Por Patricia Martino
Agustín Salvia llegó Rosario para participar de la conferencia “Argentina: un modelo de desarrollo económico y social fallido, desigualdades sociales, pobreza e inseguridad” que dictó en la UCA en el marco de la presentación de las nuevas licenciaturas en ciencias políticas y relaciones instituciones.
Agustín Salvia es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
La estanflación amenaza la economía argentina y frena la caída de los índice de pobreza que venían registrándose en los últimos períodos. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), consideró que frente al actual contexto inflacionario y estancamiento de la actividad “la pobreza va aumentar”.
Salvia llegó Rosario para participar de la conferencia “Argentina: un modelo de desarrollo económico y social fallido, desigualdades sociales, pobreza e inseguridad” que dictó en la UCA en el marco de la presentación de las nuevas licenciaturas en ciencias políticas y relaciones instituciones de la casa de estudio y en la previa a su disertación habló con La Capital sobre las perspectivas para el 2023.
Anticipó un giro en los indicadores. La tasa de pobreza venía en baja. Durante el primer semestre de 2022 se ubicó en 36,5% -según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)- y en el Gran Rosario cayó 8,2 puntos en un año y alcanzó al 31,2% de la población. El próximo 30 de marzo el organismo estadístico publicará las cifras oficiales del segundo semestre del año pasado, un período marcado por turbulencias económicas y políticas.
En el año electoral, las perspectivas dejaron de ser positivas. Es que, apuntó Salvia, el mayor consumo y la recuperación del empleo produce un efecto de caída de la pobreza. “Eso se logró en 2011/12 y 2017 pero ficticiamente”, dijo. A su juicio, eran parte de “burbujas” a las que las clases medias apostaron en el 2011, cuando ganó Cristina y en 2015, cuando Macri ganó con la promesa de pobreza cero y bajar la inflación. “Sin embargo, en 2018 otra vez vino la crisis, la pobreza saltó del 25% al 38% y por eso gana la propuesta política de Alberto de llenar la heladera”, recordó.
Con la pandemia, en 2020 la pobreza subió hasta el 47/48% pero luego bajó “en un contexto de reactivación, a pesar de la inflación, sobre fines de 2020 y 2021 y buena parte del 2022”. En ese período se creó más trabajo pero a Salvia no lo convence el mecanismo: “No se creó más empleo formal ni mejoraron los salarios”, lamentó. Igual, reconoció que las familias lograron recuperar su nivel de actividad, lo que produjo que la pobreza cayera al 35-36% durante el último semestre del año, “incluso algo por debajo de lo que había dejado Macri”.
“Es como si hubiésemos empatado, nada más que con mucha inflación y con un proceso de recesión en puertas”, opinó. Y vaticinó que ahora se viene justamente ese proceso, en el que “ya no hay oportunidad de crear más trabajo, ni siquiera informal”. Esa situación estaría alimentada por el efecto de “una estanflación que parece amenazar la economía argentina”.
Aclaró que “esto no es explosivo” pero “la pobreza va aumentar” y se quejó porque los programas sociales se incrementaron durante este gobierno y crearon una dependencia de los hogares pobres respecto de la asistencia pública. “Las clases medias bajas son los nuevos pobres, del 2017 a la fecha hay 4 ó 5 millones más de pobres en Argentina, fundamentalmente son clases medias bajas que cayeron en la pobreza”, enfatizó.
El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina entiende que esta clase media baja que ahora se ve empobrecida “no reclama programas sociales” sino “que se los deje trabajar tranquilos, que baje la inflación y que su trabajo les permita vivir”. Piden, dijo “seguridad y estabilidad”. Son demandas básicas, subrayó, que “todos los gobiernos les prometieron pero ninguno se lo garantizó”.
Acá entra a jugar el año electoral y el rol de estos segmentos que “políticamente están enojados y que se están volcando a la antipolítica”. Para Salvia es la parte de la población que le permitió ganar a Cristina en el año 2011 con el 54%, que le permitió ganar a Macri en 2015 y que luego aprobó el proyecto de Alberto Fernández” Hoy, opinó, “están apoyando el proyecto de Patricia Bullrich y de Milei en términos de enojo, como reacción frente a una política que ha vaciado su contenido, que es poco creíble”.
El director del Odsa considera que los meses que vienen no serán fáciles de recorrer, aunque estimó que “están dadas las condiciones para que no explote, para que con alta inflación y estancamiento lleguemos a las elecciones, se renueven las expectativas y haya posibilidades de un cambio de escenario”.
Para Salvia cualquiera de los que ganen tendrán que “tomar medidas de estabilización macroeconómica”, prescribió.
Y aunque fantaseó con que esta estabilización “no necesariamente significa ajuste”, consideró que “el sistema de precios se tiene que reacomodar”, dejando “perdedores y ganadores”. De hecho, llamó a “un acuerdo societal, un acuerdo político” que permita transitar ese camino sin entrar en un “colapso institucional o un colapso social”.
Es un camino, enfatizó, del que “no se va a salir sin un ajuste”. Y avizoró, en ese sentido, un “reacomodamiento” en el marco de las alianzas políticas, gremiales, sindicales, de los movimientos sociales, de los actores económicos, empresariales y de los sectores profesionales. “Lo importantes es que los actores económicos y sociales no utilicen la crisis como plataforma para la destrucción de quien esté en el gobierno”.
