La falta de agremiación, un hueco que le abre espacio a la rebelión policial

La protesta de la policía bonaerense frente a la Quinta de Olivos, donde apostaron 50 patrulleros, hace lindar esta posición desafiante con un acto de sedición. Es un hecho de presión impertinente porque los reclamos no son materia de intervención del presidente pero, más que nada, por el intolerable reto a la autoridad. Además, con voceros que aspiraban a poner condiciones para el diálogo con el gobierno democrático. Más que un planteo de reclamos, un acto inadmisible de chantaje.

Las acciones de la poderosa bonaerense promovieron algún contagio en otras fuerzas provinciales. En la policía de Santa Fe apareció un eco leve que no tiene chance de comparación por su magnitud ni por su nivel de desafío. Pero hay algunos puntos de conexión que tienen que ver no con las dimensiones de la protesta sino con otros asuntos que merecen atención. El principal es la imposibilidad de los que reclaman de mostrar representatividad. Al no haber organización gremial los pequeños grupos que se manifiestan no hablan más que por si mismos.

Una cosa no menor para provecho de un estado democrático es que una situación de malestar laboral se pueda canalizar en una demanda audible. Los policías son trabajadores estatales y están sometidos a los mismos avatares que otros que también lo son. Pero la condición de fuerza armada de la policía, que es lo que hace distinto a su personal de todos los demás trabajadores, ha revestido siempre los reclamos con un barniz extorsivo. No solamente por estar armados sino porque hacer caer los brazos implica una amenaza de dejar a la sociedad desguarnecida.

Que exista un canal de diálogo parece bueno porque el malestar que no se expresa nunca se sofoca de manera racional. El asunto es quién de parte de la policía puede resultar representativo cuando no hay agremiación. Esto que sí existe en la mayoría de las policías de Europa le aporta al Estado la garantía de que las reivindicaciones laborales de un cuerpo importante de empleados de la administración pueda ser orgánico y no faccioso. Los que rechazan el modelo suelen alegar que los gremios policiales suelen generar espacios de autonomías dentro de la fuerza. Si quien conduce es el poder civil eso debería no ser así.

Hoy en las diferentes policías de Argentina no existe sindicalización por lo que los reclamos siempre estallan de manera informal e imprevisible para el propio Estado. Se vuelve difícil discernir hasta qué punto las exigencias hacen a las condiciones de trabajo o incuban otra cosa. Más cuando en el país y en la región las fuerzas de seguridad fueron el instrumento histórico para desestabilizar gobiernos legítimos o directamente acabar con ellos.

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En Rosario se montó una protesta frente a la Jefatura de Policía que tuvo otros modos y otra intensidad que la de la bonaerense.

En las últimas dos décadas las entidades que aspiraron a ser representativas en Santa Fe fueron cuestionadas por gobiernos de distinto signo por sus modalidades extorsivas. En enero de 2006 el entonces ministro de Gobierno santafesino, Roberto Rosúa, echó de la policía provincial a diez de sus principales miembros, entre ellos Alberto Martínez, ocho meses después de que Apropol impulsara una protesta, en abril de 2005, luego del asesinato del agente Diego Navarro en un supermercado de La Florida, acción que dejó 20 horas sin servicio a Rosario.

En esa ocasión, concentrados en Jefatura donde bloquearon el paso de patrullas, algunos policías del gremio no formal insultaron a la entonces jefa de policía provincial Leyla Perazzo, lo que quedó registrado en tomas de TV. Cuando fueron pasados a disponibilidad con sus camaradas, Martínez dijo del entonces gobernador: “Adonde vaya (Jorge) Obeid lo vamos a seguir. Este es un año electoral y no va a gobernar tranquilo”. A los ocho meses lo expulsaron de la fuerza.

En 2013 el ex gobernador Antonio Bonfatti denunció haber recibido mensajes intimidatorios en su celular que motivaron un allanamiento a la casa del dirigente policial en donde se encontró un teléfono desde el cual se emitieron los textos. Ahora el ministro de Seguridad Marcelo Sain rechaza con énfasis la entidad de estos grupos que ayer mandaron su propio listado de reivindicaciones al gobernador Omar Perotti.

No se analiza así si esos pedidos tienen lógica, que pueden tenerla, pero se desvirtúan por la falta de legitimidad, en mucho en base a su propia historia, de quien los formula. Nadie puede llevar adelante hoy en la policía santafesina reclamos legítimos. Ayer a la mañana en la Jefatura de Unidad Regional II dos abogados, una de ellas hija de un oficial superior retirado, hicieron un planteo mesurado de diálogo con una nómina reivindicativa. Pero de vuelta está el problema de la representatividad.

Un gran dilema porque los policías, como trabajadores estatales, en efecto están expuestos a las mismas vicisitudes que sacuden a los que viven de ingresos fijos, como el deterioro de los ingresos por la inflación, más el aumento de exigencias que impone una coyuntura crítica como la pandemia. Para estos problemas constatables no es nada ilógico que trabajadores, civiles o de uniforme, tengan para lograr su dignidad un ámbito de expresión. Su inexistencia expresa tensiones que en otros rubros aún con virulencia se encauzan institucionalmente, a través de las mesas paritarias, donde se discuten condiciones laborales, de seguridad y remuneraciones. Con eso el Estado absorbe las tensiones propias de la conflictividad del trabajo.

En los países donde hay agremiación policial a los uniformados, que pueden negociar, algo les queda prohibido: cualquier tipo de medida o demostración de fuerza. Es elemental. El Estado no arma a una fuerza con fines de protección de la seguridad interna para que luego esa fuerza utilice eso como ventaja relativa en su provecho. Hacer eso es inadmisible. Tanto en Buenos Aires, donde frente a la residencia presidencial tocaban el bombo con las pistolas en la cintura, como en cualquier distrito donde hubiera expresiones semejantes.

El uniforme y el arma reglamentaria en la manifestación sectorial es un problema institucional mayúsculo. El Estado no los ha cedido para eso y ese exceso exige sanciones. Pero no tener canales de conexión entre una representación unificada de los trabajadores policiales y los gobiernos es un factor cíclico de inestabilidad para la sociedad y el Estado. Algo que le impide al Estado sondear los conflictos antes de que estallen. Es algo que excede a Santa Fe pero también la incluye. Un asunto que demanda ser debatido.