La nueva Carta Magna de Santa Fe implica modificaciones que pueden traer beneficios por décadas, pero se encienden alertas en un contexto complejo. Los intereses en juego
Por Facundo Borrego
Foto: Virginia Benedetto / La Capital.
El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que el ofrecimiento salarial será semestral
“Ojo que movés mal una pieza y desacomodás todo por 60 años. Hay que tener cuidado”. La frase sale de un convencional electo que ya empezó a sumergirse en el detalle del proceso y empieza a dimensionar en su cuerpo la responsabilidad de la reforma constitucional.
Un texto marcado a piedra, como el que en julio próximo se comenzará a tallar, puede lograr mejoras sustanciales para la sociedad en materia de derechos y garantías en términos de largo plazo, pero también debe estar atento a los perjuicios coyunturales y futuros.
Más aún cuando es una reforma histórica en un contexto económico, productivo y social que no es simple de manejar, con una economía nacional estancada que no crece y un horizonte resbaloso e incierto que no escapa a los cambios estructurales.
De hecho, el presidente Javier Milei trata de trasladar cada vez más responsabilidades -sobre todo tributarias- a las provincias, como con el IVA. El cuento de la motosierra y el Estado pequeño continúa. Todo en medio de una recaudación más baja y coparticipación federal en caída.
Santa Fe no escapa a eso y prepara un proyecto de ley para contar con la autorización para un préstamo por 1.000 millones de dólares con el objetivo de sostener su programa de obras públicas.
De ese modo, el gobierno provincial decide endeudarse para no afectar sus inversiones en infraestructura frente a la retracción de fondos federales. ¿Y la coparticipación a municipios y comunas? Todos ingredientes al contexto.
Además de las circunstancias particulares en las que se deberá sesionar, la política empieza a chocarse con la presión e intereses de agentes económicos que no quieren cruzarse con un cisne negro en el texto o, al revés, quieren impulsar un lobby por temas que le interesan y ven una oportunidad única.
Todos están de acuerdo en que una Constitución de 62 años no puede seguir rigiendo tal como está, pero las inquietudes empiezan a asomar a dos meses de la Convención. Por ejemplo, en la cuestión impositiva y de recursos.
Empresarios locales, desde industriales a actividad de servicios, se empezaron a reunir para unificar posiciones contrarias a la eventual creación de impuestos y advierten sobre el riesgo de aumentar la presión fiscal o que haya doble imposición en un contexto económico ya delicado, sin crecimiento y con el empleo en alerta.
Eso no escapa a la habitual y clásica oposición al cuco impositivo que el empresariado local despliega, pero al existir posibilidad de rango constitucional directamente ponen el grito en el cielo.
Esas inquietudes se dan en el marco de uno de los mayores temas que tiene legitimidad en la reforma: la autonomía municipal.
“Todo muy lindo el proyecto de autonomía, pero hay que pensarlo bien. Todo eso necesita recursos porque se iría a una autonomía tributaria. No corresponde que caiga todo en el sector privado”, explica un convencional de extracto empresarial.
En cuanto a la ventana que ven algunos agentes económicos en la reforma, se destaca la del sector agroindustrial, puntualmente agroexportadoras que tienen una propuesta de esencialidad del acceso a los puertos. Frente a cualquier conflicto laboral, las terminales portuarias no podrían bloquearse.
Es decir, se busca evitar que se corte el ingreso y egreso de camiones con mercadería y, por ende, que se perjudique la exportación de granos y subproductos que significan oxígeno para la economía nacional. Se podrían manifestar como huelga, pero sin bloqueo. Esto traerá cola con los gremios, pero también se busca respaldo en el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
En esa línea de adelantarse a los impactos que puedan tener las decisiones que se establezcan en la nueva Constitución surge el debate por la cláusula de "intransferibilidad" de la Caja de Jubilaciones. El socialismo empuñó y trabajó por dejar asentado ese punto en la ley de necesidad, pero hay sectores en Unidos y en la oposición que miran de reojo.
Si ya se instaló en la ley de necesidad se supone que no se cambiaría, también desde la lectura política. El socialismo aceptará algunas cuestiones con las que no concuerda en el fondo, pero quiere llevarse esa batalla. “Creo que es tarde para patalear. Fueron parte de las negociaciones de la reforma y no ponerlas podría ser tomando como traición”, reflexionan en Unidos.
En rigor, la reforma no se hace en cualquier escenario. El peso de definir modificaciones por décadas empieza a asomar y hace preguntar también la calidad e intereses de algunos convencionales. Los eslóganes sirven en términos de comunicación política, pero ahora se empiezan a mover los pingos en la cancha.
Por Facundo Borrego
