En mayo pasado se detuvo a tres personas en Rueda al 3300 por un secuestro extorsivo.
Una estadística elaborada por la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) reveló que durante 2021 se reportaron 29 delitos de ese tipo en todo el país, tres de los cuales ocurrieron en el territorio santafesino, lo que representa la menor cifra desde 2015, cuando se comenzó a elaborar este informe. El trabajo lleva la firma del fiscal federal Santiago Marquevich y fue presentado al procurador general de la Nación interino, Ricardo Casal.
La Procuración informó a través del sitio institucional www.fiscales.gov.ar que el período analizado en dicho informe de gestión “posee el registro de secuestros extorsivos más bajo desde la creación de la Unidad”. Es que en 2015 hubo 294 hechos; en 2016 se denunciaron 227 casos; 185 en 2017; 111 en 2018; 44 en 2019; 48 en 2020; y 29 el año pasado. En tanto, de acuerdo con el relevamiento, en lo que va de 2022 se registraron 48 casos, lo que equivalen a un promedio mensual de 4,08 hechos por mes y un notable crecimiento respecto a 2021.
“De los 77 hechos de secuestro extorsivo registrados a nivel nacional entre enero del 2020 y diciembre del 2021, 53 ocurrieron en el conurbano bonaerense, 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en Necochea, 3 en la provincia de Santa Fe, 3 en la provincia de Mendoza, 3 en la provincia de Tucumán, 3 en Salta y 1 en Córdoba”, dice el informe.
En ese marco, el 57% de los casos concluyó con la detención de quienes cometieron el delito: 21 mujeres y 112 hombres, cuatro de ellos menores de edad. Respecto a las víctimas, se sostiene que fueron 13 mujeres y el resto hombres; al tiempo que en el 55 % de los hechos se pagó el rescate.
De acuerdo a la Unidad Fiscal, algunas de las razones que influyeron en el descenso de este tipo de delitos fueron “la respuesta efectiva y los resultados que se obtuvieron en la persecución penal de los hechos ocurridos en los últimos años”.
Según el informe, en el periodo analizado, el secuestro “exprés” se mantiene como “la modalidad prevalente, donde la negociación suele realizarse desde el teléfono celular de la víctima activa, que permanece privada de su libertad en su propio vehículo, al que accedieron los secuestradores”.
“Estos, que carecen de logística u organización para prolongar la captación, y eligen a sus víctimas al azar apelan a elevados niveles de violencia verbal desde el inicio de los llamados telefónicos exigiendo el pago del rescate, a fin de amedrentar a la víctima pasiva (familiares y amigos) y lograr así el rápido pago del mismo”, se añadió.
>> Leer más: Procesan a un acusado por un secuestro extorsivo en Santa Fe
A su vez, se detectó que algunos casos estuvieron vinculados al narcotráfico y que en estos existió “un vínculo previo entre la víctima y sus captores”; y una “violencia física sobre la víctima para amedrentarla e intimidar a quienes se les exige el pago del rescate”.
“También se han detectado casos en los que el secuestro extorsivo estuvo vinculado a otros hechos ilícitos o circunstancias relacionadas con ajustes de cuentas entre bandas o delincuentes, deudas entre particulares por préstamos de dinero y también casos de corrupción institucional, donde estuvo involucrado personal policial”, destacó el documento.
Además, el informe se refirió a que en noviembre de 2021 se elaboró un registro sobre los secuestros extorsivos planificados y/o dirigidos, y/o ejecutados, por personas detenidas en unidades carcelarias; y así se detectó que la utilización de telefonía celular dentro de las cárceles, por lo que se solicitó investigar la eventual complicidad de funcionarios penitenciarios.