Dos personas fueron imputadas como coautores de una maniobra de defraudación en perjuicio de una empresa de Cañada de Gómez a la cual le sustrajeron casi 9 millones de pesos luego de obtener, mediante un ardid, sus datos de homebanking. Identificados por sus iniciales FCC y AG, el fiscal Franco Miatello los acusó de una maniobra perpetrada en marzo mediante la cual adquirieron una cuantiosa suma de criptomonedas. Por el hecho ya se encontraba imputado un hombre oriundo de Córdoba identificado como GS que había sido detenido en septiembre pasado.
Según la acusación formulada por Miatello, en horas del mediodía del pasado 13 de marzo los imputados obtuvieron las claves bancarias de una empresa cañadense que comercializa pescados.
Engaño
La maniobra consistió en simular la página oficial del banco en el cual la firma tenía una cuenta y lograr que un empleado incurriera en un error de graves consecuencias: colocar voluntariamente en esa web falsa los datos de usuario y contraseña de la cuenta.
Con esos datos los miembros de la banda —según la fiscalía habría más personas aún no identificadas que participaron de la maniobra— empezaron a operar la cuenta. En principio sustrajeron una cifra que les permitió hacer tres transferencias a distintas billeteras virtuales por 2.980.000, 2.950.001 y 2.950.000 pesos cada una.
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Según la acusación del fiscal, con ese dinero en su poder emplearon 8.880.001 pesos en adquirir criptomonedas de las denominadas Tether, un equivalente a 23.629,35 USDT.
Luego de haber hecho esa compra, la maniobra continuó con la transferencias en porcentajes distintos de las criptomonedas adquiridas a varias billeteras virtuales y en varias transacciones, con la finalidad de entorpecer el rastreo del dinero y la investigación.
El lunes FCC y AG fueron imputados por el fiscal Miatello como coautores funcionales del delito de “defraudación mediante técnicas de manipulación informática”.
En ese marco el juez de primera instancia Alvaro Campos tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dispuso la libertad de los acusados bajo una caución de diez millones de pesos y el cumplimiento de reglas de conducta que, entre otras cosas, les impiden tomar contacto por cualquier medio con las víctimas del hecho.
