Cañada de Gómez.— Un operativo policial realizado por la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas constató el ejercicio de la prostitución en un local ubicado a la vera de la ruta 9 y vías del ferrocarril (ramal hacia Las Parejas), y ahora se investiga si las 13 mujeres y la travesti que estaban en el lugar "ejercían la prostitución bajo el sometimiento del propietario del negocio".
El procedimiento del que intervinieron el juez en lo Correccional del Distrito Judicial Nº 6, Alberto Rizzardi, y el fiscal Angel Granato, además de policías, asistentes sociales y la propia jefa de la dirección, Mónica Beatriz Bibiani, se realizó el pasado sábado, a las dos de la madrugada, en el marco de una causa iniciada por profilaxis antivenérea.
Las autoridades encontraron en el fondo del inmueble dos habitaciones con camas, profilácticos usados y otros elementos que prueban que en el lugar se ejercía la prostitución, y además detectaron a 13 mujeres y una travesti, todas mayores de edad, quienes comenzaron a ser entrevistadas por los investigadores.
"El local permanecerá clausurado hasta que se termine de tomar la prueba, y será habilitado una vez que se terminen los informes que permitirán saber si en ese lugar había sometimiento o trata de personas", dijo ayer a este diario el juez Rizzardi.
Inicio. La investigación se inició en noviembre del año pasado cuando un particular hizo una denuncia en los Tribunales de Cañada de Gómez "por ejercicio de la prostitución", al tiempo que una carta anónima en el Buzón de la Vida, que funciona en las afueras de los bomberos, daba cuenta del supuesto trabajo como prostituta de una menor de 14 años.
La denuncia en el buzón (que tiene como misión combatir el narcotráfico) llegó a instancias de un juzgado Federal de Rosario. Los funcionarios iniciaron un trabajo de investigación con personal de Gendarmería en Cañada de Gómez que —con relación al supuesto trabajo de la menor— arrojó resultado negativo.
Al no haberse detectado ninguna transgresión a las leyes federales, el caso pasó a los Tribunales de Cañada. El juez Rizzardi convocó a la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas (dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe), cuyos funcionarios se pusieron a trabajar en el caso.
"El procedimiento reunió a unas 15 personas, entre policías y funcionarios, y ahora estamos esperando el resultado de las entrevistas tomadas", dijo Rizzardi, tras añadir que la empresa ya solicitó a través de una nota que el local vuelva a ser habilitado.
W.G.
Por Lucas Ameriso
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