Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
El fiscal santafesino Ezequiel Hernández defendió la competencia del caso.
Los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg formalizaron ayer un pedido de audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa por espionaje ilegal, en la que el martes pasado fueron imputados el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain y siete de sus otrora colaboradores en el área.
El planteo de los fiscales fue realizado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), motivo por el cual el próximo paso consistirá en la discusión, en una audiencia oral y pública —con fecha a definir a la brevedad—, de la evidencia recolectada. Si bien no hubo confirmación respecto de si solicitarán prisión preventiva, la medida tampoco quedó descartada.
Hernández y Grimberg le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita “permanente, estable y organizada”, que fue conformada por funcionarios de la cartera de Seguridad provincial y el Organismo de Investigaciones (perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, MPA), los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. También por sustracción de fondos reservados, peculado y torturas, transgresiones de peso significativo, según enfatizó ayer parte de las querellas del caso.
La asociación ilícita es el delito más grave de los imputados a Sain y sus colaboradores (de cinco a más de diez años de prisión para jefes y organizadores) y, como consecuencia de la cantidad de transgresiones endilgadas por los fiscales, podría corresponder el máximo de pena.
Lo que los fiscales le atribuyen al grupo acusado en conjunto es el diseño, la puesta en funcionamiento y el sostenimiento de un sistema para cometer y permitir delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados.
También argumentaron que esa agrupación ilegal funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021. Y que era una organización de estructura piramidal, encabezada por Sain, como jefe, seguido por la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, como organizadora en Seguridad, y la otrora directora de Inteligencia del OI Débora Cotichini, también como organizadora.
El ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el otrora subsecretario de Control Diego Rodríguez, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez y las empleadas Milagros Bernard y Agustina Moulins fueron imputados en carácter de miembros.
Por su parte, los abogados Hernán Martínez (defensor de Sain) y Juan Lewis (patrocinante de otros cinco imputados) ratificaron planteos sobre la competencia del caso. Consideran que el espionaje ilícito debe ser investigado por la Justicia federal.
Esa estrategia había sido retrucada por el propio fiscal Hernández durante la conferencia de prensa posterior a la audiencia imputativa, cuando sostuvo que la competencia federal es “excepcional”.
Lewis, defensor de Schujman, insistió en que “los hechos imputados no satisfacen lo que dice el Código Penal” y aseguró que los fiscales “encuadraron las conductas (de los acusados) de modo poco preciso”.
En esa línea, el letrado consideró que las imputaciones lucen “una vaguedad extraordinaria y, en algunos casos, no dicen por qué persona, en qué momento, en qué lugar ni de qué manera se estaría dando la ilicitud”.
A su turno, Martínez, abogado de Sain (quien notificó que estará fuera del país entre el 8 y el 30 de diciembre próximos), señaló que “puede haber un reproche administrativo, pero no en la órbita de lo Penal”. Y sentenció, en clave política: “Hay una clara intención de perjudicar al gobierno de Omar Perotti”.
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