En una audiencia que sólo duró 30 minutos el fiscal Alejandro Ferlazzo acusó a Jacinto G.D., un ciudadano paraguayo de 31 años, y a Emiliano Iván S., de 18, como coautores del asesinato de Miguel Eduardo Leiva y la tentativa de homicidio de Sergio S., ocurrido el domingo a la tarde en Cerrillos al 3900, una cuadra de la Vía Honda donde en 13 días hubo tres crímenes.
El fiscal acusó a la dupla por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de armas de fuego y por la participación de menores de edad y tentativa de homicidio calificado con los mismos agravantes, encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y por tener como precedente un hecho especialmente grave (el robo calificado del auto utilizado en el hecho), portación Ilegítima de (tres) armas de fuego de guerra y encubrimiento. Una calificación que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. Dos pibes, Kevin Miqueas C. y Elías Q.F., ambos de 16 años, quedaron a disposición de la Justicia de Menores por haber participado del hecho.
Antes de resolver, el juez Nicolás Foppiani hizo una manifestación con tinte de declaración de principios: “No me voy a declarar incompetente, aunque este tipo de asesinatos deberían ser de competencia federal porque son cometidos en el contexto de la venta de drogas. Dejo asentado que se debe implementar en la Justicia Federal el sistema acusatorio y se debe generar una unidad fiscal que se encargue de investigar estos crímenes cometidos por bandas que rompen todo tejido social”. Luego dictó para los acusados la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años.
En los últimos dos años las estadísticas de homicidios en la Vía Honda se dispararon al compás de lo que sucedió en otras barriadas de la periferia sudoeste de la ciudad. Por eso a nadie le asombra que en 13 días tres personas fueran asesinadas en inmediaciones de Cerrillos al 3900 y “El arco” de la cancha de fútbol que hay en el lugar, un punto de referencia del narcomenudeo.
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Según la acusación, el domingo pasado alrededor de las 17.30 Miguel Leiva, de 57 años, estaba en un pasillo de Cerrillos al 3900 donde supuestamente vendía drogas. Fue entonces que apareció un Volkswagen Gol Trend blanco y desde el interior del vehículo comenzaron a dispararle al hombre que cayó pesadamente al tiempo que el auto se detenía. Entonces uno de los ocupantes bajó y remató en el piso a la víctima con disparos en la cabeza al grito: “Acá no se vende más”. Y luego dejó un cartón escrito a mano con la leyenda: “Peruano plantate. La mafia no perdona, gil”.
En la calle se reconoce como Peruano a Julio Rodríguez Granthon, un preso de alto perfil que según investigadores de varias causas tiene el poder de bajar cocaína de alta calidad desde el noroeste argentino a Rosario. Así las cosas, el mensaje se entendió como una declaración de guerra de otro bando en pugna en una zona que es administrada por Nelson “Pandu” Aguirre, hombre de Ariel “Viejo” Cantero.
Alrededor del cuerpo de Leiva quedaron tirados 30 envoltorios de nailon negro con cocaína, ocho vainas calibre 9 milímetros y otras tantas calibre 40. En la misma secuencia Sergio S., un vecino de la zona, recibió al menos tres balazos pero sobrevivió tras ser internado en el Hospital de Emergencias.
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Varios minutos más tarde, una dotación de la Policía Motorizada dio con un auto similar al usado en el crimen. Fue en Centeno y Lavalle, a unas 15 cuadras de la escena del asesinato. Según la acusación, los policías dieron la voz de alto a los ocupantes del vehículo y a unas seis cuadras, en Constitución al 3900, lograron interceptarlo. En el interior viajaban Jacinto G.D. y Emiliano Iván S. junto a dos pibes de 16 años.
Al revisar el auto, los policías hallaron tres pistolas: una Browning calibre 9 milímetros, una Taurus calibre 40 y una Tanfoglio 9 milímetros, todas con sus cargadores vacíos. También incautaron dos celulares y dos pasamontañas. El Volkswagen Gol Trend, en tanto, tenía pedido de secuestro por haber sido robado a punta de pistola el 16 de agosto en inmediaciones de Fraga al 1800 y tenía una patente que no le correspondía, aunque las originales estaban en el baúl.
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El fiscal Ferlazzo entendió que Jacinto G.D. y Emiliano Iván S. formaron parte del “plan criminal trazado y programado” para matar a Leiva o a “cualquier persona que estuviera vendiendo drogas en el lugar del ataque” y solicitó la prisión preventiva por el plazo de ley. La defensora pública Maricel Palais (por Jacinto G.D.) y los abogados privados Aníbal Horacio Rodríguez y Néstor Antenucci (por Emiliano S.) no realizaron planteos sobre la calificación de los hechos pero sí sobre el tiempo de la prisión preventiva. Igualmente, el juez Foppiani le dio la derecha a la fiscalía y dejó detenidos por al menos dos años a los acusados.