Un panadero de 41 años iba a ser condenado en un juicio abreviado por matar a un joven que lo había asaltado. La pena de cuatro años de prisión efectiva se había acordado entre fiscalía y defensa, que encasillaron el hecho en un "homicidio con exceso de la legítima defensa". Pero el juez que debía homologar el acuerdo entendió que, en base a las pruebas recolectadas, el acusado debía ser absuelto por el beneficio de la duda más allá de haberlo sentenciado a una pena condicional por otros dos delitos que también formaban parte del acuerdo: portación de arma y homicidio culposo por un siniestro de tránsito no relacionado con el otro hecho.
No obstante, hace unos días la Cámara Penal revocó ese fallo al entender que el magistrado de primera instancia no tenía facultades para modificar el acuerdo de partes y ordenó que la causa sea revisada en una nueva audiencia. Pero horas antes la defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad por el fallo de Cámara, que ahora deberá resolver si lo admite o no.
Leandro Rivero llegó a juicio por dos hechos. El primero ocurrió el 6 de diciembre de 2014 en Génova al 6900 donde el acusado cargaba mercadería en un utilitario estacionado en la puerta de su panadería. Eran las 6.30 cuando tres jóvenes se le acercaron con armas de fuego y lo obligaron a entregar el dinero que llevaba.
Consumado el robo, Rivero también tomó un arma e hizo disparos, algunos al aire, otros más direccionados. Uno impactó en el pecho de Mauro Daniel Fernández, que cayó herido en la esquina del local.
Tras ello el mismo panadero lo cargó en su camioneta y salió a buscar ayuda. A unas diez cuadras, Rivero se cruzó con una ambulancia que le brindó asistencia al joven, aunque llegó muerto al hospital.
Accidente fatal
El otro hecho que protagonizó Rivero no tiene relación con el primero. Fue el 9 de septiembre de 2016, cuando el panadero chocó una moto con su utilitario cuando circulaba por Circunvalación y murió Juan Cibotto, de 21 años.
Por ambos episodios, el 9 de octubre de 2017 se celebró una audiencia para firmar un juicio abreviado. Los fiscales Florentino Malaponte y Valeria Piazza Iglesias, y el imputado, representado por el defensor particular Juan Ubiedo, habían acordado una pena de 4 años de prisión efectiva y 5 años de inhabilitación para conducir por tres delitos: homicidio con exceso de la legítima defensa, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil (por el primer hecho) y homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un automotor.
Beneficio de la duda
Pero al momento de homologar el acuerdo, el juez de primera instancia Juan Carlos Curto entendió que, por el beneficio de la duda, el homicidio con exceso de la legítima defensa no podía atribuirse a Rivero. Así, modificó el acuerdo y condenó al acusado a 3 años de prisión condicional por la portación del arma de uso civil y el homicidio culposo en accidente de tránsito.
La Fiscalía apeló la resolución de Curto al entender que el juez se había "apartado del acuerdo" cuando "el Código no le permite esa intervención": fallar por fuera de lo que se había acordado entre las partes. Así, el pasado 3 de abril se realizó ante la Cámara Penal una audiencia para que las partes expusieran sus argumentos.
Finalmente el 28 de mayo los jueces Daniel Acosta, Carlos Carbone y Gabriela Sansó revocaron la resolución y ordenaron que la sentencia volviera a primera instancia para que se firmara un nuevo acuerdo. La decisión no fue unánime: Sansó entendió que Curto tenía potestad para modificar el convenio porque su deber es confrontarlo con el orden jurídico. Es decir: determinar si el juicio abreviado se ajusta o no a derecho.
La causa volvió a primera instancia e iba a tratarse en una audiencia que presidiría el juez Juan Andrés Donnola. Pero horas antes el abogado Juan Ubiedo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de Cámara al entender que al quitarle validez al primer fallo se atentaba contra los derechos y garantías constitucionales de su defendido.
Lo que el letrado puso en crisis es el rol que debe ejercer un juez al homologar un acuerdo entre partes como un juicio abreviado: a su entender, y en concordancia con lo que ya había planteado Sansó con su voto en disidencia, su función no es la de un simple escribano que debe dar fe del acuerdo entre las partes sino controlar la legalidad de dicho acuerdo.
Por eso consideró correcto que, pese a lo acordado previamente entre la Fiscalía y la defensa, es válido que Curto haya resuelto absolver a Rivero en uno de los delitos por el beneficio de la duda. Ahora será la Cámara de Apleación en lo Penal la que deberá resolver si admite o no el recurso.
