En el peor momento, otro escándalo de corrupción sacude al PP de Valencia

El delegado del gobierno central español en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, fue destituido tras haber sido detenido en una operación anticorrupción en la que fueron arrestadas otras ocho personas.El anuncio de la destitución de Castellano lo hizo en rueda de prensa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El caso es un nuevo baldón en el Partido Popular (PP), cuyos dirigentes han protagonizado numerosos casos de corrupción, en especial en los gobiernos regionales. El pasado domingo, el PP sufrió una debacle en las elecciones municipales y regionales españolas.

   Tras prestar declaración ante la jueza del caso como imputado, Castellano fue puesto en libertad de forma provisional, aunque se le retiró el pasaporte para evitar que escape del país. Castellano se vio visiblemente ofuscado cuando se retiraba de una dependencia judicial ocultando las esposas con una prenda. La fiscalía anticorrupción investiga irregularidades en contratos de obras públicas que el ahora ex delegado realizó cuando era consejero de la Gobernación en el gobierno valenciano (2007-2014). Valencia está en manos del PP desde hace 20 años. La formación conservadora suspendió cautelarmente a Castellano, quien fuera entre 2012 y 2014 “número dos” del PP en la Comunidad Valenciana. Es decir, un hombre del núcleo del poder político en Valencia.

   “Las informaciones aparecidas conllevan un deterioro público muy significativo de la imagen del PP valenciano dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales”, admitió el PP en un comunicado.

   La suspensión se produce tres semanas después de que también fuera apartado del partido el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por otro escándalo relacionado con el cobro de comisiones ilegales. Agentes de la policía y funcionarios judiciales registraron desde primera hora de la mañana la casa de Castellano. También requirieron información a la consejería de Gobernación. En el gobierno regional, las consejerías equivalen a los ministerios.

   La investigación se inició a raíz de la denuncia de un contratista que alertó de irregularidades en la adjudicación y en la gestión de contratos otorgados por la consejería que dirigía Castellano a una empresa de servicios anti-incendios.
  La detención del delegado del gobierno central y figura del PP valenciano se produce en un momento muy complicado para el PP. El partido registró una importante caída de votos en la Comunidad Valenciana, tradicional bastión “popular”, y todo apunta a que perderá el gobierno regional a manos de la izquierda. La situación se repite en el municipio (ayuntamiento) de la ciudad de Valencia, donde el PP, pese al primer puesto, perdería el gobierno local.