Jorgelina está estancada hace ocho años en un juicio laboral. Era secretaria de una clínica hasta mediados de 2012. Entabló la demanda contra la patronal, la llamaron para la primera audiencia al año, y recién hace tres meses tuvo sentencia favorable, aunque hasta el momento no pudo cobrar la indemnización. Como ella hay miles de personas que a diario deambulan por los abarrotados juzgados laborales de Rosario en busca de una respuesta, que no siempre llega a tiempo. Para hacer frente a los más de 20.000 expedientes promedio al año (2019 puede terminar con 23.000) que ingresan a los Tribunales de Rosario, el Poder Judicial busca poner en marcha cambios sustanciales en el Código Procesal Laboral, con jueces conciliadores y participativos, oralidad en audiencias, celeridad, digitalización de expedientes, comisiones médicas y juicios abreviados. La provincia concentra los mayores índices de litigiosidad del país, e impulsa la adhesión a la ley nacional de riesgos de trabajo como otra herramienta esencial que permita revertir la actual situación.
Para tomar dimensión del colapso actual y casi crónico del fuero del trabajo en Santa Fe, basta con repasar algunos datos de los últimos dos años y medio. En 2017 ingresaron 19.764 demandas laborales a los Tribunales de Rosario. En 2018 casi no hubo variación, con 19.872. Casi 20.000 expedientes que se repartieron entre los diez jueces, con un promedio de casi 2.000 carpetas cada uno.
Y la proyección para 2019 no es alentadora. Según registros de la Cámara Laboral a los que tuvo acceso La Capital, al 21 de agosto ya se habían contabilizado 13.652 litigios en el fuero del trabajo. Se estima que a fin de año llegarán a 24.000 o 25.000. Esa realidad casi inabarcable que comprime miles de fojas de papel en plena era digital, lleva a un cuello de botella que desemboca en la exasperante demora que deben padecer las partes.
Desde lo humano y material es casi imposible hacer frente a semejante demanda en las condiciones actuales. Más aún porque la perspectiva marca que la profunda crisis económica que golpea desde hace varios años a las pequeñas y medianas empresas, comercios y diversos rubros, arrastra a la calle cientos de trabajadores. En los últimos meses, los despidos se incrementaron considerablemente y los conflictos rebotan directamente en el Palacio de Justicia, de Pellegrini y Moreno.
Frente a esto, Santa Fe se ubica entre las provincias con mayor litigiosidad laboral. A ello se debe agregar que desde 2018 se espera que el gobierno provincial adhiera a la ley de riesgos del trabajo (aprobada en 2017), que crea y descentralizada las comisiones médicas que constatan accidentes laborales, otra de las causas que aumenta el flujo de expedientes. En el territorio santafesino existe una sola oficina y está ubicada en Rosario (ver aparte).
“Es inaudito que una trabajador de Las Toscas o cualquier otro punto distante tenga que viajar siete, ocho o diez horas porque la única comisión médica está en Rosario. Córdoba adhirió a la ley y tiene tres. Eso se traduce en un 20 por ciento menos de juicios y beneficios para todos”, interpretan en los pasillos de los Tribunales sobre el favorable cambio que experimentó la provincia mediterránea.
Las variables que se conjugaron a lo largo de los años para alcanzar ese estado de situación son muchas: viejos esquemas administrativos, abogados especuladores, procedimientos que no se ajustan a la dinámica actual de los conflictos y personal atrapado en la burocracia judicial. También intereses económicos que se juegan entre honorarios, acuerdos espurios y pólizas de las compañías.
No da para más
Ante esto, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, la Corte Suprema de Santa Fe, operadores judiciales en los que se incluye a jueces y colegios de abogados, legisladores y funcionarios encararon la reforma del Código Procesal Laboral (ley 7.845). Después de lograr consenso entre los sectores políticos, a fines de 2018 la Cámara de Diputados sancionó la ley 13.840, que incorpora las modificaciones. En enero el gobernador Miguel Lifschitz la reglamentó, pero aún no se pudo instrumentar de manera efectiva, aunque se está avanzando con infraestructura y nombramientos.
Las nuevas pautas procesales persiguen un cambio de paradigma: optimizar la tarea administrativa, digitalizar los expedientes, acelerar los procesos para acortar plazos, incorporar audiencias orales. Según la ley, el objetivo es la "concentración, simplificación de trámites, economía, eficiencia, despapelización y celeridad, en un marco de oralidad y transparencia tendiente a la pronta resolución de la causa".
Conciliador
"Tenemos que cambiar la cabeza todos, los jueces, secretarios, empleados, abogados. Acá hay que trabajar para bajar la litigiosidad y darle respuesta rápida a la gente. No puede ser que tengan que esperar un año para la primera audiencia una vez planteado el juicio", refirió Eduardo Pastorino, integrante de la Cámara Laboral de Rosario, en diálogo con LaCapital.
Después de analizar posibles soluciones, los actores involucrados descartaron la idea de nombrar más jueces. Como eje articulador se contempla la creación de una "oficina de conciliación y ordenamiento procesal", un rol más activo de los jueces con perfil mediador, que tienen la obligación de convocar a la primera audiencia a los 30 días de planteado el litigio (hoy puede demorar hasta un año), controlarán pruebas, y podrán homologar acuerdos como salida rápida al conflicto.
Uno de los puntos importantes de la reforma establece la creación de un cuerpo de médicos (artículo 83) dependientes del Poder Judicial. Esos profesionales elaborarán un dictamen si el trabajador judicializa el caso luego del obligatorio paso por la comisión médica evaluadora de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El espíritu de la ley es lograr "el crédito alimentario del trabajador", si correspondiera, "con la debida preservación del orden público laboral y de los derechos irrenunciables que consagra la ley de fondo, serán los jueces y funcionarios del fuero los que deberá custodiar los preceptos".
Una vez contestada la demanda, el juez proveerá la pruebas y fijará de oficio una audiencia que deberá realizarse en un plazo "no mayor de treinta días". La figura del "conciliador laboral" tendrá un rol relevante: deberá tomar personalmente la audiencia de trámite, tratará de mediar y buscar acuerdos que podrá promover de forma total o parcial respecto de las pretensiones de actores y demandados.
Evitar dilaciones
Si bien la finalidad primera del juez mediador o conciliador será lograr el acuerdo de partes, si no lo consigue igualmente tiene que tender a simplificar el litigio, aclarar errores materiales, reducir la actividad probatoria y la carga documental para economizar el proceso.
Si se alcanza un acuerdo sobre cualquiera de los aspectos tratados, se hará constar en el acta de audiencia y podría ser homologado por el juez con una resolución fundada, lo cual producirá el efecto de sentencia. Con los cambios, el magistrado tiene "amplias facultades" para evitar "dilaciones innecesarias" y, en caso de "violación de la buena fe procesal", o conducta "maliciosa y temeraria", puede imponer sanciones.
Está claro que para algunos sectores estas modificaciones al procedimiento laboral significan un paso importante para descomprimir y transparentar los procesos. Con un gobierno provincial que está finalizando su mandato, todas las miradas apuntan al consenso que se logre con el electo gobernador Omar Perotti. Igualmente, estos aspectos de la administración de Justicia están en la agenda del tan comentado proceso de transición política.
