Crítico informe de la Sindicatura de la Nación sobre Vicentin

Faltaron colaboración e información, pero sobraron dudas. Ese es el resumen de las conclusiones elaboradas por los especialistas de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que realizaron la auditoría de corte en Vicentin Saic, a pedido de la intervención.

Poco después de que el gobierno nacional decretara la intervención de la empresa que defaulteó por u$s 1.400 millones a más de 2.600 acreedores, trabajó en la sede de Avellaneda entre el 16 y 19 junio. Hicieron entrevistas, arqueos, relevamientos de acreedores, corte de documentación y pidieron libros y cuentas bancarias, entre otras cosas.

No fueron muy bien recibidos, a juzgar por lo que escribieron en el informe que se difundió sobre el fin de semana. "Durante la auditoría no fuimos atendidos por gerentes ni directores de la empresa, sino por un síndico integrante de la Comisión Fiscalizadora, quien, a su vez, cumple tareas de asesoramiento contable", señalaron, antes de poner en tela de juicio la compatibilidad de esa doble función.

Aseguraron que tampoco se les brindó información contable "que permita cotejar los controles realizados durante la auditoría de corte". Sobre todo, en un punto que preocupa mucho tanto a los gobiernos nacional y provincial como a los acreedores extranjeros que presentaron un pedido de discovery en la Justicia estadounidense: la información completa y actualizada sobre "el entramado societario íntegro del grupo Vicentin Saic, ya sea en el país y en el exterior.

Los auditores solicitaron información sobre la composición accionaria de la sociedades en las cuales Vicentin Saic es accionista minoritario, así como información que permita comprender la relación entre Vicentin Saic y Vicentin Family Group.

"Por la carencia de información aportada por personal de la empresa, no se pudo verificar la real conformación del holding de sociedades que integra Vicentin Saic", escribieron. Pero sí pudieron determinar, a partir de los datos relevados, que existe "un entramado societario grande y complejo".

La compleja madeja de sociedades vinculadas está bajo la lupa de las autoridades, que entienden que en ese laberinto se puede rastrear la ruta de los recursos que hoy no están disponibles para el pago a acreedores comerciales, financieros y fiscales, entre otros. De hecho, también hay accionistas y sociedades del grupo en la fila de quienes pretenden cobrar.

La Sigen constató durante el arqueo de fondos que hay una "administración centralizada de muchas empresas del grupo", que "conlleva a la superposición de los patrimonios de las distintas sociedades".

Es más, los inspectores advirtieron que en esa relación hay "riesgo potencial de utilizar fondos" de la empresa concursada para "cancelar compromisos de otra sociedades, en detrimento del patrimonio societario".

El informe menciona que en el acta de intervención labrada el 11 de junio se deja constancia que Vicentin Saic administra a Buyanor SA, Algodonera Avellaneda SA, Oleaginosa San Lorenzo SA, Renopack, Sir Cotton SA, Emulgrain, Sottano SA, Servicios Fluviales, Río del Norte, Vicentin Desarrollos SA, Sudestes Textiles SA y Diferol SA. Y subraya que la gestión de estas firmas está a su cargo, "más allá de que la participación accionaria sea pequeña, mediana o grande". Incluso muchas comparten el domicilio de la empresa concursada.

Traspasos expeditivos

Pero los auditores sospechan que el listado de empresas vinculadas no se agota en esa lista. Apuntaron, por ejemplo, que, el día después de la cesación de pagos, el directorio de Vicentin Saic "trató la venta total del paquete accionario de Tastil a Losagor por u$s 1,6 millón".

La información surge de la lectura de las actas de ese órgano de administración, en las que "se puede visualizar el escaso análisis de los temas tratados en las reuniones".

"En las actas de directorio 2461 y 2463 se resuelve la venta y transferencia de acciones a Renova, de propiedad de Vicentin Saic (sucursal Uruguay), señaló el informe. Pero anota que "ni en el acta ni en los informes adjuntos" se detallan "los montos de la operación involucrados ni la razonabilidad de los precios de acciones transferidas, ni la aplicación de los fondos resultantes, que serían cercanos a los $ 122 millones".

El informe de la Sigen también anotó que se encontraron "chequeras completas firmadas en blanco", pero no un registro que llevara el control de cheques emitidos. También se detectaron 89 reclamos administrativos en los que la sociedad es parte con la Afip.

Los auditores advirtieron sobre "la debilidad en el control de la tecnología informática de la empresa".

El informe de la Sindicatura General de la Nación criticó el desorden administrativo de la compañía santafesina.

Destacó la inexistencia de un "organigrama formal aprobado por el directorio", y a la ausencia de "procedimientos escritos y aprobados que definan misiones y funciones, ni circuitos administrativos". Tampoco había auditoría interna.

Malas finanzas

El grupo Vicentin tuvo en los últimos años “un desempeño comercial óptimo”, por lo cual la insolvencia esgrimida para presentarse a concurso preventivo de acreedores “es por un mal manejo financiero” ligado al gobierno de Mauricio Macri, concluyó un análisis de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). “La facturación anual de Vicentin da cuenta de un desempeño comercial óptimo, por lo que su insolvencia no es debido a malos resultados comerciales, sino a un mal manejo financiero”, indicó el reporte.