El alegato que Cristina Kirchner tuvo que plantear por las redes sociales frente al impedimento de los magistrados, que no le permitieron hacerlo dentro de la causa judicial, abrió un nuevo capítulo del conflicto político central de la Argentina: la vocación de la derecha ideológica y el sector político, mediático y judicial que la sustenta por desterrar para siempre la experiencia del peronismo, en general, y del kirchnerismo en particular. Pero esa obsesión por eliminar el legado de Perón y Evita encuentra un escollo insalvable: la persistencia de Cristina y su liderazgo.
Tal vez por eso, en su fugaz y no programada aparición por un balcón del Senado nacional sobre la calle Hipólito Yrigoyen, para saludar a unos millares de militantes que le hacían el aguante en ese momento, Cristina arengó a pura sonrisa, agradeció, dio saltitos como una hincha de fútbol alentando desde la tribuna popular y pidió a la multitud que cantara la Marcha Peronista. No es la suerte de su propio personaje la que está en peligro, es el legado de un modo de organización social, económica y política que distingue a la Argentina _con altos y bajos_ del resto de América latina, y desde 1946.
Derechos laborales, educación pública universitaria, gratuita, masiva y de excelencia y, entre otros, derechos jubilatorios, son algunos ejemplos de “excepcionalidades” de la Argentina que ya no son toleradas.
La persecución vía causas judiciales armadas contra los dirigentes del peronismo en la actualidad son parte, al cabo, de una tradición en la corta vida nacional: Manuel Dorrego, Hipólito Yrigoyen y Juan Perón. Y la persecución ideológica a las izquierdas de la década del 70. Todas integran una misma saga, hoy es el tiempo de Cristina.
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El avance del juicio a la vicepresidenta, y la casi segura condena que se le viene, empezó a despertar en las calles un nivel de resistencia que podría alterar la paz social en la Argentina durante los próximos meses. Si fuera, sobre todo, que se concreta la determinación de los magistrados de la causa Vialidad de inhabilitarla para ocupar cargos públicos de por vida.
El juego a fondo que despliega el conglomerado político, mediático y judicial para encarcelar a Cristina y sacarla de la política parte de una hipótesis dudosa, incluso para los propios interesados de que eso ocurra. Si la resistencia callejera crece, y toma otras dimensiones en un tiempo cercano, y a la vez cosecha creciente apoyo en el ecosistema del peronismo, ¿podría ocurrir que el remedio (encarcelar a Cristina) sea peor que la enfermedad (que siga actuando como hasta ahora, sin apremios judiciales)?
La estrategia del lawfare que diseñó y aplicó Estados Unidos para perseguir a líderes de izquierda y nacionales populares de Latinoamérica que lograron llegar al poder por el voto popular tuvo sus éxitos transitorios, aunque también sus fracasos. Es el caso de Brasil, donde el encarcelado (por presunta corrupción, luego desmentida) Lula, a 40 días de las elecciones presidenciales en el gigante del sur, acaricia un nuevo triunfo que podría depositarlo en su tercer mandato.
Escenario
El gran debate que parecía se comía toda la realidad nacional, hace apenas unos meses, respecto de las diferencias expuestas entre Alberto Fernández y Cristina, ahora luce como un dato del pasado lejano. Incluso, el propio presidente se expresó en el sentido que lo hace CFK: “No hay pruebas y es una persecución política”. Intendentes, gobernadores, legisladores de todos los rincones del país, dirigentes políticos del propio espacio, e incluso, alguno impensado como Miguel Pichetto, también se manifestaron a favor de Cristina y contra la persecución judicial.
Un líder político puede quedar superado por la historia y en el olvido. Serían las condiciones políticas mínimas que necesita la operación contra Cristina. El problema, y más allá de los tecnicismos legales, es que CFK no califica como superada por la historia ni como olvidada por sus seguidores.
En redes
Durante su descargo virtual, CFK afirmó que “nada, absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola al pedir doce años de cárcel en la causa obra pública) fue probado”. Y desafió al tribunal que la juzga: “Me van a estigmatizar y por eso me van a condenar”.
En una exposición que transmitió en vivo desde su despacho del Senado por la red social YouTube, Cristina reiteró que en el juicio por la obra pública de Santa Cruz (entre 2003 y 2015) “la sentencia ya está escrita” e, incluso, señaló que los fiscales protegen al poder aun cuando para ello debieran eludir una investigación que apuntara a su propio difunto marido, Néstor Kirchner.
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Más tarde, la vice difundió en redes sociales mensajes sobre supuestos pedidos de pagos al Instituto de Viviendas de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) entre el ex secretario de Obras Públicas nacional José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del ex mandatario Mauricio Macri. Y amplió las citas que había realizado durante su alocución a través de YouTube.
