Un grupo de académicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del Litoral (UNL), junto a investigadores del Conicet, salieron a denunciar públicamente el "virtual cierre" del Archivo Provincial de la Memoria, un fondo documental indispensable para llevar adelante sus estudios. "Son tantas las restricciones que nos ponen desde hace dos años y medio que en los hechos resulta imposible realizar una consulta", explicó ayer la docente e investigadora del organismo nacional, Gabriela Aguila. La directora de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades, Cristina Viano, refrendó la denuncia y sostuvo que gente "muy reconocida y con una vasta trayectoria en la historia reciente, sobre todo a nivel regional, que ha sido incluso pionera en la creación de un campo disciplinar, tiene que vencer innumerables obstáculos para acceder a esos archivos".
De hecho, no es la primera vez que los investigadores denuncian severas "trabas" para consultar el fondo, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos provincial. "Es una situación que data del 2013", aseguró Aguila, producto de una "disposición administrativa" que, invocando el principio de resguardo de datos personales o sensibles, tornó las consultas de los investigadores "casi imposibles" en los hechos.
Según detalló la historiadora, las restricciones que se les ponen aducen cuestiones "administrativas, de tiempos, de espera o de falta de personal", dificultades que terminan funcionando como "un importante obstáculo" para el desarrollo de investigaciones realizadas por equipos de las dos universidades santafesinas y del Conicet, incluyendo —paradójicamente— las que financia la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la propia provincia.
En rigor, esas trabas no sólo perjudican los estudios individuales o grupales, sino que frenan "el avance del conocimiento histórico y la preservación y transmisión de la memoria colectiva sobre el pasado reciente", afirmaron los académicos en un documento que lleva más de 30 firmas.
Al respecto, Aguila sostuvo que se trata de un fondo documental indispensable para investigaciones que hacen foco en la problemática de la memoria y los derechos humanos, pero a la vez, en un sentido más amplio, para todas las que abordan la historia de la segunda mitad del siglo XX.
Consensuado. La documentación que integra el Archivo de la Memoria fue ordenada hace ya seis años por un equipo interdisciplinario que también se abocó a capacitar personal y elaborar un proyecto de reglamento EM_DASHadecuado al decreto provincial de acceso a la información públicaEM_DASH y elevó su propuesta a inicios del 2011.
Ese reglamento, que incluía formularios de acceso, solicitud y reproducción de la información acorde a diferentes categorías de usuarios, fue aprobado por una resolución provincial en noviembre de 2011 y presentado públicamente ese mismo mes en el Museo de la Memoria local.
Pero dos años después, recordó Aguila, "inesperadamente, sin notificación previa y en ausencia absoluta de la mínima fundamentación que exige cualquier acto público", una comunicación interna cambió las reglas de juego.
Esa nueva disposición es la que ahora, "si bien no prohíbe la consulta, en la práctica impide el acceso a los investigadores al fondo documental", exigiéndoles demostrar "idoneidad" en entrevistas personales en Santa Fe, lo que extiende plazos y dilata el avance de los estudios.
Según la historiadora, se cursaron sucesivos pedidos que no hallaron respuesta. Y ahora, con la nueva ley que en abril pasado formalizó la creación del archivo (ver aparte), los investigadores volvieron a la carga.
"En este nuevo contexto queremos saber cómo será de aquí en más el protocolo para la consulta", dijo Aguila, convencida de que se trata de una "oportunidad para revisar las medidas que vienen impidiendo el acceso al fondo documental", integrado básicamente por "informes de los servicios de inteligencia sobre la identidad y la filiación política de las personas y las organizaciones que vigilaban". Datos a su vez "muy difíciles de reconstruir por otras vías".
Desmentida. La denuncia fue desestimada por el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Ramón Verón, quien afirmó que no existen restricciones a la información, sino sólo la obligación de seguir un "protocolo" para garantizar que esos datos sensibles lleguen a manos "idóneas".
"Antes no había ninguna regulación para acceder a esa información sin las tachas correspondientes, incluso en plena etapa de los juicios (de la verdad)", afirmó Verón, quien dijo no entender "qué lleva a este grupo de investigadores a poner el grito en el cielo", una actitud que tildó de injusta. "Pueden hacer el pedido, que yo mismo he vehiculizado en más de una oportunidad", se defendió.
