Alcogal, el protatonista panameño de los "Pandora papers"

Los "Panamá papers", investigación de 2016, se centró en el desaparecido estudio Mossack Fonseca. Pero Panamá no pasó de moda, y vuelve a aparecer en los "Pandora papers". No es la primera vez que el despacho panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) ha estado vinculado a escándalos de corrupción. Según los Pandora Papers, el pequeño despacho ha jugado un papel destacado en la creación de empresas en el extranjero para 160 políticos y altos cargos públicos latinoamericanos.

Durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en “un imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica” que buscan ocultar su riqueza, según muestra el Pandora papers, la filtración masiva de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre sus clientes hay expresidentes panameños y ex funcionarios de alto rango de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otros. Casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en Pandora papers tenían vínculos con Alcogal, fundada por Jaime Alemán en 1985, quien reclutó a otros tres abogados: Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee.

El bufete también prestó servicios a personas implicadas en algunos de los escándalos de corrupción más destacados de América Latina, como el Lava Jato que protagonizó el gigante brasileño de la construcción Odebrecht y el escándalo internacional de corrupción del fútbol “Fifagate”, así como la salida ilícita de recursos fiscales de Venezuela al extranjero.

“Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, que se están beneficiando de este sistema offshore”, comentó a la BBC Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina.

Maira Martini, investigadora de operaciones de lavado de dinero de Transparency International, confirma que los clientes de Alcogal estuvieron relacionados con algunos de los mayores escándalos de corrupción. Alcogal, señala Martini, “no realiza preguntas a sus clientes y hace la vista gorda en relación a las actividades que realizan. Aunque los Pandora Papers no prueban que Alcogal estuvo directamente involucrada en actividades ilegales, levanta una bandera roja para que sean investigados por la justicia”, apunta.

La investigación de los Pandora Papers, que se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales, señala que existe una economía en la sombra a la que acceden personas ricas y poderosas. “Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores penales”, afirma la ICIJ.

En una carta dirigida al consorcio de periodistas, Alcogal declara que la constitución de empresas “es solo un aspecto” de sus servicios legales y que opera en “pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos”. La empresa “lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio”, se afirma en la misiva.

Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron utilizadas para desviar fondos de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, en ruinas luego de 22 años de chavismo. El gobierno de Estados Unidos incluyó al banco en su lista negra como una “preocupación principal por el blanqueo de capitales”.

La mayoría de las empresas fueron disueltas y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión en aquella lista negra en 2015. También a petición del BPA, Alcogal creó dos empresas que luego fueron usadas por Odebrecht para canalizar US$30 millones en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes.

Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron que Martinelli, que ha tenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado. Los documentos también muestran Alcogal registró dos empresas propiedad del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, su hermano, su padre, y otros asociados. Cuando Varela era presidente, la prensa local publicó que una parte de su campaña fue financiada con recursos provenientes de operaciones de lavado de dinero, acusación que el exmandatario rechaza.

Alcogal determinó en aquel entonces que el caso no requería seguir siendo investigado. Según el ICIJ, los fundadores y socios de Alcogal “forman parte de la misma clase política a la que presta servicios su empresa. Ellos han entrado y salido del gobierno panameño y de posiciones políticas por décadas”. Entre las operaciones del bufete de abogados también figura que en 2006 registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas. Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones de la firma se transfirieron a Nasry Juan “Tito” Asfura, según los documentos. Asfura, entonces comisario de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras para el mes que viene.

El año pasado el fiscal general de Honduras pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, que ahora es alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio. Asfura declaró al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que no es propietario de la empresa en el extranjero y que no tiene inversiones en paraísos fiscales.

Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. Sobre el banco andorrano, la firma de abogados dice que no tenía “ningún motivo para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a clientes de dudosa reputación”. Los documentos filtrados muestran que la firma de abogados aceptó clientes referidos por BPA para actuar como el agente encargado de compañías en el extranjero de algunos aliados del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez. Entre ellos, Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos.

En 2015, FinCEN, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiga delitos financieros, incluyó al BPA en su “lista negra” por posible lavado de dinero. La FinCEN afirmó que los banqueros y sus clientes venezolanos trabajaron con funcionarios de alto nivel de Venezuela y agentes panameños para establecer empresas ficticias que luego utilizaron para “lavar fondos públicos saqueados”.

Tras lo señalado por la agencia estadounidense, Alcogal renunció a seguir siendo el agente registrado de algunas empresas vinculadas a clientes venezolanos, señalan documentos de los Pandora Papers. Ochoa y Villalobos y otros funcionarios venezolanos y algunos familiares fueron acusados por autoridades en Andorra, España, EEUU y Venezuela. Ni la FinCEN ni otras autoridades acusaron a Alcogal, como a ningún otro proveedor de servicios conectado a los exfuncionarios venezolanos. Villalobos no respondió a la solicitud de comentarios por parte del ICIJ , mientras que Ochoa -a través de su abogado- declinó referirse a su caso.

Las normas legales y bancarias internacionales exigen que las empresas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que puedan estar ayudando al blanqueo de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente. Pero según los documentos Alcogal no estaba segura de quién era realmente el propietario de las empresas que creaba. Permitía a los bancos y a otras empresas que le enviaban negocios ocultar esa información.

Alcogal señaló que actualmente no constituye sociedades, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revele la identidad del titular real. Alcogal dice que prepara informes de actividades sospechosas en cumplimiento de la legislación local. Si encuentra “información negativa” sobre una empresa o un cliente “procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de descargos de responsabilidad hasta la renuncia como Agentes Registrados y/o presentar informes de actividad sospechosa según corresponda en cada caso”, dijo la empresa al ICIJ.

Sin embargo, declaraciones en el pasado del abogado fundador del la firma, Jaime Alemán, muestran otra realidad. Durante una reunión para darse a conocer con los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas en 2013, Alemán afirmó que había tareas complicadas. “Es imposible tener archivos perfectos”, explicaba, según las actas de una reunión. “Tenemos más de 10.000 empresas activas. Es enormemente difícil realizar un seguimiento”. Alemán reconocía que el bufete no tenía información sobre la propiedad de todas las empresas que creaba y a las que representaba como agente registrado. Aun así, afirmaba, estaba seguro de que el bufete tenía en sus archivos la mayor parte de la información de los clientes solicitada. “La mejor prueba es que duermo bien por la noche, aunque nuestros archivos no sean perfectos”.

Ahora bien, ¿por qué Panamá? Históricamente Panamá ha sido una de las bases de operaciones de empresas que buscan pagar menos impuestos resguardando su identidad. Una de las cosas que hace atractivo a Panamá “es el secretismo, el anonimato con el que pueden operar los clientes”, dice la investigadora Maira Martini. “No tienen la obligación de revelar su identidad”. Si bien existe un organismo del gobierno encargado de fiscalizar las operaciones que realizan los bufetes de abogados, en la práctica, señala Martini, “no funciona”. “Alcogal ayudó a sus clientes a abrir sociedades en el extranjero y se aseguró de que sus nombres no aparecieran”, explica Maira Martini. “La firma también estaba apoyando a algunos de los bancos presuntamente involucrados en lavado de dinero”, agrega. Se supone que esos bancos, dice la experta, pedían a la firma de abogados que abriera compañías anónimas para sus clientes, sin hacer más preguntas. Esa forma de operar hizo que miembros de las élites latinoamericanas optaran por contratar los servicios del bufete. El organismo panameño encargado de supervisar las firmas que proveen servicios en el extranjero le dijo al ICIJ que ha tomado muchos pasos “efectivos y concretos” en los últimos años para luchar contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero.