Celina Mutti Lovera / La Capital
Villa Banana es uno de los barrios donde se llevó adelante la intervención esta semana y luego vendrá el turno de Nuevo Alberdi.
Con dispositivos multiagenciales, la provincia se propone marcar una fuerte presencia en los barrios más vulnerables de Rosario y Santa Fe. Se trata de un despliegue territorial a través de diferentes ministerios y reparticiones del gobierno, con el objetivo de abordar y prevenir situaciones de violencia social y garantizar a los ciudadanos el acceso a los servicios y derechos elementales.
Estas intervenciones, que se llevan adelante a través del Plan Incluir, ganan terreno y se consolidan como una dinámica de intervención estatal inédita en materia de seguridad pública y también de acceso de la ciudadanía a los servicios y derechos elementales.
La virtud radica en que no se centran sólo en las clásicas estrategias penales o policiales que abordan e investigan los delitos una vez cometidos, sino que su accionar se caracteriza por la implementación de iniciativas vinculadas a un completo abordaje social en los barrios más vulnerables de Rosario y también de la capital.
La última semana la intervención hizo base en el barrio Villa Banana, como paso siguiente a lo hecho en febrero en Grandoli y que continuará en Nuevo Alberdi.
Los vecinos que concurrieron al espacio encontraron puestos de atención e información sobre el Centro Territorial de Denuncias (CTD), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para la solicitud de certificados de buena conducta y información sobre el Boleto Educativo Gratuito (BEG), además de una oficina móvil del Registro Civil, puestos de vacunación contra Covid-19 de primera, segunda y tercera dosis y de áreas de la Municipalidad, así como también una oficina de Anses.
El tipo de estrategia que contemplan estos dispositivos se compone de un conjunto de acciones que buscan intervenir en los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que pudieran contribuir a situaciones de violencia, que se estructura con la participación de cada uno de los poderes y niveles del Estado.
“Desde el gobierno de la provincia, cuando iniciamos el Plan Incluir, una de las definiciones del gobernador Omar Perotti, en términos de política pública, era la creación y el armado de los dispositivos multiagenciales junto con la Justicia, la intervención de otros ministerios y demás niveles del Estado”, recordó el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach.
El funcionario explicó además cómo se toma la decisión de los barrios de las dos ciudades más pobladas de la provincia donde es necesario actuar.
“En el caso de Villa Banana tomamos los indicadores que tienen que ver con lesionados, por armas de fuego y homicidios. Entonces, junto con el municipio, intervenimos con distintos organismos municipales, provinciales y nacionales”, indicó el ministro.
La mecánica del dispositivo incluye una intervención en materia de infraestructura y hábitat, con una fuerte inversión de la provincia, los municipios y la Nación para la apertura de calles y relocalización de viviendas.
“También estamos presentes en la cuestión social, donde avanzamos con la problemática alimentaria y, fundamentalmente, con todo aquello que tiene que ver con la capacitación, con los oficios, a través de programas como el Santa Fe Más, para los jóvenes del barrio que tratan de conseguir un trabajo”, agregó por su parte el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani.
En definitiva, la intervención de los dispositivos contempla una etapa de regulación y control, con acciones orientadas tanto a desactivar la presencia delictiva en los territorios seleccionados como a prevenir nuevas manifestaciones. Entre ellas, se contempla la promoción de estrategias coordinadas de patrullaje, control, regularización y reordenamiento del uso del espacio público, así como medidas de persecución penal estratégica.
En cuanto a la segunda etapa, vinculada a lo edilicio y habitacional, se pretende aportar a la desestructuración de ciertos circuitos de violencias mediante procesos de regularización de la tenencia de la vivienda y la mejora de las condiciones de seguridad habitacional y los entornos residenciales.
Así, implementan estrategias orientadas a mejorar la circulación y la transitabilidad de los barrios, como el despeje y la limpieza de espacios públicos, la colocación de luminarias y obras de infraestructura que permitan la apropiación de los territorios por parte de los vecinos.
En una tercera etapa, socio-comunitario, las estrategias aportan a la desestructuración de las múltiples violencias desde una perspectiva de inclusión y empoderamiento subjetivo. Las mismas se asocian a la prevención social del delito y tienen como fin abordar situaciones de vulnerabilidad que pueden convertirse en terreno fértil de prácticas violentas.
De esta manera, en lo que respecta al abordaje social, se planificó tanto la implementación de políticas sociales universales (que garanticen el acceso a derechos básicos a los vecinos y las vecinas), así como también políticas focalizadas para resolver problemas puntuales detectados en cada barrio.
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