Por Claudio González
La agencia de viajes y turismo funcionó más de 25 años en un local de Córdoba al 1281.
La justicia civil de Rosario determinó que la emblemática agencia de turismo Le Rondini fue objeto de una “quiebra fraudulenta por confusión patrimonial” de “socios ocultos” que supuestamente iban a oxigenar a la firma, extinguida en 2017. La resolución será un elemento clave de un legajo penal donde la original dueña de la empresa denunció a esas personas por la posible comisión de delitos de “defraudación y estafa”.
Hace pocos días se resolvió un trámite judicial elemental para conocer el intrincado y dudoso proceso que llevó al quebranto a Le Rondini, una agencia de viajes y turismo con marcado arraigo comercial durante casi 30 años en Rosario, donde supo contar con un amplio local en Peatonal Córdoba 1281.
La firma entró en cesación de pagos y en 2017 se decretó la quiebra, que se hizo extensiva a su original dueña, Adriana Todisco. Sin embargo, el síndico del proceso judicial detectó maniobras de un sospechoso vaciamiento de la firma por parte de profesionales que, dos años antes, se habían sumado a la sociedad para rescatarla económicamente.
Los exhaustivos balances y pericias de la sindicatura asentados en la quiebra que tramitó el juez civil y comercial, Pedro Boasso, determinaron que antes de caer en bancarrota se esfumaron más de 6 millones de pesos de Le Rondini. Además se detectó el desapoderamiento sospechoso de inmuebles de Todisco y su ex marido (fallecido) Enrique Curridor, adquiridos por los “nuevos socios” a un precio ostensiblemente menor al de mercado, entre otras irregularidades.
Luego de evaluar la desprolija conformación de esa sociedad, de fondos no asentados en los balances, entre otras circunstancias, el 21 de abril de 2020 y mediante la sentencia 246, el juez Boasso decretó la “quiebra fraudulenta” de la que habría sido víctima Todisco y su fallecido marido.
El magistrado extendió la responsabilidad del vaciamiento por “confusión patrimonial” a los “socios ocultos”. Se trata de Claudio A.B, agente bursátil; Norvald B., gerente, y Raúl A., este último un histórico contador que supo tener Le Rondini y arrimó a los otros dos a la empresa en el momento de asfixia.
Es que esas personas habían firmado en 2015 un “acuerdo de entendimiento” con Curridor y Todisco, avalado por la escribana Alejandra C., pero que jamás fue asentado en el Registro Público de Comercio.
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La sentencia de Boasso fue apelada por las defensas de los tres involucrados. Entonces el expediente se elevó a la sala IV de la Cámara Civil y Comercial de los Tribunales provinciales, integrada por los jueces Edgar Baracat, Avelino Rodil y Juan José Bentolila, que decidieron confirmar la quiebra fraudulenta de la emblemática operadora de turismo.
En la resolución, que tuvo como juez de trámite a Baracat y contó con el aval de los otros dos vocales, se remarca “acreditado” que “los demandados, lejos de retirarse de la sociedad, terminaron incorporándose y asumiendo la administración de la empresa”.
El escrito señala además que “al regularse la posibilidad de llevar adelante el despido del personal, las partes estipularon que el monto de las indemnizaciones sería soportado una tercera parte por el matrimonio Curridor-Todisco “a título personal”, y las “dos terceras partes restantes a cargo de todos los socios”.
Citan en ese sentido el testimonio que volcó en el expediente de la quiebra un ex empleado, quien expuso que “con anterioridad a la firma de ese acuerdo de entendimiento, los socios ingresantes Claudio B.; Raúl A.; y Norvald B., tomaron a su cargo la administración y realizaron una auditoría para determinar el valor real de la empresa”.
El testigo recordó además que entonces el valor de Le Rondini se fijó en 10.000.000 de pesos, que “nunca le fue abonado a los socios cadentes (Curridor-Todisco), y que vaciaron a la empresa, cambiaron los precios publicados para descolocarla del mercado, que no pudiera operar por no ser competitiva y despidieron mucho personal”.
“El manejo de la caja en aquella época era rendida diariamente” a Raúl A. y Novarld B. Además, a partir del relato de testigos y la documental cotejada, esta dos personas trasladaban el dinero a calle Mitre 868, donde funciona Cambio Estelar SRL, cuyo titular es otro de los socios ocultos, Claudio B.
Para los magistrados, “si bien es verdadero que la falta de inscripción en el Registro Público de Comercio (del acuerdo de entendimiento) no autoriza a sostener la existencia de socios ocultos, no puede dejarse de considerar, que ello, sumado a otros elementos probatorios, puede formar convicción del aludido ocultamiento”.
La Cámara Civil rechazó las apelaciones y las quejas de los apelantes y confirmó la quiebra fraudulenta de Le Rondini por confusión patrimonial. Con esta resolución, el caso toma una dimensión que promete otro capítulos en el fuero penal, donde la damnificada Todisco denunció a principios de 2020 la posible comisión de estafa y fraude.
El caso está en manos del fiscal Miguel Moreno, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, que a mediados de 2020 reactivó la investigación ante la posible trama delictiva en el quebranto de Le Rondini.
Según pudo saber este diario, el funcionario tendrá en cuenta la resolución de la Cámara Civil para determinar si es necesario ordenar medidas en el legajo Nº 21-06795400-6, donde figuran denunciados el contador Raúl A., el agente bursátil Claudio A.B., y Norvald B.
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