Pablo Peralta, condenado por actuar como un tiratiros a sueldo que hace nueve años baleó a personas ligadas al negocio farmacéutico, denunció que personal penitenciario de la cárcel de Coronda lo sometió a apremios ilegales el jueves pasado, cuando fue a retirar un bolsón con mercadería que le había acercado su familia y el personal de vigilancia lo agredió con “golpes de puño, empujones, lo roció con gas pimienta y lo arrastró por todo el penal sujetándolo de los brazos”. Así consta en la denuncia que presentó el abogado defensor Gustavo Feldman, quien catalogó el hecho como “de altísima gravedad, tanto desde el punto de vista criminal como institucional” y planteó que desde el traslado de su cliente a Coronda, un mes atrás, “ha padecido una suerte de vendetta” por denunciar violaciones a los derechos humanos y negocios intramuros.
Peralta fue condenado a prisión perpetua en mayo de 2017 tras un juicio oral por una saga de ataques a comerciantes del rubro farmacéutico que incluyó las amenazas a un médico, el crimen de un policía y el intento de homicidio de un abogado penalista. Por actuar como su cómplice fue condenado a la misma pena Hernán Matías Núñez, a quien la Cámara Penal luego le rebajó la condena a 17 años al entender que la decisión de matar al policía había sido asumida por Peralta.
Según la investigación judicial los ataques que se registraron entre los años 2013 y 2014 habían sido ordenados por los empresarios José Antonio Iborra, quien falleció en 2016, y su hijo Juan Pablo, quien pactó en un juicio abreviado una condena a 6 años y 8 meses de prisión domiciliaria como instigador de los hechos cometidos por Peralta y Núñez. Los Iborra eran dueños de cuatro farmacias que controlaban a través de titulares matriculados y fueron detenidos por ordenar intimidaciones a otros comerciantes del rubro para que no abrieran locales cercanos a los suyos.
>>Leer más: Perpetua para dos sicarios que actuaron al servicio de empresarios farmacéuticos
El primer ataque de la saga fue contra el abogado penalista Alberto Tortajada, quien intervenía en un litigio contra los Iborra, y ocurrió el 7 de septiembre de 2012 en el palier del edificio de Montevideo 2016 donde el letrado tenía su estudio jurídico. Luego de contactarlo como supuesto cliente Peralta le efectuó un disparo calibre 22 en la espalda y otro en un brazo. El abogado se salvó porque al agresor se le trabó el arma.
Otro hecho fue el 5 de febrero de 2013 en una clínica de 3 de Febrero 1045 donde atendía el médico Omar Ulloa, dueño de la cadena FarmaVip. Dos hombres que se presentaron con una planta como regalo lo atacaron a golpes, le robaron dos celulares y lo amenazaron. Al salir se toparon con el policía Carlos Dolce, quien custodiaba la cuadra vestido de civil y al intentar detener a los ladrones fue apuñalado y baleado. A Peralta y Núñez además los condenaron por otras dos intimidaciones ligadas al rubro farmacéutico.
En mayo Peralta fue trasladado a la cárcel de Coronda. Según denunció el abogado Gustavo Feldman ante el fiscal regional santafesino, Carlos Arietti, y ante el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, el jueves fue golpeado por penitenciarios y miembros del grupo operativo GORO, en un hecho que encuadró como una posible tentativa de homicidio, apremios ilegales o tortura. Planteó que el jueves Peralta fue a retirar una encomienda con alimentos y elementos de higiene y “personal de vigilancia comenzó a agredirlo intempestivamente” en un hecho que “no resulta casual ni sorpresivo puesto que Peralta ha denunciado en reiteradas ocasiones” episodios de maltrato. En una audiencia de hace dos semanas, según indicó, expuso ante una jueza “negocios ilegales como el tráfico de celulares” dentro del penal.
>>Leer más: Rebajan pena a sicario que actuó por orden de empresarios farmacéuticos
En una estadía anterior en esa cárcel —luego fue trasladado a Piñero y de allí regresó hace un mes a Coronda—, sufrió “una suerte de vendetta por los años pasados y actuales donde expuso las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de las cárceles provinciales”. Según su abogado, desde su ingreso fue mantenido contra su voluntad en buzones de resguardo donde duerme sobre una chapa, sin agua caliente, le proveen comida cruda aunque no tiene cocina y “ha llegado a estar 62 días sin que se le permita higienizarse”, situación que remedió con un hábeas corpus.
Estas condiciones, que según la denuncia subsisten en la actualidad, "impactan en el estado de salud de Peralta", quien padece la enfermedad de lupus eritematoso en estado avanzado, agravado por el encierro, y además es hipertenso. “El estado de salud del Peralta se encuentra en un punto de deterioro preocupante, al punto tal de haber requerido una audiencia pública para tratar su arresto domiciliario”, planteó Feldman. En ese pedido ante el juzgado de Ejecución Penal de Santa Fe el abogado planteó que el cuadro de salud es irreversible y que en la cárcel no recibe un tratamiento adecuado.
El jueves, según indicó el profesional, “se lo retiró de su celda con la excusa de que retire una encomienda que su familia le había acercado para propiciarle una paliza que lo derribó. Personal de vigilancia y del grupo GORO siguió golpeándolo, lo tomó de los brazos y hombros y procedió a arrastrarlo por todo el penal y a aplicarle gas pimienta en la cara”, lo que le causó un estado de ahogo. Al regresar a su celda, “la encomienda estaba mojada y le habían sustraído las zapatillas”.
En este cuadro, el abogado solicitó medidas de investigación, la toma de testimonios y un registro fotográfico del estado de Peralta en los momentos posteriores al hecho para que se impulse una causa penal contra personal penitenciario.
