Diputados le dio media sanción al acceso a la información pública

La Cámara baja santafesina otorgó media sanción el jueves pasado a un proyecto de ley que prescribe el libre acceso a la vista e información de los actos de gobierno de los tres poderes, entes descentralizados y entidades autárquicas del Estado provincial.

El nuevo texto legal (la sexta iniciativa que aprueban los diputados sin que las anteriores pudieran obtener sanción definitiva en el Senado) se originó en un despacho consensuado entre un proyecto del diputado provincial del PDP Gabriel Real y un mensaje del Ejecutivo, que argumentó en el recinto la socialista Clara García.

"Santa Fe tuvo desde 2002 diversos intentos que no llegaron a convertirse en ley para consagrar este instituto de acceso a la información pública, que fue instaurado por decreto en 2009 por el ex gobernador Hermes Binner, quien se autoimpuso la obligación de brindar información en la órbita del Ejecutivo", contó a La Capital la diputada.

García recordó que en 2012 el gobernador Miguel Lifschitz, siendo senador provincial, insistió con un proyecto que no prosperó y que, a comienzos de 2016 y ya en el Ejecutivo, "volvió a presentar una iniciativa que se sumó al proyecto de Real, que es lo votado en Diputados".

El texto impone el principio de información activa por el cual el Estado, en sus tres poderes, mediante la utilización de los medios virtuales y la tecnología, deberá publicar la información relacionada con el presupuesto, las licitaciones, las rendiciones de cuenta, el personal afectado, las obras públicas y todas las leyes y normas dictadas para que el ciudadano pueda ejercer el derecho de control de los actos de gobierno.

Además, la norma garantiza el acceso a la información pública en forma gratuita, sin necesidad de intermediaciones profesionales, gestorías ni pertenencia a una asociación u ONG. Y se elimina el requisito del interés legítimo.

Sobre el espíritu del proyecto, García comentó que "se basa en el principio republicano por el cual los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben brindar información, además de los entes autárquicos y las empresas públicas".

"Estamos en un momento colectivo muy propicio porque venimos viendo lo negativo de no haber accedido a la gestión pública, cuestión que está estrechamente vinculada con la transparencia o la corrupción", consignó la legisladora.