"Los jueces estamos preocupados, pero conocemos los riesgos de nuestro trabajo y los asumimos". Afectado por los ataques a tiros presuntamente vinculados a las condenas contra miembros de Los Monos, pero sin sobreactuar temor ante esa grave situación, un miembro de la Cámara Federal de Rosario resumió así el ánimo con el que trabajan por estos días los magistrados de ese fuero en la ciudad. Las balaceras no pasaron desapercibidas para nadie, ni siquiera para los jueces y camaristas federales, pero en los edificios de Oroño al 900 y de Entre Ríos al 400, las dos sedes locales del fuero, intentan mantener la calma pese a que en breve un tribunal oral federal deberá enjuiciar a los mismos miembros de Los Monos por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Si bien el lunes la Cámara Federal emitió una acordada en la que pidió a la ministra de Seguridad de la Nación y a la Prefectura un refuerzo en la custodia de los edificios vinculados al fuero, los magistrados intentan mantener la calma ante los atentados a tiros que afectan a sus colegas de la Justicia provincial que ya investigaron, juzgaron y condenaron en primera instancia a muchos integrantes del clan Cantero.
La acordada 198/2018 del lunes pidió dos cosas:
• A la ministra Patricia Bullrich, que refuerce "la seguridad y custodia" de los edificios de la Justicia federal.
• A Prefectura Naval, la fuerza federal encargada de la custodia del edificio de Oroño al 900, que incremente la seguridad perimetral en torno a esa sede, y también la de los magistrados, funcionarios y empleados que allí trabajan.
Bienvenida
El pedido de la Cámara Federal de Apelaciones se conoció apenas horas antes de que se anunciara oficialmente el viaje de la ministra Bullrich a Rosario y Santa Fe para abordar esta problemática. La funcionaria vendrá a la provincia mañana con un tema excluyente en su agenda: la sucesión de balaceras intimidatorias contra la Justicia santafesina.
Un gesto adicional de la Cámara Federal en su acordada fue dar cuenta de este pedido tanto al Consejo de la Magistratura como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer nadie tenía constancia de que el texto firmado por nueve jueces de cámara efectivamente haya llegado a oídos de la ministra Bullrich, a horas de su llegada a Rosario y Santa Fe.
Más allá de ese pronunciamiento formal, los magistrados federales locales intentan mantener la calma frente a la ola de atentados dirigidos contra los jueces Juan Carlos Vienna, Ismael Manfrín y Marisol Usandizaga, y contra el Centro de Justicia Penal de Rosario. "Tenemos una preocupación lógica, pero eso no afecta nuestro trabajo", afirmó a este diario uno de los camaristas.
En los últimos días también el gremio de los empleados judiciales del fuero federal expresaron reiteradamente su preocupación por los ataques a la Justicia provincial. A través del gremio que los nuclea, los trabajadores judiciales exigieron más custodia para ellos y los magistrados. Incluso formularon pedidos en ese sentido ante la propia Cámara, cuyos integrantes tuvieron muy en cuenta esos temores a la hora de producir su acordada.
El Tribunal Oral Federal Nº 3 debe iniciar en pocas semanas el juicio oral en la causa conocida como "Los Patrones", en la que están como imputados por narcotráfico varios integrantes de Los Monos condenados por otros delitos en la Justicia provincial. Será la primera vez que integrantes del clan Cantero y sus cómplices sean enjuiciados por este delito.
Ese juicio comenzará pocos días después de que concluyan las audiencias de apelación del fallo producido por la Justicia provincial que condenó a los integrantes de Los Monos.
El contexto
Los episodios que motivaron el pedido de la Cámara Federal a Bullrich y la Prefectura Naval son los ataques mafiosos dirigidos a los magistrados provinciales que intervinieron en el juicio a los Cantero y sus cómplices.
Esos atentados generaron gran temor entre los jueces provinciales y al mismo tiempo dispararon un fuerte reclamo al poder político en la provincia para que garantice la seguridad de jueces, fiscales, funcionarios y empleados vinculados a las investigaciones contra Los Monos.
Esta semana, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación acusaron a Ariel "Guille" Cantero de instigar las balaceras contra domicilios que en el pasado estuvieron vinculados al juez Ismael Manfrin, presidente del tribunal que condenó a Los Monos, y a dos personas más les endilgó la autoría material.
La defensa de "Guille" pide con "urgencia" la imputativa
Los abogados de Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de Los Monos señalado como autor intelectual de los atentados a viviendas que pertenecieron al juez Ismael Manfrín, pidieron que "la urgente realización de la audiencia imputativa" para conocer "con urgencia la evidencia que anunciaron tener" en contra de su defendido. En un escrito presentado ante la Justicia, Fausto Yrure y Carlos Edwards fundamentan el requerimiento, entre otras cosas, en la intención de "evitar dudas, suspicacias y condicionamientos" en las audiencias de apelación del juicio oral por asociación ilícita que comienzan la semana próxima.
Los abogados respondieron de esa manera las acusaciones vertidas el martes por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quienes anunciaron la detención de dos presuntos autores materiales de las balaceras ocurridas el pasado 29 de mayo y presentaron como orquestador de las mismas a Guille.
Si bien al menos uno de los supuestos tiradores —el otro es un adolescente a disposición de la Justicia de Menores— será imputado en principio mañana, la audiencia imputativa a Cantero no tiene por el momento fecha. Al respecto, fuentes judiciales indicaron que se podría hacer en los próximos diez días y no descartaron que se haga a través de una videoconferencia, teniendo en cuenta que Guille está preso en una cárcel federal del Chaco.
A partir de lo anunciado en la conferencia de prensa del martes, los abogados pidieron la audiencia urgente para "poder ejercer ampliamente el derecho constitucional de defensa", teniendo en cuenta que el imputado tiene derecho a saber de qué se lo acusa.
En ese marco, en declaraciones a La Ocho, Yrure se refirió ayer a los 26 allanamientos realizados el martes en el marco de la investigación de las balaceras intimidatorias a viviendas vinculadas con jueces y funcionarios que participaron de la investigación y juicio a los Cantero.
"No vi nada novedoso. Allanaron las casas de toda la familia Cantero, algo que ya habían hecho dos o tres veces en la causa de la asociación ilícita. Pero después hicieron un anuncio adonde se dijo que se había concluido en la identificación del autor intelectual del hecho, la persona que en principio podría haber dado la orden... Todo hipotético, potencial, para concluir diciendo que era Ariel Máximo Cantero", dijo el defensor.
