Parte del arco opositor en el Concejo presentará este jueves un proyecto en el que solicita que el cuerpo legislativo dé marcha atrás con el pago de unos 400 mil pesos en honorarios de abogados para cubrir un convenio de conciliación que se generó tras el exabrupto de una concejala.
El pago de esos honorarios se acordó en la madrugada del 5 de noviembre y en el marco de una maratónica sesión en la que se aprobó el Código de Convivencia. Ese día, cerca de las tres de la mañana, se puso en consideración y se aprobó un proyecto de resolución que dispuso que el Concejo se hiciera cargo del pago de los honorarios de los letrados.
Ese convenio fue el fin de un litigio por daños y perjuicios que el empresario Aldo Lattuca había interpuesto contra la concejala de La Cámpora, Marina Magnani, quien en pleno recinto lo había vinculado con el submundo del narcotráfico.
Magnani había tomado la palabra el 13 de septiembre de 2018 en el recinto de sesiones en momentos en que el cuerpo legislativo local debatía el proyecto que el empresario había presentado para realizar torres de departamentos y un complejo comercial en el predio que hoy ocupa una playa de estacionamiento por Corrientes, a metros de la peatonal Córdoba. Es más, el predio también tiene salida por Paraguay.
El proyecto tuvo una férrea resistencia fundamentalmente por parte de La Cámpora y el bloque de Ciudad Futura. Se debatió largo tiempo en comisión hasta que Lattuca finalmente tomó la decisión de dejarlo de lado y no encarar esa inversión.
Pero lo que no pudo dejar pasar fueron los dichos de Magnani, quien directamente lo vinculó con el fallecido narco Luis Medina y la banda narcocriminal de Los Monos. “Hace tiempo venimos discutiendo cómo cortarle al narcotráfico las vías de inversión en la ciudad. Y acaba de pasar un expediente de un empresario que aparece en declaraciones muy vinculado a (Luis) Medina y a Los Monos. El expediente se considera por el valor urbanístico, cuando muchos concejales venimos planteando ir un poco más allá”, dijo la concejala en el recinto.
Lattuca directamente le inició una querella y la demandó por 2 millones de pesos. Finalmente, el 28 de octubre de este año y en una audiencia de conciliación, la concejala se retractó de sus dichos y remarcó que no fue su intención “ofender ni mancillar la actuación ni el buen nombre” del empresario, quien desistió entonces de seguir adelante con la demanda.
No obstante, la resolución judicial fijó que Magnani debía hacerse cargo del pago de los honorarios de los abogados, que ascendieron a unos 400 mil pesos, algo que no pasó ya que el Concejo decidió hacerse cargo de ese pago.
Insólito
La madrugada del 5 de noviembre el Concejo aprobó una resolución en la que acordó hacerse cargo del pago que debía afrontar Magnani por injuriar al empresario. Es más, hasta dispuso de qué partida debía salir el dinero.
En una actitud inexplicable el proyecto vinculó la irresponsabilidad de la concejala con la defensa de la libertad de expresión. Es más, sin medias tintas se remarcó en los considerandos que “han ocurrido hechos que intentaron coartar la libertad de expresión y de opinión de los concejales y concejalas integrantes del cuerpo, por acciones, opiniones o discursos vertidos en el recinto de sesiones y/o mientras desempeñan sus respectivos mandatos legislativos”. Y se dispuso que que el Concejo se hará cargo de las costas del convenio judicial correspondiente y no Magnani de su propio bolsillo.
El tema generó una profunda polémica este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria y este jueves el bloque de Juntos por el Cambio presentará un proyecto para que se dé marcha atrás con esa resolución.