Los testigos protegidos saben que por esa nueva condición su vida cambiará si aceptan ingresar al Programa de Protección de Testigos y Querellantes, la ley provincial 13.494 sancionada en 2015 por medio de un proyecto presentado por el diputado provincial justicialista Leandro Busatto. Esa protección implicará para esos testigos no volver a recorrer las calles de su barrio, dejar de comprar en el almacén de siempre y no ver más a sus vecinos. El programa los trasladará a otras provincias o localidades santafesinas con otra identidad y las viviendas en las que habitarán no son mansiones ni hoteles cinco estrellas. Su principal tarea será permanecer vivos; subsistir con una asistencia provincial o nacional o un trabajo ocasional.
Estas condiciones no son fáciles de aceptar y hay algunos testigos que las rechazan. El caso más conocido en los últimos tiempos fue el de Carlos Argüelles, quien fuera imputado colaborador de la causa contra Esteban Alvarado y no aceptó ser incorporado al programa de protección a pesar de haber sufrido más de un atentado hasta que lo asesinaron el pasado 6 de septiembre.
Un caso parecido es el de Mariana O. que no está imputada en esa causa, no es testigo pero al ser hermana de uno de los testigos, Rodrigo O., ya fue blanco de amenazas e incluso una brutal balacera en la que resultó herida de cuatro disparos.
“Te ofrecen adecuarte a situaciones de vida muy extrañas; entre ellas ir a vivir con tu núcleo familiar a una comisaría o llevarte a otra ciudad por seis meses, conseguirte un trabajo y después de ese tiempo te las arreglas solo”, dijo Mariana, que no aceptó ingresar a un programa de protección pero encontró una forma intermedia de para procurarse algo de tranquilidad: se mudó a otra ciudad de la provincia donde ahora reside con custodia de Gendarmería.
Cuestiones personales
“Ni yo ni mi hermano estamos imputados en la causa, pero sí amenazados por otras cuestiones de tono personal que sucedieron con Alvarado. Es más, a mí ya intentaron matarme y no sé por orden de quién, pero lo supongo”, sostuvo sin titubear sobre lo ocurrido el pasado 13 de marzo de 2020.
Mariana estaba citada junto a Argüelles en Fiscalía, donde iban a entregar el cuaderno que con anotaciones sobre Alvarado que días atrás en este septiembre de 2021 tomó estado público. “Tenía una carpeta con documentación y datos sobre 40 crímenes que habrían cometido los sicarios”, dijo sobre el material que iba a entregar. Pero ese día apenas llegó hasta la puerta de su casa: “Cuando iba a subir a mi auto apareció un vehículo negro del que bajaron dos hombres que comenzaron a dispararme. Uno de ellos tenía dos pistolas. Me tiraron 35 balazos. Me dieron cuatro, pero pude salir por la puerta del acompañante del auto y correr”.
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A partir de ese momento tanto ella como su hermano viven situaciones impensadas. “Te cambia la cabeza. Yo ya no puedo trabajar; antes tenía una inmobiliaria pero después de lo de Argüelles, ¿cómo hago para mostrar un casa? Tengo que estar muy segura de que es un cliente en firme. Me mudé cinco veces de casa y hace una semana me hackearon el celular”, admitió.
El hackeo fue muy particular: durante la madrugada escuchó un sonido extraño en el aparato y después tuvo desagradables noticias. “Me hackearon y aparecieron fotos mías y de mi casa actual, obviamente sacadas con mi propio celular. Los mensajes empecé a recibirlos a las 7 y mis amigos también me escribieron por que aparecieron fotos de mi casa en las redes sociales”.
Aislamiento forzado
Mariana cuenta acerca de los cambios que experimentó su vida a partir de las amenazas y el ataque. “Tengo un aislamiento familiar que yo misma forcé. No quiero que me visite nadie por si pasa algo. Me despierto a medianoche, tengo insomnio y hago terapias alternativas para evitar enfermarme, porque todo esto también te baja las defensas”, contó.
“Entro en depresión, me quiebro y lloro sin estar triste; de impotencia, de bronca o simplemente lloro. Esto te cambia la personalidad. Estoy con menos seguridad en mis actos que la que yo tenía siempre y me refugio en Dios, rezo mucho”, abundó.
Como prueba de la persecución y los pies de plomo sobre los que camina la familia de la mujer, contó que “meses después de que me balearon estaba con mis sobrinos y fui a una estación de servicio a cargar nafta. En un momento me doy cuenta que el mismo auto negro que usaron para atacarme estaba parado a un costado. No estaba cargando nafta, simplemente parado”.
Opciones
En el caso de Argüelles en su momento firmó dos actas oficiales del Ministerio de Gobierno de fecha 26 de febrero en las que decidió “rechazar por sí, y en representación de su grupo familiar, el ofrecimiento realizado por los miembros el Programa y no prestar su consentimiento para su ingreso o participación del mismo”.
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“La decisión es personal y autonómica. Sólo fue testigo en reserva”, precisó en su momento una alta fuente del gobierno de la provincia luego de que fuera asesinado, y agregó que “sólo aceptó un custodio y un móvil en la puerta de la casa para el cuidado de su familia”.
El programa de protección de testigos, según consta en su sanción como ley, “ampara a toda persona que verosímilmente se encuentra en riesgo cierto de sufrir un atentado contra su vida, integridad, libertad, o en sus bienes, como consecuencia de haber sido víctima o testigo de un delito, o bien por haber colaborado en la investigación de un delito o participado en un proceso penal, sea en carácter de juez, fiscal, defensor o funcionario judicial”.
El dispositivo provincial, que se maneja con fondos reservados del Ministerio de Justicia y lo gestionan directores y subdirectores designados por el Poder Ejecutivo, debería funcionar. Pero en la práctica de la vida cotidiana “se hace muy extraño”, comentan quienes lo han rechazado.
“Estás como preso”
El caso de Mariana es muy particular. Las opciones que le ofrecieron no alcanzaron a convencerla. “Cuando te plantean ingresar al sistema de protección te ofrecen, entre otras cosas, mudarte de ciudad pero sólo con el núcleo: tu marido y tus hijos. Te gestionan una ayuda o un trabajo, pero sin otra familia. Te sostienen el nivel de vida, pero si vos ya tenías buenos ingresos obvio que no te los aseguran”, planteó.
Una alternativa era trasladarse a una seccional. “Un día me llaman desde el ministerio y me preguntan si aceptaría ir a vivir con mi núcleo familiar a la seccional 6ª de Santa Fe. Ellos te proveen de prendas y te alimentan. No podés llevar teléfono ni comunicarte con tu familia ni salir a la calle. Estás como preso”.
Cuando un testigo rechaza el plan la pregunta es: ¿No quiso seguridad? Y la respuesta, entre otras, podría ser que es una cuestión muy complicada y que muchas veces tampoco se sienten seguros de quienes los cuidan. Es el que el narco mueve mucho dinero y la plata modifica ambiciones y genera traiciones.
