Dos meses después de ser condenado a una pena de 6 años de cárcel reducida a 3 por sus aportes a la causa por corrupción y juego clandestino que desató un escándalo institucional en la provincia, el empresario Leonardo Peiti obtuvo la libertad condicional. El beneficio le fue otorgado ante el tiempo que lleva cumplido de la condena —se computan los ocho meses que estuvo en prisión preventiva y otros dos con condena— y bajo prohibición de acercarse a los otros implicados en la causa que tiene a un ex fiscal condenado y al destituido fiscal regional Patricio Serjal en prisión domiciliaria a la espera de que se resuelva su situación. Tampoco podrá salir del país sin autorización judicial.
La medida fue dispuesta este lunes en una audiencia que se realizó por la plataforma Zoom. El equipo de defensores de Peiti, integrado por Angelo, Lucio y Luis Rosini, había solicitado la medida en los primeros días diciembre, tras la firma del procedimiento abreviado en el que fue condenado el empresario. Pero la audiencia fue agendada por la Oficina de Gestión Judicial para el 7 de febrero y, pese a un pedido de la defensa, el tema no se trató durante la feria judicial de enero.
Así llegaron a la audiencia del mediodía de ayer con el pedido de que Peiti fuera incorporado al régimen de libertad condicional. Los abogados plantearon que los plazos de detención cumplidos por el empresario le permitían obtener el beneficio ya que en condenas a 3 años de prisión se puede gestionar la libertad una vez cumplidos los ocho meses de detención.
En el caso de Peiti, detenido el 25 de marzo de 2021, estuvo en total diez meses detenido: ocho en prisión preventiva y dos con condena. Permaneció los primeros diez días alojado en Order, luego a pedido de la defensa fue trasladado a la alcaidía de Cañada de Gómez y al cabo de 22 días obtuvo autorización para ser trasladado a una clínica psiquiátrica rosarina para el tratamiento de un cuadro de depresión.
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Si bien en un primer momento el fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo se opuso a que le fuera otorgado el beneficio por carecer de informes penitenciarios sobre su conducta, los defensores replicaron que prácticamente no estuvo alojado en una institución carcelaria. Tras un breve receso, el fiscal de Delitos Complejos Matías Edery manifestó no oponerse a la medida.
Restricciones
Luego de escuchar a las partes y al propio condenado que pidió hablar en la audiencia —dijo estar “arrepentido”—, la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto le otorgó la libertad condicional con ciertas obligaciones y restricciones, como la prohibición de salir del país y de ausentarse más de siete días de la ciudad sin autorización judicial, así como de acercarse a los otros acusados en la causa o a sus abogados.
Con esas condiciones la jueza resolvió “hacer lugar al pedido de la incorporación del interno Leonardo Andrés Peiti al período de libertad condicional”, medida que se hizo efectiva desde ayer. Otras reglas de conducta que deberá cumplir son las de someterse al control de la Dirección Provincial del Patronato de Liberados, adonde deberá presentarse en forma mensual hasta el vencimiento de la condena, la “obligación de obtener un trabajo, oficio, industria o comercio a fin de mantener su subsistencia por medios lícitos”, requisito que cumplirá con la presentación de constancias cada dos meses de las sociedades en las que es socio gerente.
Según consta en el acta de la audiencia, las reglas que rigen la libertad condicional del empresario tendrán vigencia hasta el vencimiento de la pena, previsto para el 9 de febrero de 2024. Peiti, quien fue excluido del sistema de monitoreo electrónico, fue informado de los alcances de esas obligaciones y se comprometió a cumplirlas.
Peiti fue condenado el jueves 2 de diciembre por manejar una asociación ilícita de juego ilegal en distintos sitios de la provincia, pagar sobornos para garantizar la actividad y lavar dinero procedente de ello. Uno de los sostenes de esa sentencia fue una extensa declaración en la que reconoció haber entregado montos millonarios a actores de la política, fiscales y policías para desplegar su emprendimiento.
El juez Rafael Coria convalidó entonces el acuerdo abreviado entre cuatros fiscales y la defensa del empresario. Para ello dio por válida la figura de imputado colaborador que permitió, por la información aportada para avanzar en la pesquisa, una rebaja de seis a tres años de cárcel, pena que incluye el pago de más de 42 millones de pesos de multa.
La condena cerró un importante capítulo de un expediente que comenzó al investigarse el homicidio de un apostador del casino City Center y se topó con una trama extorsiva que terminaría develando otra de juego ilegal que entrelaza a fiscales, policías, políticos y empresarios.
Un solo juicio
Este caso desplazó al ex fiscal regional Patricio Serjal —en prisión domiciliaria— y a Gustavo Ponce Asahad —condenado en septiembre a una pena de 6 años de prisión efectiva que se redujo a la mitad—, ambos acusados de proteger a Peiti de procedimientos en su contra.
Respecto de Serjal, detenido el 11 de agosto de 2020, el 5 de enero pasado los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra presentaron su acusación, en la que solicitaron que sea condenado a 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de una asociación ilícita cuya misión era favorecer a la organización con la “entrega de información sensible desde dentro de la Fiscalía”.
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Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada solicitaron que Serjal vaya a un mismo juicio con Ariel “Guille” Cantero por el ataque al casino que se concretó el 11 de enero de 2020, con balazos que le costaron la vida a un apostador. Los dos casos, la red de juego bajo amparo judicial y el crimen del gerente bancario Enrique Encino, quedaron conectados por una misma trama. En tanto los fiscales solicitaron 5 años de prisión para el empleado judicial Nelson Ugolini.
Por azar
La investigación arrojó que la organización tenía por objeto ”usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas electrónicas sin contar con la autorización de la autoridad competente”, para lo cual “ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo”.
Al aceptar la condena en un acuerdo abreviado, Peiti admitió su responsabilidad en el control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia. También asumió haber pagado sobornos a actores políticos y judiciales para obtener concesiones.
La trama quedó al descubierto en escuchas que dieron cuenta sobre la preparación del ataque al Casino. Se detectó así que, días antes del crimen del gerente bancario Enrique Encino, dos soldaditos que habían sido elegidos para concretar un ataque extorsivo contra la sala de juegos fueron detenidos de manera inesperada.
Este imprevisto desesperó a los organizadores del atentado que según la investigación ordenó desde prisión Ariel Máximo “Guille” Cantero, condenado como jefe de Los Monos. Esto llevó a sus lugartenientes a preguntar al empresario de juego si tenía contactos en Fiscalía para averiguar sobre la situación procesal de los soldaditos. Esos mensajes dejaron expuesto el caso de corrupción más grave en los últimos tiempos en la región, que escaló a la conducción de la Fiscalía regional y a la Legislatura provincial.
