió en comercios, como cadenas de supermercados. Se trató de una deplorable copia de un método de cobarde amedrentamiento que iba escalando en Buenos Aires.

Llegó 2017 y el número trepó a 300 episodios en lo que va del año con los consiguientes operativos de seguridad, cuyo costo ya asciende a más de cinco millones de pesos. Más aún, la estructura que se mueve hizo que, paralelamente, no hubiera efectivos policiales para atender otros hechos en la ciudad.

Las pruebas que presentó la Fiscalía fueron determinantes para que el juez entendiera que los cargos contra los acusados son atendibles. Pero, a la luz de la proliferación de amenazas, la aparición de sólo tres presuntos responsables (dos madres y un joven de 20 años) que, además, quedaron liberados en pocas horas, es objeto de cuestionamientos.

Hubo que esperar que ocurrieran cientos de llamados, se movilizaran cientos de policías y se gastaran cientos de miles de pesos para que recién ahora el Ministerio de Educación, la Legislatura, el Concejo, Seguridad y el Poder Judicial comiencen a advertir el problema como trascendente.

La altísima repercusión del tema empezó a tener recién algunos arrepentimientos con adolescentes que se presentaron como autores de los hechos ante una sociedad donde quedan en evidencia el poco apego a las normas, la impotencia escolar y la falta de límites en el seno familiar.