La reforma no tratada en 1994

La ley 24.309 declarativa de la necesidad de la reforma de la Constitución nacional habilita sobre varios temas que integran el "Núcleo de Coincidencias Básicas", consecuencia directa del "Pacto de Olivos". Ello se encuentra en el art. 2º de dicha ley cuya característica fue que debía votarse en conjunto y su aprobación significaba la incorporación de todos los temas allí incluidos.

Se trata básicamente de la organización del poder, por eso se modifican artículos referidos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. También se elimina la exigencia que el presidente pertenezca a la "comunión católica apostólica romana" y también se modifican las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

En el art. 3º de la ley se habilitan temas de libre debate y dentro de éstos se incluye el apartado "L" que textualmente dice: "Creación de un consejo económico y social con carácter consultivo por habilitación de un artículo a incorporarse en la segunda parte en el nuevo capítulo". La Convención Nacional no trató este tema y hubo otro que tampoco fue tratado aunque estaba habilitado para hacerlo, que es el que determina la posibilidad de establecer el acuerdo del Senado para " … la designación de ciertos funcionarios de organismos de control y del Banco Central, excluida la Auditoría General de la Nación" . Me referiré en esta nota al Consejo Económico y Social con carácter consultivo. Ello es así porque en el actual proceso electoral casi todas las expresiones políticas coinciden en la necesidad de establecer un Consejo Económico y Social. Creo que el hecho de no haber sancionado la Constitución una obligación para crear este órgano ocasionó graves daños al desarrollo de la economía en nuestro país porque si hubiera funcionado como se propuso y está vigente en algunas provincias y municipios, ayudaría muchísimo a escuchar todas las voces de los sectores interesados en los aspectos económicos y sociales del país. Se presentaron 58 proyectos de reforma constitucional sobre este tema que fueron analizados en la Comisión de Participación Democrática, presidida por Antonio Cafiero.

Hubo dictamen de mayoría y 3 dictámenes de minoría. El dictamen mayoritario de la Comisión es muy inclusivo y tiene sólidos fundamentos. El dictamen de la Comisión dice: "El Consejo Económico y Social es un órgano de consulta y asesoramiento no vinculante del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación sobre materia económica y social, y para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relativas al desarrollo humano y la justicia social. Tiene autonomía funcional y está compuesto por representantes sindicales, empresariales, profesionales, científicos, culturales y sociales, asegurando su conformación plural y federal".

Cuando se eleva el proyecto a la Comisión Redactora, que de acuerdo al Reglamento podía modificarlo e incluso no aprobarlo, esta Comisión optó por no decir nada y como en el plenario lo único que se trataba eran las órdenes del día de la Comisión Redactora (que fueron 17 y un anexo), el tema nunca llegó al plenario y por supuesto no fue debatido ni aprobado ni rechazado.

La razón por la cual no se trató fue por la demora que tuvo la discusión sobre el Reglamento donde se debatió la validez de la ley de convocatoria y la del "Pacto de Olivos" en cuanto exigía que debían aprobarse en conjunto todos los temas, que eran muchos e importantes. Pese a algunas limitaciones llevó muchos días a la Convención tratar este tema y la agenda era muy nutrida porque había que abordar todavía múltiples reformas de artículos en vigencia o suprimir otros o incorporar nuevos. La Comisión Redactora, sin que pasara previamente por una comisión específica, tenía facultades para proponer directamente al plenario la actualización de las atribuciones del Congreso y del PEN previstas en los arts. 67 y 86 (hoy 75 y 99) de la Constitución nacional. Allí estaba toda la dirección política, económica y social del país y es sobre este punto habilitado en el art. 3º inc. "E" de la ley 24.309, donde se registraron la mayor cantidad de proyectos. La Convención fue bastante prudente, aunque hubo propuestas sobre las cuales se pretendía impedir el aborto y otros temas también muy discutidos.

La pregunta que hay que hacerse es si la Convención no pudo tratar este tema antes de proponer, como lo hizo en el final de sus deliberaciones, reformar el art. 86, inc. 5º (hoy art. 99, inc. 4º) que trata la designación de los jueces de la Corte Nacional y Tribunales inferiores incorporando sorpresivamente un párrafo mediante el cual se dispuso el cese de éstos a los 75 años pudiendo renovar su cargo por cinco años más si se obtenía otra postulación por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Esta disposición que critiqué enérgicamente, como muchos otros convencionales, modifica la estabilidad vitalicia de los jueces que no estaba habilitada para su reforma.

El Plenario se reunió el 19 y el 20 de agosto de 1994 y allí terminaron las deliberaciones designándose una comisión para que presentara un texto ordenado que se votó el día 22 de agosto. Ya habiendo terminado nuestra tarea, cada partido político por intermedio de un representante y también el único convencional independiente hicieron un análisis objetivo de la Constitución que habíamos sancionado.

El acto formal del juramento de la Constitución sancionada se realizó el 24 de agosto en el Palacio San José de Concepción del Uruguay. Allí se produjo algo notable, que es un ejemplo a seguir: una Convención integrada por constituyentes que provenían de ideologías muy dispares y que discutieron muchos temas con vehemencia, fue jurada por todos ellos que se comprometieron a cumplir nuestra Constitución Nacional en un texto único, sin aditamentos ni reservas de ninguna clase. La unidad se logró en ese momento y este año conmemoraremos en la ciudad de Santa Fe los 25 años de la Reforma.

Por supuesto que lo que estoy diciendo es opinable, pero es una pena que no hayamos podido votar la incorporación de un Consejo Económico y Social de carácter consultivo que tal vez hubiera facilitado mucho la solución de los graves problemas económicos y sociales que hace muchos años nos aquejan.

La Convención de 1994 fue un ejemplo pues teniendo los constituyentes profundas diferencias ideológicas y aún cuestiones personales entre éstos, pudieron superarlas. Como antes dije, la diversidad de opiniones y cuestiones del pasado no impidieron que todos los convencionales juraran cumplir la Constitución hace 25 años y ahora con alegría y honrando la memoria de muchos convencionales que fallecieron, volveremos a vernos para recordar esos inolvidables 90 días de intenso trabajo.