“Duele la palabra ajuste pero el Estado nacional va a tener que producirlo, no los provinciales que están manejando muy bien sus finanzas públicas”, dijo. De esa manera piensa que “las clases medias, que tienen 20.000, 50.000 ó 100 mil dólares” la sacarán del colchón e invertirán “en un país que va a progresar, que va a producir trabajo, que va a crear beneficios, ganancias”.
Salvia las llama “reformas estructurales progresistas”. Aunque, paradójicamente, apuntan, por ejemplo, a reformar la ley de contrato de trabajo. Es que para el investigador, esa norma es culpable de que “al trabajador que se incorpora en un taller se lo explote y se lo mantenga en situación de precariedad laboral”.
En materia impositiva, en cambio, sí considera necesario una reforma por la cual “los sectores más pudientes hagan aportes de ganancias mayores”. También que el sector financiero debe aportar. “Hay cambios, giros estructurales que hay que hacer en materia tributaria, laboral y de seguridad social”, subrayó. Y, aunque aclaró que los programas sociales “no se pueden erradicar de manera inmediata”, sí deben ser reformados.
El director de la Odsa llamó a combatir la violencia que afecta a los sectores vulnerables pero aseguró que el combate al narcotráfico es “más complejo”
Sobre la particular ola de violencia que vive Rosario, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), advierte que todo tiene que ver con el avance del narcotráfico en la ciudad como centro de acopio y distribución para todo el país y el exterior, que permite el desarrollo del negocio del narcomenudeo en los barrios y fomenta que familias enteras hagan de esta actividad una estrategia de subsistencia.
“Es una situación delicada que requiere de mayor penetración del Estado y una fuerza represiva mucho más contundente, más articulada que al mismo tiempo genere compensaciones para la familia que están en situación de vulnerabilidad porque buena parte de estos negocios operan porque hay familias que hacen de esta actividad una estrategia de subsistencia”, dijo. Y postuló: “Requerimos generar algo más que represión, requerimos generar comprensión”.
A pesar del contexto caliente que se vive en la ciudad Salvia sostuvo que la situación en el Gran Rosario “es tan conflictiva como lo es el conurbano bonaerense u otros conurbanos del país” y dijo que “tiene que ver con un avance en el tráfico del narcomenudeo sobre los territorios más pobres de la ciudad”.
“La droga avanza sistemáticamente sobre esos espacios en la medida que el Estado se retira, o el Estado colude con las fuerzas o el Estado ya no es el policía de Mafalda que está cuidando al barrio, sino que es el policía que administra los negocios que se pueden desarrollar en el barrio”, dijo.
Señaló que “ese giro que ha tenido la fuerza de seguridad hace que haya mucha desprotección y señaló que lugares de contención o de protección como las iglesias y las escuelas “no están hechas para defenderse del narcotráfico”.
“Entonces es una situación delicada que requiere de mayor penetración del Estado y una fuerza represiva mucho más contundente, más articulada que al mismo tiempo genere compensaciones para la familia que están en situación de vulnerabilidad”, indicó.
Para Salvia, el narcotráfico es “un fenómeno global” que “va avanzando porque la venta de drogas opera no solamente como oferta sino como demanda”.
“Hay demanda, consumo, de sustancias psicoactivas. Esa demanda no es más fuerte en Rosario que en otras áreas urbanas; una de las explicaciones que tiene que ser parte de una política de seguridad, es justamente el papel que ha jugado Rosario como un puente de comercialización de la droga que viene del Norte hacia afuera o dentro del país”, detalló.
Para Silva ese papel de Rosario como un centro distribuidor impulsa “negocios corporativos mucho más importantes que hay que atacarlos desde el punto de vista financiero, en términos de blanqueo económico y de legalidad”.
“Como se ha manejado mucho dinero, esas bandas han tenido capacidad de apropiarse de beneficio de esa distribución y se han atrincherado en los barrios más pobres reproduciendo el negocio del consumo, es decir de la venta y consumo entre los sectores más pobres. Pero no son segmentos del gran narcotráfico, son bandas rudimentarias pero operan sobre territorios vulnerables donde el Estado no está. Hay que operar sobre ellos y hay que detener ese proceso, sobre todo por la vulnerabilidad y violencia que generan. Ahora el problema del narcotráfico no se va a resolver atacando esa parte porque Rosario sigue siendo distribuidor de droga de gran magnitud”, puntualizó.
“A veces visualizamos a las villas como el espacio del narcotráfico, ahí son espacios de narcomenudeo, de esas bandas organizadas que prestan servicios de seguridad, de transporte, de acopio al narcotráfico de mayor envergadura y se constituyen después en bandas organizadas que tienen poder local. El negocio del narcotráfico no depende de ese poder territorial, depende de comercializaciones que van por fuera del país o en los mercados de altos ingresos, incluso en nuestra sociedad, las clases medias altas, las adicciones recreativas. El problema es complejo”, relato Silva, para quien “Rosario cumple un papel de ese escenario”.
El investigador propone que el abordaje tiene que ser federal. “Hay que operar de manera federal articulada entre el Estado nación, provincia y municipio, actores sociales operando sobre la prevención, sobre la prevención de las adicciones, sobre la atención de los adictos, sobre las desbaratamiento de las bandas que operan sobre los territorios. El desbaratamiento de las bandas que operan financieramente sobre el narcotráfico, operando sobre el sector financiero que da cobertura, legaliza mucho de estos fondos y que no solo lo hace a nivel nacional. Es una guerra no solamente de Argentina, es una guerra que se emprende a nivel global hoy por hoy porque son estructuras que quitan poder al Estado y efectivamente destruyen una parte importante del capital humano de la sociedad”, destacó.
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