La intendencia de Maldonado reubicó a 375 familias sacándolas del hacinamiento

El gobierno del departamento de Maldonado inició el primer realojo de 375 familias que se sumarán a 42 anteriores hasta llegar a un total de 530 que se completará durante 2024 constituyendo la reubicación más grande e importante de la historia de Uruguay.

Tras obtener 35 millones de dólares a través de financiamiento internacional mediante la garantía soberana del estado nacional, la gestión del intendente Enrique Antia implementó este proyecto que mejorará la calidad de vida de diferentes asentamientos cuyos habitantes ahora tendrán un espacio digno para criar a sus hijos.

A un costo de siete millones de dólares, entre 2015 y 2020 se realojaron 230 familias del asentamiento El Placer al recuperar el espacio público a orillas del arroyo Maldonado mientras se avanzó en la solución definitiva para los integrantes del barrio de emergencia Kennedy para que tenga calles asfaltadas junto con servicios de luz, agua y saneamiento.

El contrato de préstamo entre el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el BROU aceleró los plazos para el realojo que alcanzará a 530 familias uruguayas.

Este acuerdo se instrumentó mediante un fideicomiso financiero de oferta privada que pagará Maldonado por 35 millones de dólares conformado por veintiocho que aportará CAF y los siete restantes provendrán del Banco República.

Con un plazo de pago de quince años, habrá 56 meses de gracia para amortizar capital más una tasa de interés del 1,5% anual debido al contenido social del proyecto.

El habitual cumplimiento de sus metas y obligaciones de desarrollo sostenible por parte de la intendencia de Maldonado resultó un valor agregado que le abrió las puertas para hacer realidad lo que poco tiempo atrás era apenas un sueño inalcanzable.

Se trata de un desarrollo urbano integral que combina la faz social con la educación, el cuidado del medioambiente y el derecho a la vivienda digna que avanzó en tiempo récord a nivel nacional.

Además, en 2022, durante el tiempo de espera de la solución definitiva, la Intendencia de Maldonado aportó fondos propios para trasladar a 42 familias que así dejaron el hacinamiento en el que sobrevivían. Al dejar sus viejos hogares se demolió las casas para evitar nuevas construcciones ilegales en el asentamiento mientras se llevó a cabo la mudanza con la logística y camiones del ejército.