El presidente venezolano, Nicolás Maduro, apoyó ayer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las competencias del Congreso en un polémico fallo que incluso fue sorpresivamente criticado por la fiscal general de la nación y que según la oposición busca darle poderes plenos al gobernante. En su primera aparición pública luego que el máximo Tribunal, señalado de estar controlado por el gobierno, se atribuyera el miércoles las funciones del Congreso, Maduro manifestó: "En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos sociales, civiles, políticos... de los derechos humanos". "La única ruptura del orden constitucional la encabezó la derecha fascista", dijo Maduro en alusión al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.
Maduro también acotó que asumirá la responsabilidad de resolver cualquier disputa entre las diferentes instituciones del gobierno y convocó una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de la nación para discutir el impasse entre los poderes públicos del país. A pesar de las críticas que generó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el ámbito local e internacional, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro no había dicho nada al respecto sino hasta ahora.
Horas antes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expresó preocupación y condenó el dictamen y afirmó que las recientes decisiones del Tribunal evidencian violaciones a la Constitución. Asimismo, llamó a reflexionar para que se tomen los "caminos democráticos" de respeto a la Constitución y se rescate la pluralidad. Su declaración fue sorpresiva porque había sido percibida como una estrecha colaboradora del gobierno socialista. Para el politólogo Luis Salamanca, la postura de la fiscal "significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista", comentó.
Las críticas internacionales han ido en aumento y ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió formalmente una sesión urgente para analizar la situación.
Paralelamente, la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para hoy a una concentración en una plaza del este de la capital, donde la Asamblea Nacional (Parlamento) realizará una sesión abierta. La oposición ha dicho que su estrategia para enfrentar el fallo del tribunal será con movilizaciones en las calles y gestiones internacionales. "Hemos entrado en una etapa de resistencia", dijo el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia, e insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista. Aunque la Sala Constitucional del máximo Tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias alegando un "desacato" del Congreso, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.
La oposición denuncia un "golpe de Estado" por parte de Maduro y desconoce al TSJ. Asimismo, presiona para que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúe en Venezuela, lo que Maduro tilda de "intervencionismo". Ayer 20 países solicitaron una reunión del Consejo Permanente de la OEA a más tardar el lunes. El secretario general del organismo, Luis Almagro, denuncia un "autogolpe" en el país petrolero.
Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron ayer a la lluvia de críticas que incluye a la Unión Europea, Estados Unidos y una decena de países latinoamericanos. "Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, habitualmente prudente frente a su vecino. Mientras, Panamá propondrá a Maduro una comisión internacional para un diálogo en Venezuela.
En Caracas, decenas de universitarios al grito de "¡Libertad!" se apostaron a las puertas del Tribunal para rechazar la sentencia contra el Congreso. Guardias con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. También algunos periodistas resultaron afectados. La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros "fuertemente golpeados". "Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban", agregó.
La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas, entre ellos la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.
España se sumó ayer a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que "si se rompe la división de poderes se rompe la democracia". En tanto, la Cancillería argentina informó que hoy se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur "ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela" (ver página 32).
Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud y consideró que la democracia venezolana está "claramente vulnerada".
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos se inició en diciembre de 2015, luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendiera, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores. Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Corridas. Un reportero gráfico fue reprimido en Caracas.
