El clima político en el tramo final de la campaña electoral en Ecuador se vio conmocionado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cabeza de fórmula del centrista Movimiento Construye, quien se ubicaba segundo en intención de voto con vistas a la primera vuelta de las próximas elecciones del 20 de agosto. Esta semana se sumó la muerte del candidato Pedro Briones de la fuerza Revolución Ciudadana. Caso que se suma a una larga lista de amenazas, ataques armados y decenas de asesinatos a dirigentes políticos de proyección regional y nacional.
Este hecho inédito en la historia ecuatoriana da cuenta del creciente deterioro de la situación de inseguridad extrema en el país andino, la cual ahora repercute directamente en la clase política.
El contexto alrededor de este magnicidio está caracterizado por la inestabilidad política y social que ha predominado sobre todo durante los dos últimos años del gobierno del presidente saliente, Guillermo Lasso, cuya gestión estuvo marcada por una fuerte impronta neoliberal en lo económico y fuertes protestas sociales que pusieron en jaque su mandato. Su debilidad política se vio confirmada tras las elecciones municipales y regionales de febrero, en las cuales no sólo se verificó la recuperación política del correísmo representado en el partido Revolución Ciudadana, sino que también dieron por tierra con su proyecto de reforma constitucional. Asediado por denuncias de corrupción y asociación con el crimen organizado trasnacional que involucraban a su entorno inmediato político y familiar, Lasso debió recurrir a la disolución del Parlamento y al adelantamiento de las elecciones (la llamada “muerte cruzada”) para sobrevivir a una casi segura destitución tras un procedimiento de juicio político.
El escenario pre-electoral surgido del llamado a elecciones anticipadas, que completarán el mandato que Lasso deja trunco hasta 2025, muestra al correísmo fortalecido y encolumnado detrás de la figura de Luisa González, quien se referencia públicamente en la figura del ex presidente Rafael Correa, encabezando los sondeos con cifras que superan el 25 por ciento de intención de voto. Del otro lado se halla un anti correísmo dividido en diversas vertientes, ninguna de las cuales supera el 15 por ciento, pero de las que Villavicencio era una de las figuras centrales, en gran parte debido a su programa electoral centrado en el combate a la corrupción estatal, a la inseguridad y a la penetración de las bandas organizadas en el seno de la sociedad y del Estado. No casualmente días antes de su asesinato, el propio Villavicencio había denunciado amenazas contra su vida de parte de grupos mafiosos.
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En este sentido, la inseguridad se ha constituido en la mayor preocupación de la sociedad ecuatoriana, apareciendo como eje central en los programas políticos en pugna. La crisis carcelaria desatada a principios de 2021 y que dejó hasta abril de este año 450 reclusos muertos, tuvo su correlato en las calles, reflejado en el aumento histórico de la tasa de homicidios (25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes), superando índices de países como Brasil o México. Este fenómeno tiene varios orígenes, que van desde el desmantelamiento de los organismos de seguridad por parte de la Administración Lasso -proceso iniciado años antes por su antecesor, Lenin Moreno- hasta la inserción de carteles internacionales del narcotráfico, principalmente mexicanos o albaneses, interesados en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La asociación de grupos delictivos locales con cárteles internacionales y la disputa por la plaza ecuatoriana para el tráfico internacional de cocaína son factores que explican la violencia dentro y fuera de las cárceles y que, con el asesinato a finales de julio del intendente de Manta, Agustín Intriago, y ahora con el de Villavicencio, parecen abrir la puerta a un escenario de violencia política que recuerda al escenario colombiano durante los años ´90.
El interrogante que subyace es cómo se verán afectadas las candidaturas de cara a los comicios. Algunos análisis apuntan a un mayor énfasis del discurso securitario que podrían beneficiar a candidatos “duros” como el Jan Topic, con un pasado militar, o el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, pudiendo favorecer incluso a la reemplazante del candidato asesinado en la fórmula presidencial, Andrea González Nader. Por su parte, Luisa González se recostará en los logros obtenidos bajo la Administración Correa en la lucha contra la delincuencia organizada para no perder el impulso político, de cara a una eventual segunda vuelta en octubre. Pero el asesinato de Villavicencio se impone como un alerta que condicionará el escenario inmediato y que marca urgencias que trascenderán este tiempo político.
(*) Emilio Ordóñez es investigador en el Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI) de Rosario. Analista internacional en el portal Fundamentar.com y columnista radial (@eordon73)
