La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunció ayer en esta ciudad la puesta en marcha del coordinador de distrito, un funcionario que estará a cargo de articular acciones entre los fiscales federales y provinciales en las causas de crimen organizado. En este contexto, la jefa de los fiscales nacionales respaldó el accionar del gobierno santafesino en la lucha contra las organizaciones delictivas. "No hay que subestimar las amenazas y poner toda la atención", dijo e indicó que las intimidaciones "preocupan a todos, por eso estamos en diálogo y en estado de alerta sobre cualquier dato de interés que puede llevar a un pronto término de esta investigación".
Gils Carbó mantuvo una apretada agenda ayer en su visita a la ciudad. Sobre el mediodía se entrevistó con el gobernador Antonio Bonfatti y los ministros de Gobierno y Justicia, Rubén Galassi y Juan Lewis respectivamente, para ajustar detalles del lanzamiento en Santa Fe del coordinador de distrito.
La actividad conjunta de fiscales federales y provinciales fue el resultado de las mesas de trabajo entre la Procuraduría, legisladores santafesinos y el gobierno santafesino. El coordinador de distrito es un fiscal que en cada provincia tendrá el rol de articular las acciones de fiscales federales y provinciales. "La falta de diálogo puede ser ganancia para las organizaciones criminales, por eso resulta fundamental fortalecer el trabajo conjunto con estrategias en común para que un Estado fuerte combata el crimen organizado", dijo la procuradora.
La labor luego se conecta con las procuradurías itinerantes en Capital Federal en áreas como narcocriminalidad, violencia institucional y corrupción policial, delitos económicos, lavado de dinero, trata de personas y delitos de lesa humanidad.
—Procuradora, ¿qué lectura hace de la violencia y los hechos vinculados al narcotráfico en Rosario?
—Son situaciones que nos llaman a ocuparnos y a hacernos cargo de la responsabilidad de dar respuesta a una demanda social que hay en todos los operadores judiciales, y las autoridades políticas, policiales, judiciales debemos forjar una estrategia en común. El objetivo es llevar adelante una seguridad democrática que respete las garantías para que se pueda avanzar con estos procedimientos y llevar la paz social a las familias.
—¿Respalda lo hecho por el gobierno santafesino y que ha disparado intimidaciones?
—Sí. Nos preocupa a todos. Especialmente a quienes somos responsables de llevar adelante las investigaciones en los ministerios públicos federales y provinciales. Estamos en diálogo y en estado de alerta sobre cualquier dato de interés que pueda llevar a un pronto término esta investigación.
Gils Carbó se refirió a las recientes amenazas recibidas por el ministro de Seguridad santafesino, Raúl Lamberto, y el secretario de seguridad, Matías Drivet.
"Personalmente he recibido muchas amenazas, no disminuyo el hecho. Cada vez que cotidianamente avanzamos en algo, nos vuelve la amenaza. Hay que tomarlo con la calma propia de este tipo de procesos, pero no subestimar la amenaza y poner toda la atención", subrayó Gils Carbó.
En otro orden, la procuradora general se refirió al anteproyecto de reforma del Código Penal al señalar que "estos cambios se están reclamando en ámbitos académicos y judiciales desde hace tiempo. Tenemos un Código de 1921, que fue objeto de múltiples reformas descoordinadas y que perdió organicidad y debe tener concordancia con la realidad".
