Negación, la crisis mayúscula

Esta nota debe empezar y cerrar en el mismo lugar. El domingo a las 23.48 un hombre se bajó de una moto, amartilló un arma de fuego y disparó cuatro balazos contra el frente de una parrilla repleta de personas que cenaban en el principal corredor gastronómico de Rosario hiriendo a un mozo en la espalda. Después se marchó tan sin obstáculos como había llegado. No se detectó ningún móvil policial en torno de la zona como para frenar la retirada del tirador hasta 32 minutos después.

Esto ocurrió en el contexto de un conflicto interno prolongado e indisimulable en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La repartición que debe ocuparse del área más crítica de la gobernabilidad, a la vez que la depositaria de las demandas más audibles de la comunidad, estuvo enfrascada en una refriega entre sus funcionarios de mayor jerarquía, que la corría de los dramáticos asuntos de su incumbencia.

Nadie nunca salió a desmentir esto que fue una evidencia contada hasta por personas de la misma cartera. Mientras tanto en Rosario baleaban estaciones de servicio, agencias de automotores, escuelas, el local del Sindicato de Camioneros, incendiaban la sede de Rosario Central y vandalizaban un busto del fundador de Newell's, con la conflictividad multiplicadora que hay en la ciudad en las cuestiones de los dos equipos mayoritarios.

A ese contexto en ebullición se le suma un asunto que suena gravísimo pero que es aun incierto en detalles. Se trata de la investigación en curso admitida por dos fiscales de Santa Fe por presunto espionaje ilegal durante la gestión del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. Ezequiel Hernández, uno de los fiscales, declaró que se investiga un delito penado por la ley, que se refiere a acumular información de personas fuera de las previsiones legales. Lo que indican fuentes cercanas a la causa es que hay evidencia colectada sobre la existencia de carpetas con información de dirigentes políticos, empresarios, funcionarios judiciales como jueces federales y fiscales, gremialistas y periodistas sin una motivación fundada ni la orden de un fiscal.

Esta confirmación se produce en una provincia que vive hace dos años una disputa iracunda y polémica de acusaciones cruzadas donde a Sain se le enrostró tempranamente sin ninguna prueba hacer carpetazos a opositores. Ahora la cuestión según el Ministerio Público de la Acusación (MPA) viró por completo. Se habla de testimonios de personas que trabajaron en el Organismo de Investigaciones (OI), el cuerpo de apoyo de fiscales en delitos complejos del cual Sain era director, que dan cuenta de órdenes para acumular información en bases abiertas y cerradas sobre ciudadanos de muy diferentes actividades. Y también de evidencia en soporte físico y digital ya asegurada.

Sain ya le comunicó a allegados que no hay nada irregular en la construcción de esos perfiles. El OI es una agencia estatal que realiza inteligencia para detectar, prevenir y conjurar actividades contrarias a la ley. Y muchas veces las agencias penales investigan a personas que no tuvieron antecedentes previos a las que incluso no termina acusando. Sin embargo para eso deben cumplirse dos requisitos. El primero es que la colecta de datos quede protocolizada de manera formal en un documento que indique a quién se está investigando. El segundo es que esa pesquisa esté claramente fundamentada en un motivo.

Otra cosa implica una violación a la ley nacional de inteligencia. Nadie puede colectar información de manera discrecional e inmotivada. Es algo éticamente repugnante pero sobre todo es ilegal. Hasta que no haya una audiencia judicial donde se presente evidencia todo lo que se diga es conjetural. Lo que reprocharían los fiscales es que esa información se compiló con asistencia del OI pero desde el Ministerio de Seguridad.

La Casa Gris ayer salió directamente a rechazar la existencia de carpetas en lo que tildó como una operación. El argumento es que lo que se hizo fue solamente seguimiento a integrantes de grupos criminales. Funcionarios del gabinete dijeron que hay un sector del MPA que incurre en acciones políticas más que en asuntos penales. Y que precisamente una reunión mantenida hasta entrada la madrugada del sábado en la Gobernación de Rosario fue para desactivar desconfianzas y conflictividades entre el organismo que agrupa a todos los fiscales y el Poder Ejecutivo. Estuvieron allí el gobernador Omar Perotti, el fiscal general Jorge Baclini y el ministro de Seguridad Jorge Lagna.

