El Gigante de Arroyito presentará una escenografía diferente esta tarde-noche. Siete de las ocho tribunas estarán como siempre. Una lucirá vacía. Fue la decisión salomónica que tomó el tribunal disciplinario de la AFA para sancionar a Central. Un tribunal que osciló entre razones de sentido común que esgrimieron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y las reglamentarias que opuso la dirigencia canalla. En ese tironeo, el castigo tiene dos aristas: uno efectivo y otro de aviso. En lo puntual, dejará sin gente a la platea baja del Río Paraná. En la advertencia, si se repiten algunos de los hechos que llevaron a tomar esta determinación, el equipo de Paolo Montero deberá jugar las dos próximos partidos de local, ahí sí, a puertas cerradas. Eso sí, los abonados a ese sector no tendrán problemas en entrar porque verán el encuentro frente a Colón (17.15) en el sector alto, ya que no habrá la venta habitual para socios y no socios.
El tribunal disciplinario de la AFA trató de dejar a todos conformes. Usó el reglamento para ese fin, lo adaptó a esa decisión. Siempre parece que se le puede encontrar un vericueto a la palabra escrita y eso pasó, como por otra parte ocurrió en el último antecedente de Central-Temperley en el 2015, donde sí se jugó a puertas cerradas (ver aparte). La dirigencia canalla torció la decisión de principio de semana, cuando sabía que la suspensión era inminente. Y después de pelear presentando todos los argumentos en contrario, logró reducirla a un sólo sector del Gigante. Inédito por otra parte.
El daño mayor será para aquellos, socios y no socios, que habitualmente compran platea por partido. Ellos no podrán asistir, en cambio sí los abonados que tiene el club para las dos bandejas, que también se cubren con protocolos comerciales. Serán acomodados en la parte alta, ingresarán por el lugar habitual y desde el club pidieron que concurran con antelación, porque habrá más cacheos y porque deberán ser acomodados por personal identificados para ese fin.
La historia comenzó después del último partido de Central en Arroyito, en la victoria sobre Racing 4 a 1 del 21 de mayo. Un día después y antes de que en la AFA se recibiera el informe del árbitro Ariel Penel sobre los festejos auriazules, el director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos dependiente del Ministerio de Seguridad, Guillermo Patricio Madero, elevó una carta al presidente del tribunal disciplinario de la AFA, Fernando Mitjans, pidiendo un severo castigo para Central. No especificó cuál, pero se refirió a los artículos 80, 81, 88 y 88 bis del Reglamento de Transgresiones y Penas, y se instaló la idea de que lo que pedía era la clausura del Gigante. De hecho, el artículo 81 habla de eso, pero no debe haberlo leído completo, ya que está referido a partidos de inferiores.
De todas formas, más allá de ese desliz reglamentario que cometió Madero, el espíritu de la demanda reclamaba clausura de la cancha y por eso la dirigencia auriazul tomó en serio el pedido de Nación (que por otra parte, el mismo día también solicitó castigo para Newell's). A decir verdad, siempre la AFA encontró vericuetos a la letra escrita para hacer viables decisiones políticas, como pasó a la inversa en la suspensión del Gigante en Central-Temperley de 2015 (ver aparte). Por eso, para clausurar solo la platea baja y equiparar las presiones, el tribunal usó ambiguamente otro artículo del Reglamento de Transgresiones y Penas: el 287.
En la resolución tomada el jueves último, el tribunal en su artículo 1º dice: "Se clausura para el próximo encuentro como local todo el sector correspondiente a la platea donde desempeñó su función el asistente Nº 2, denominada Río Paraná. Arts. 32, 33 y 287 del RD". El 287, en su 1º ítem dedicada a "club o equipo", habla de "clausura de cancha limitada a equipo de hasta 3 fechas". Jamás habla de un sector del estadio. Y hasta algún puntilloso, leyendo el argumento de la resolución, podría interpretar que si se clausura "todo el sector correspondiente a la platea donde se desempeñó el asistente número 2", bien podría concluirse que se trataría de media platea baja, ya que el juez corre sólo en una mitad.
Curiosamente, el tribunal usó además los artículos 32º y 33º, ambiguos a más no poder (principios del deporte y libertad del tribunal para apreciar los hechos) y para la multa se basó en el 80º (promover desórdenes y arrojar proyectiles) y no el 88º bis que habla exclusivamente de la pirotecnia. Así se evitó la polémica sobre si la autoridad de aplicación (el ministerio de seguridad provincial) avalaba o no esos fuegos de artificio, algo que se discutió también. La pena económica fue entonces por los muñecos arrojados al campo, que generaron una suspensión de 2', y con que la pirotecnia demoró el inicio en 5'. Pero no por la cantidad usada ni por las banderas. Menos con lo más peligroso de todo: los "lanzafuego" de la popular, que no fueron informados. Ni por Penel ni por Madero.
Lo cierto es que la dirigencia canalla, si bien peleó duro para que la sanción sea sólo económica (la máxima en entradas y casi la máxima en partidos), empardó la pulseada con la Nación (y Provincia) que fue por todo y jugará con público, aunque sabe que si hoy aparece un trapo ofensivo o se tira un petardo, habrá 2 fechas de clausura total. Y no habrá reglamento que lo ampare.
Cuando fue el mundo del revés ante Temperley
EL 16 de marzo de 2015, Central jugó ante Temperley por primera vez a puertas cerradas. Fue después de la agresión con un proyectil en la cabeza al entonces DT de Tigre, y ex canalla, Gustavo Alfaro. Esa sanción fue el mundo del revés respecto a esta. Porque mientras el ministerio de la provincia abogó porque se clausure la platea baja, pero de Cordiviola, que fue desde donde partió la agresión, la AFA fue por más y directamente le cerró el Gigante de Arroyito.
Pero para abonar la tesis de que a la palabra escrita siempre se le puede dar una vuelta, fue el comité ejecutivo y no el tribunal el que sancionó. Lo hizo de manera "provisoria" y basándose en dos artículos de un boletín extra de 2013 (era Grondona aún), que no estaban en el Reglamento de Transgresiones y Penas. Luego el tribunal ratificó pero la decisión fue del comité.
