En medio de un miércoles signado por las protestas de empleados estatales, la Casa Rosada confirmó que 15 mil contratos fueron dados de baja en la administración pública, una cantidad mayor a la calculada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lanzó un nuevo paro general este viernes. Al respecto, el gobierno nacional aseguró que se trata de “personal que no es necesario”. Mientras el presidente Javier Milei avanza con el plan motosierra, la conflictividad con los gremios aumenta.
En su habitual conferencia de prensa en Balcarce 50, el vocero presidencial, Manuel Adorni, enfatizó: “El número final de contratos que no se han renovado ronda los 15 mil, como parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado”.
Y, de cara a las protestas de los estatales en distintos puntos del país (incluso en Rosario), lanzó una amenaza a los trabajadores. “Todo el que esté cometiendo algún acto fuera de la ley tendrá sus consecuencias”, desafió.
El propio Milei había sido el primero en alertar que no iba a “dejar pasar” la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni.
Foto: Archivo / La Capital.
Las principales dependencias del Estado amanecieron en medio de un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad para impedir que los miles de despedidos ocuparan sus puestos de trabajo.
En ese marco, en las cuentas de ATE Conicet _Capital Federal_ en las redes sociales publicaron videos en los que denunciaron el desmedido despliegue policial tendiente a amedrentar a los trabajadores del Polo Científico y obligándolos a formar una fila para que cada uno pudiera corroborar si había sido despedido o no.
En ATE también reportaron la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad dentro de los edificios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Cancillería y los exministerios de Educación, Trabajo y Ciencia y Tecnología.
Durante la mañana hubo protestas también en el exInstituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi) y en la Secretaría de Trabajo.
Luego de forcejear con las fuerzas de seguridad, trabajadores estatales ingresaron al edificio del Inadi, mientras que en la Secretaría de Trabajo hubo retención de tareas por empleados cesanteados y una protesta llevada adelante por ATE.
El operativo de seguridad que se montó en las inmediaciones de esa sede intentó frenar sin éxito a los trabajadores que ingresaron al organismo, traspasando los molinetes.
Parte del personal declaró que notificaron “casi 40 despidos” y que la policía, que estaba presente en el lugar, “tenía orden de reprimir”.
Muchos de los trabajadores se enteraron de su desvinculación en el mismo momento y otros recibieron, mediante correo electrónico institucional, la comunicación de la cesantía de sus contratos.
Uno de los testimonios que se viralizó fue el de una mujer, empleada del exInadi, que había ingresado a trabajar en 2008 y que le faltaban meses para jubilarse.
“En mi legajo tengo los agradecimientos de todas las personas que beneficié con mis gestiones. Me quedo sin ingresos hasta que salga la jubilación”, expresó la mujer.
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Por su parte, los trabajadores del exMinisterio de Trabajo, que actualmente es una de las secretarías que dependen de la cartera de Capital Humano, decidieron realizar una protesta con retención de tareas por 14 contratados a los que desvincularon sin motivo.
Lo que vendrá
A su turno, Aguiar confirmó la realización de un nuevo paro general este viernes, en el marco de un plan de lucha contra los despidos en el sector que dispuso el gobierno.
“Recibimos miles y miles de telegramas de despidos, en todos los casos ilegales y arbitrarios: son más de 11 mil fehacientemente comunicados en todo el país”, sostuvo el dirigente sindical.
Aguiar resaltó que las ocupaciones pacíficas en ministerios y organismos públicos se dieron “a pesar de que el gobierno decidió llenar de policías todas las dependencias públicas” y se quejó: “Para lo único que hay plata es para reprimir”.
“El ñoqui más caro que tiene el Estado es alguien asumió el 10 de diciembre de 2023 y se pasa el 80 por ciento de su jornada laboral jugando en las redes sociales”, lanzó, en alusión al presidente.
