Natalia Oreiro brindó su apoyo a la "Ley Brisa", que ampara a los hijos de víctimas de femicidio

Daiana de los Angeles Barrionuevo tenía 24 años y tras permanecer desaparecida desde el 20 de Diciembre de 2014, fue encontrada asesinada el 10 de Enero de 2015. Su cuerpo estaba dentro de una bolsa en un arroyo en la localidad bonaerense de Moreno. Detuvieron como principal sospechoso de cometer el femicidio a su expareja Iván Rodríguez, de 26 años. Tenían tres hijos: Elías y Tobías (hermanos gemelos de 7 años), y Brisa de 3 años, quienes quedaron a cargo de su abuelo, quien hoy lucha para que se haga justicia por el femicidio de su hija Daiana, mientras batalla día a día para que a sus nietos no les falta nada.

El caso motivó la presentación de la "Ley Brisa", un proyecto de comenzará a tratarse en el Congreso. La iniciativa de la Asociación Civil La Casa del Encuentro apunta a que el Estado establezca el pago de una suma mensual hasta que los chicos tengan 18 años, y la asignación de una obra social a las hijas e hijos "víctimas colaterales de femicidio, esto es que su padre asesinó a su madre, mediando violencia de género", apuntan desde La Casa del Encuentro.

La iniciativa sumó el apoyo de la actriz Natalia Oreiro, quien grabó un video concientizar sobre esta situación. "En la Argentina -dice Oreiro en el video- cada 30 horas muere una mujer víctima de la violencia de género. Por esta causa en los últimos nueve años 2.919 hijas e hijos se quedaron sin madre. Más de 63 por ciento son menores de edad. Es imprescindible que estas hijas e hijos víctimas colaterales del femicidio obtengan una reparación económica que les permita acceder a una asistencia integral. Alzá la voz. Apoyá la Ley Brisa".

La Casa del Encuentro apunta que entre 2008 y 2014 se registraron 2.196 hijas e hijos que no tienen madre por femicidios. "De ese total, 1.403 son menores de edad, que requieren sin falta de asistencia económica y cobertura de salud", sostiene la Asociación Civil. Aclaran que no se solicita "un subsidio o un plan, sino una reparación económica mediante la cual el Estado, que no pudo evitar ni prevenir el femicidio de las madres de estas niñas, niños y adolescentes, garantice los derechos básicos que deben ser cubiertos, a fin de que no dependan económicamente solo de los recursos que puedan tener las personas que se encuentran a su cargo".