Pero en el MPA Santa Fe desoyen ese mensaje. Afirman que no los moviliza ánimo político sino evidencia ya colectada. La ley de Inteligencia tiene una sección cuyo fin es proteger los derechos y garantías de los habitantes de la Nación para que nadie pueda meterse con ellos porque sí. Lo que cerca de los fiscales dicen tener acopiado es material que indica la violación del artículo 2 en su inciso 4 de esa ley. Ese apartado cuestiona "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción". El funcionario que realice actividades prohibidas por la ley de Inteligencia puede ser sancionado con penas de tres a diez años de prisión.

Lo que hay de parte del gobierno provincial es la negación de una crisis mayúscula. La creencia de que afirmarlo implica un registro partidista es una nueva negación. En el Ministerio de Seguridad actual hay un déficit de conducción porque al ministro le montaron un boicot percibido en el propio gobierno, en la policía y en las fiscalías. En el marco de una escalada de atentados a comercios y a personas, que dejó en indefensión a ciudadanos santafesinos, ese boicot fue además un acto de cínicos o de psicópatas. Esa refriega entremuros tuvo y tiene un alto costo.

¿Hubo órdenes de bajar los brazos para limar al ministro Lagna? ¿Existieron instrucciones de hacer la plancha o de ir a mirar Netflix para forzar un recambio? Tal vez no pueda probarse, pero lo dicen de adentro. ¿Cómo fue que mientras duró esa interna explicitada e intolerable el gobierno de Perotti no fijó posición ni salió a desactivarla? Una investigación preliminar indica que no hubo nadie en casi 40 minutos para frenar el escape del tirador que atentó contra la parrilla El Establo. Obviamente hay responsabilidad policial. Pero también de los funcionarios políticos que tienen que controlar que haya móviles en la zona.

En este clima el gobernador Perotti convocó a una reunión de acuerdo político amplio el miércoles. Habrá que ver con qué ánimo irán los convidados. Ninguno de ellos sabe si uno de los ministros del mandatario ordenó espiarlos. Es un problema político de primer orden.

También lo es a partir de esta crisis cómo se perfila en general el modelo de persecución penal que se viene. Si se confirma que Sain realizó espionajes ilegales nada podrá eximirlo de responsabilidad. Pero es cierto que hoy celebran muchos de sus enemigos que aducen haber tenido peripecias en Tribunales no por lo que hicieron sino exclusivamente por la persecución del ex ministro. En ese caso podrán presentarse por fin a la Justicia con la tranquilidad de que todo fue apenas el tejemaneje de una arbitrariedad.

La creación de órganos especiales para perseguir la criminalidad compleja es anterior a la llegada de Sain a la provincia. Comenzó a dibujarse en 2014 con la puesta en marcha del nuevo modelo de enjuiciamiento. Acá empezará seguramente una nueva disputa. Los que buscan un modelo de persecución penal que no vaya más allá de los ladrones de monederos pueden estar celebrando. Algunos son los mismos que votaron por unanimidad dejar en manos de legisladores la potestad de investigar a los fiscales cuando dos de estos hurgaban en denuncias por enriquecimiento ilícito de cinco senadores. O los mismos que sin ninguna explicación impulsaron y nombraron a un ignoto sin recorrido para que fuera fiscal regional de Rosario, que luego fue echado por cobrar sobornos de una organización criminal.

Es por estas cosas que la institucionalidad de Santa Fe está lastimada y no solo por el espionaje ilegal presunto. Pero esto último no es ninguna insignificancia. Mucho más cuando la crisis de seguridad en Rosario requiere de enorme esfuerzo para conjurar una violencia urbana que no ofrece pausa. Difícil pronunciarse sin ver la evidencia si los fiscales deciden acusar.

Hace una semana uno de los redactores que registró para este diario la balacera contra la parrilla contaba que hay en este tiempo una sensación repetida: no poder creer lo que escribimos mientras lo hacemos una y otra vez. Vuelve el texto al lugar del inicio. Siete días atrás le pegaron cuatro balazos a un restaurante colmado en un fin de semana largo. Que reventaron vidrios e hirieron a un trabajador en ese hecho no es una operación ni una cuestión interpretativa. Mientras acribillaban a El establo había funcionarios de primera línea del Ministerio de Seguridad jugando a guerritas palaciegas. Y recién ahora el gobierno anuncia que descomprimió esa interna al aceptar las denuncias de un grupo de altos funcionarios. Si la policía está descontrolada, ¿quién debería controlarla? La negación es una crisis mayúscula. No es que se produce un recambio que oxigena la gestión. Potente y lacónica, la impresión es que después de dos años se empieza de nuevo.∏