“Fabuloso”. Hasta el adjetivo elegido por la diputada provincial Amalia Granata parecía darles la razón a no pocos de sus pares que descreían que se propusiera en serio reinstaurar el servicio militar obligatorio para jóvenes santafesinos que no trabajan ni estudian. Al fin y al cabo, dada su aquilatada experiencia mediática, sabe convertir en noticia, polémica y hasta en títulos nacionales cuestiones insignificantes como que el presidente de la Cámara que integra le responda siempre con presteza sus mensajes telefónicos.
Desde que la también columnista de actualidad de los sábados en Radio Mitre trazara, durante una entrevista televisiva, un parangón entre la guerra que Israel libra con países árabes y la inseguridad que provocan los narcotraficantes en Rosario, hizo pleno en el rubro de la polémica.
Y si ese fue el objetivo de la mediática legisladora, resultó asertiva de modo extraordinario: desde el ex líder carapintada Aldo Rico hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sin obviar al gobierno nacional y notorios políticos de la oposición, salieron a contestarle. Y el nombre de Granata fue escalando en las noticias de actualidad de esta semana.
Tanto así que, hasta las 16.18 de ayer, bastaba poner el apellido de la diputada del bloque Somos Vida y servicio militar en un motor de búsqueda en internet para que aparecieran centenares de referencias.
Un argumento para quienes estaban todavía convencidos de que se trataba de otra de las habilidosas estratagemas de la diputada para mantenerse vigente en las noticias.
Sin embargo, Granata volvió a sorprender con un tuit en su cuenta personal: “Presenté en la Cámara de Diputados el proyecto de ley mediante el cual propongo la creación del Servicio Cívico Obligatorio de Santa Fe, dirigido a los jóvenes domiciliados o residentes en la provincia”.
Previamente, cuando se dedicó a exprimir el tema en diarios, radios y ante las cámaras, se declaró convencida de que la medida “encaminaría la conducta de los jóvenes en el país”.
“Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso. Es necesario pensarlo como la formación de una conducta para que los jóvenes se levanten a las 6, estudien, hagan ejercicios y les enseñen un oficio. Ahora tenemos cada vez más pobreza y chicos en la calle”, dijo al instalar el tema.
Argumentó que en Israel hacen servicio miliar obligatorio varones y mujeres y, cuando le advirtieron que se trata de en país que vive en guerra, Granata otorgó a su respuesta una proporción increíble: “Vení a Rosario, que hay guerra narco. Cada vez está peor. Hay balaceras y mueren personas todos los días. No hace falta ir a Ucrania para ver una guerra”.
Ella misma difundió en las redes el proyecto que ingresó en Diputados, en el que no habla de servicio militar (derogado por haber sido fuente de toda clase de abusos, torturas y muertes de sus jóvenes conscriptos) sino de “Servicio Cívico Obligatorio”.
Según la iniciativa, serán “obligados todos aquellos jóvenes, sin distinción de sexo y/o género, de entre 18 y 20 años, que: a) durante esa franja etaria tuvieran domicilio o residencia permanente en el territorio provincial; b) no acrediten alguna de las siguientes circunstancias alternativamente: estar cursando estudios superiores, universitarios y/o terciarios o poseer trabajo que procure el sustento propio. Si habiendo cumplido los 18 años, el o la joven se encontrare cursando el nivel secundario de estudios, ingresará en el Servicio Cívico Obligatorio una vez finalizado el ciclo lectivo correspondiente”.
Dispone que sea el Ministerio de Gobierno el que lo implemente y, para ello, celebre convenios con su par de Defensa nacional para que le ceda instalaciones de las Fuerzas Armadas, Prefectura, Policía Federal, Gendarmería y Policía Aeroportuaria para que allí, y durante doce meses, se confine a quienes se le imponga la obligatoriedad del servicio que estará, dice, a cargo de equipos interdisciplinarios.
¿Qué ocurrirá con los desertores? “Serán pasibles de las siguientes sanciones: a) multa o sanción pecuniaria, la que será establecida por la autoridad de aplicación y apreciada en módulos tributarios; b) Imposibilidad de acceso a cargos electivos comunales, municipales y/o provinciales; c) prohibición de presentación a concursos y/o designación en cargos públicos de comunas, municipios y/o del Estado provincial, en cualquiera de sus reparticiones, ministerios y poderes; d) pérdida de beneficios fiscales y/o asignaciones económicas del Estado provincial. En los casos de los incisos b) y c), la sanción caducará a los cinco años de haber cesado la obligación; y en el supuesto del inciso d), a los diez años desde entonces”, sentencia el proyecto, de suerte incierta a la hora del tratamiento legislativo.
