Los inquilinos deberán pagar el impuesto a los sellos, el que el gobernador Omar Perotti pretendía eximir a través de un proyecto que evió a la Legislatura.
Desde Inquilinos Rosario, una de las asociaciones que defienden los derechos de los locatarios, mostraron este miércoles su malestar por la decisión del Senado provincial de no darle tratamiento al proyecto que eximía del pago del impuesto a los sellos a los inquilinos en los contratos de alquiler. Este martes la Legislatura santafesina no le dio tratamiento al proyecto presentado por el gobernador Omar Perotti.
En declaraciones al programa "Todos en la Ocho", uno de los referentes de Inquilinos Rosario, Emanuel Cannelli, indicó que esta decisión "tiene que ver con el contexto de cuestionamiento a la ley de alquileres". Lamentó: "Se trata de un retroceso en lo que veníamos pidiendo, que es igualarnos a otros distritos, como Córdoba, provincia y ciudad de Buenos Aires, donde los inquilinos no pagan ese tributo".
Canneli cuestionó que se trate de "una medida recaudatoria" ya que, argumentó, "un inquilino que pague 600 mil pesos para ingresar a una vivienda paga unos 60 mil pesos por sellado. Para la provincia, eso no representa una pérdida tributaria, pero el Senado decidió actuar así aún cuando el proyecto del Poder Ejecutivo tenía media sanción de (la cámara) Diputados".
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"El gran problema es que desde hace dos años, cada dos o tres meses se debate sobre la ley de alquileres. Eso genera que los inmuebles se saquen del mercado para esperar a ver qué sucede con la ley, lo cual deriva en una retracción de la oferta. Ahora estamos a la espera de qué es lo que hará el nuevo presidente cuando asuma, pero si avanza en las medidas que dijo que tomaría, eso sería una locura", concluyó.
Cannelli se refirió a los dichos del presidente electo, Javier Milei, quien a pocas horas de su triunfo señaló "que la ley de alquileres debe ser derogada" y que los contratos de locación deberían celebrarse libremente entre entre inquilinos y propietarios "en cualquier moneda", lo que dejaría vía libre a convenios tasados en dólares, entre otros perjuicios para quienes no tienen casa propia.
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