Ni Justicia Legítima, ni justicia garantista, ni justicia activista, sino una justicia laudatista. Ese es el modelo de administración jurídica que el papa Francisco quiere que prime en su país natal. Una justicia libre, independiente y ecológicamente humana. Una justicia impregnada con la esencia de la encíclica "Laudato si'", el documento social -y no meramente ecológico- donde el pontífice subraya la necesidad de respetar la dignidad de cada persona como tal y cuidar el planeta como "casa común". Una administración judicial que para el Papa no debe caer en la "telaraña" de la corrupción, y tiene que rechazar las presiones de los gobiernos, entidades privadas y de "estructuras de pecado" como las mafias. El modelo papal demanda valentía de los funcionarios judiciales y requiere atender con prontitud casos vinculados a delitos a los que Francisco considera "verdaderos crímenes de lesa humanidad": la trata y el tráfico de personas. Pero también penar con celeridad aquellos delitos relacionados con las "nuevas formas de esclavitud": el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos, el comercio de la droga y el crimen organizado. La hoja de ruta judicial de Francisco incluye la necesidad de sancionar leyes para la confiscación de los bienes mal habidos de narcotraficantes y corruptos, abolir la pena de muerte "en todas sus formas" y mejorar las condiciones de reclusión de los presos. Jorge Bergoglio ha demostrado desde su elección pontificia en marzo de 2013 su respaldo pastoral a jueces y fiscales argentinos, al invitarlos a audiencias privadas o a foros organizados en el Vaticano. Gestos del pontífice que, en ciertas ocasiones, han irritado a los gobiernos de turno. Entre otros, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, estuvo en Roma en el momento de mayor tensión entre la ex presidenta Cristina Fernández y el Poder Judicial. Ahora, como ocurrió el jueves tras un foro sobre narcóticos, el Papa saludó al juez federal Daniel Rafecas, cuestionado y con un pedido público para que sea destituido del cargo por archivar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta en el caso AMIA. Reunión en el Vaticano de la que también participaron los magistrados Zunilda Niremperger, María Servini y Sergio Torres. Dos hombres de extrema confianza de Francisco trabajan con el objetivo de ir dando pasos hacia la justicia laudatista que pretende el Papa. Uno en Roma y el otro en Buenos Aires. Uno es el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de las academias pontificias de Ciencias y Ciencias Sociales, quien es el responsable de convocar a magistrados, fiscales y expertos internacionales a simposios sobre trata y narcotráfico, además de organizar los encuentros mundiales de movimientos populares. En tanto, el operador local es Gustavo Vera, el muchas veces controversial diputado porteño y referente de la agrupación La Alameda, que se convirtió en impulsor incondicional de la doctrina bergogliana. Con este objetivo, Vera juntó en una misma mesa para compartir un asado a los jueces federales Rafecas y Sebastián Casanello, secretarios de juzgados y otros funcionarios judiciales. El ministro de Justicia, Germán Garavano, no pudo acudir, pese a que fue invitado. La particular reunión fue el 6 de noviembre en una quinta de la localidad bonaerense de Moreno, donde Vera dio detalles del modelo judicial laudatista del Papa. Vera y monseñor Sánchez Sorondo también preparan un encuentro de jueces y secretarios de juzgados federales para el 16 de diciembre en la Legislatura porteña. El objetivo de este espacio, adelantaron, es avanzar en la conformación de un "núcleo" de magistrados contra el crimen organizado, sobre la base de la encíclica social del primer Papa argentino.
