Vecinos de Granadero Baigorria formaron una asamblea de autoconvocados para responder al aumento de la tasa general de inmuebles (TGI) en esa ciudad. Según han calculado, el tributo sufrió incrementos que superan el 200 por ciento interanual (aseguran que llega hasta un 300%), y una diferencia de un 47 por ciento de diciembre a enero. Se reunieron funcionarios y concejales, a quienes piden una revisión de la tasa y de las modalidades de cálculo. También quieren que los incrementos pasen por el Concejo Municipal y que no sea el Ejecutivo el que tenga la potestad absoluta (como ocurre) de establecer los aumentos.
"Los porcentajes siderales que se reflejaron en las boletas empujó a los vecinos a organizarnos, no solo rechazando el aumento de la Municipalidad sino la connivencia de los concejales por haber otorgado la potestad al Ejecutivo de aumentar la tasa y la posibilidad de ajustarla mensualmente", dicen los vecinos.
Hasta ahora se realizaron tres asambleas. De la primera surgió un petitorio que "viene siendo trabajado en los barrios de la ciudad con más de mil firmas", aseguran. Se reunieron con funcionarios y con los concejales.
La Capital habló con Alberto Galetti, Silvia Rodil, Ubaldo Modarelli y Angel Perouch. Galetti contó que él acostumbra (más bien acostumbraba) pagar las tasas e impuestos anualmente, para después desentenderse. "En 2022 pagué por todo el año 40.986 pesos, y en 2023 me facturan 131.683 pesos. Esto representa un 221 por ciento de un año al otro, y con los aumentos mensuales es peor, porque son acumulativos", se quejó.
Según les explicaron, se utiliza para al cálculo de la tasa una fórmula que combina el salario de la categoría 15 del escalafón municipal, el índice de la construcción y el precio del gasoil premium. "No sabemos bien cómo funcionan esos porcentajes, lo que sí sabemos que lo que tenemos que poner cada año de nuestros bolsillos", dicen los asambleístas.
Aseguran que ni el impuesto inmobiliario, ni la patente tuvieron incrementos tan significativos. "Está claro que los aumentos tienen que ser razonables para que la gente pueda pagar, tienen que tener lógica respecto de la inflación y, sobre todo, del salario de los trabajadores. Aquí nos están apretando cada vez más con la recaudación", dicen.
El otro tema que les preocupa es que el Concejo de la ciudad le dio vía libre al Ejecutivo para que hiciera ajustes mensuales. Fue en 2014, y desde entonces es la Intendencia la que resuelve las variaciones, que son acumulativas.
"La asamblea se conformó y explotó en la ciudad en función de que nadie salía con este tema a lo público para ver cómo morigeraba esto, las vecinales no salieron, los concejales tampoco, la gente se organizó, se hicieron tres asambleas", recordó Perouch.
El lunes llegaron al Concejo para que los recibieran. Se abrió un espacio para albergar a los más de 70 asambleístas. "Se abrió una caja de Pandora, surgieron un montón de problemas que se viven en las barriadas, como la falta de luz, de pavimentos, de servicios, el problema de la inseguridad y el narcotráfico. Finalmente, se logró encausar el tema y se impuso una agenda de 10 puntos", cuentan los asambleístas. Entre los ítems, y con el aumento de la TGI como bandera, se logró el compromiso, aseguran, de rever las normas que otorgan al Ejecutivo la potestad de aumentar la tasa y la de la fórmula de cálculo. Ahora, buscarán convocarse para la próxima sesión extraordinaria.
El miércoles volvieron al lugar, como habían acordado, para reunirse a las 10 con los concejales. Pero en un clima enrarecido, el Concejo sesionó antes y finalmente no hubo cónclave con los asambleístas.