Procesaron a Cristina por asociación ilícita y le embargaron $ 130 millones

familia. Según el juez, los Kirchner utilizaron la firma Los Sauces para recibir "retornos" de empresarios amigos beneficiados con la obra pública.

Procesaron a Cristina por asociación ilícita y le embargaron $ 130 millones

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer su tercer procesamiento, esta vez junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, al ser considerados jefes de una asociación ilícita que lavó activos a través de la empresa familiar Los Sauces, que le alquiló propiedades a empresarios afines como el detenido Lázaro Báez y Cristóbal López.

Fue el juez federal Claudio Bonadio el que dictó los procesamientos sin prisión preventiva, embargó a la ex presidenta y a Máximo —diputado nacional— en 130 millones de pesos cada uno y les prohibió salir del país, como a los otros consortes de causa.

La extensa nómina de procesados incluye a los empresarios kirchneristas López, a su socio, Fabián de Souza; a Lázaro Báez, a tres de los cuatro hijos de éste, a Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta) y a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo.

El Código Penal contempla penas de cinco a diez años de reclusión para quien sea hallado culpable de ser jefe u organizador de una asociación ilícita.

Bonadio ya había dictado el primer procesamiento de Cristina por la causa "dólar futuro", ya elevada a juicio. En diciembre la ex presidenta recibió su segundo procesamiento, dictado en este caso por el juez Julián Ercolini, en la causa que investiga la concesión de obra publica a Lázaro Báez.

Ercolini sustancia esta investigación como una arista de la causa por asociación ilícita que denunció la diputada Elisa Carrió en 2008; allí también se analiza, como una pata más, el expediente "Hotesur", por el alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner al detenido Báez.

Precisamente, Bonadio dictó los procesamientos y millonarios embargos y decidió declararse incompetente con el fin de derivar el caso a Ercolini por conexidad.

"Bonadío, desde las dependencias del Poder Ejecutivo en Comodoro Py —y a quien Mauricio Macri obviamente no considera mafioso— dicta el segundo procesamiento por asociación ilícita contra CFK, y ahora —como la situación económica empeora— le agrega a hijos, escribanos, contadores, y al mismo tiempo y en la misma resolución donde ordena los procesamientos, Bonadío se declara incompetente!!", escribió la ex presidenta en una saga de tuits (ver aparte).

Según el fallo, de casi 400 páginas, "la imputada Fernández, después que se otorgaran con anterioridad o posterioridad las concesiones de obra pública o juego desde el Poder Ejecutivo nacional, del cual era su más alto representante, al igual que el otro socio, Néstor Carlos Kirchner —ya fallecido—, se firmaban los contratos de alquiler de las propiedades de Los Sauces SA a fin de retornar el dinero como contraprestación de esas concesiones".

Bonadio sostuvo que "los alquileres, más allá de lo correcto de su formalidad, intentaron ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la obra pública otorgada ilegalmente al Grupo Báez desde el gobierno nacional por parte o a indicación de la ex presidenta".

Esa secuencia era "dirigida por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y luego del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner también con el concurso y aprobación de Florencia Kirchner".

"En todos estos casos disimular se traduce como un procedimiento que tiende a crear un ocultamiento o disfraz de la ilicitud del origen de los bienes, y que lleva a esos bienes adquieran apariencia legal", puntualizó el juez.

"Claramente el objeto del delito es el bien o bienes que provienen de un ilícito penal, el cual como se sostiene es el pago, mediante alquileres, como contraprestación de la obra pública concedida ilegalmente al Grupo Báez", resumió Bonadio.

El cargo específico contra la ex presidenta es el de "tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles".

La composición de esos delitos puede derivar en una condena superior a los diez años de cárcel.

El resto de los imputados aparecen procesados por una intervención como organizadores o miembros, con embargos que van desde un millón a 130 millones de pesos.