Posadas- La vicegobernadora de Misiones, Sandra Giménez, anticipó que el gobierno analiza la posibilidad de suspender las adopciones hasta tanto se garantice transparencia en ese proceso.
Posadas- La vicegobernadora de Misiones, Sandra Giménez, anticipó que el gobierno analiza la posibilidad de suspender las adopciones hasta tanto se garantice transparencia en ese proceso.
Giménez sostuvo ayer que tiene “la certeza de que hay inescrupulosos que lucran en los procesos de adopciones en Misiones y dijo que se analiza suspenderlas hasta que se encuentren los mecanismos jurídicos y administrativos que aseguren la transparencia.
La vicegobernadora dijo que trabaja “hace 15 años para lograr que la cuestión de la adopción sea una cuestión de reivindicación familiar y no un delito, como se ha comprobado en muchos casos”.
La diputada Sandra Montiel, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y autora de la ley del Registro Unico de Madres Biológicas, sostuvo que “lo que se debe hacer es cerrar el padrón a los matrimonios extraprovinciales, porque el negocio en el tema de las adopciones lo generan las familias que vienen a buscar bebés dede afuera”.
En diálogo con Télam, la diputada oficialista reveló que el 85% de las adopciones que se registran en la provincia se otorgan a familias de afuera de la provincia, mientras que solo el 15% restante favorece a familias misioneras.
“Hay familias misioneras que esperan años y años para poder tener la posibilidad de adoptar una criatura, sin embargo los adoptantes que vienen de afuera en 6 meses ya se van de la provincia con un bebé en brazos”, advirtió.
La legisladora, recordó además que el Registro Unico de Aspirantes a Adopción de la provincia, “prioriza claramente a las familias con domicilio en Misiones por sobre cualquier otro aspirante”.
Montiel, presidenta también de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura provincial, presentó esta semana un proyecto de Ley, en el cual exige la censantía a todos aquellos empleados de la administración pública, Registro de las Personas, Hospitales Públicos y Juzgados de Menores “que sean declarados culpables o partícipes necesarios en las adopciones irregulares investigadas por la justicia”. (Télam)
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