El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, adelantó ayer que el gobierno apelará el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga al país a pagar una indemnización de 405 millones de dólares a la firma francesa Suez, por la cancelación del contrato de concesión de Aguas Argentinas y Aguas de Santa Fe.
“El fallo del Ciadi no está firme. Argentina va a apelar. A la empresa sólo le reconocieron un tercio de lo que reclamaba”, dijo el ministro durante una conferencia de prensa brindada en el Microcine del Palacio de Hacienda.
Kicillof recordó que el reclamo inicial de la empresa Suez había sido de 1.200 millones de dólares. “Pedían indemnización por daño moral y que se le reconozcan las inversiones hechas y el Ciadi no lo reconoció”, subrayó el ministro al tiempo que destacó: “El tercio, los 400 millones de dólares que se le reconocen, son miserable”.
El funcionario consideró que la decisión del tribunal del Banco Mundial “en realidad fue en contra de la empresa, ya que sólo le reconoció 405 millones de los 1.200 millones de dólares que reclamaba”.
Las francesa Suez fue la ex concesionaria de Aguas Argentinas que demandó al Estado argentino por considerar que en 2006 rescindió “unilateralmente” el contrato suscripto en 1993, durante el proceso de privatizaciones llevado adelante por el ex presidente Carlos Menem.
Suez y Aguas de Barcelona eran accionistas de las empresas de servicios públicos que tenían la concesión por 30 años del suministro de agua y de desagües cloacales en Buenos Aires y en Santa Fe.
Luego de enumerar las inversiones del Estado en la empresa estatizada, dijo que los tratados que se firmaron durante el gobierno de Carlos Menen colocaron al Ciadi como tribunal arbitral, mientras que en esa misma época naciones como Brasil “no firmaron nada” parecido en los procesos que llevaron adelante.
En lo que respecta a las demandas que el país enfrenta en el Ciadi, el Estado argentino dio su aval a cinco laudos de un total de 51 presentaciones realizadas por firmas internacionales. Lo hizo en 2013, y tras una negociación con el fondo Gramercy, que compró cuatro de esas cinco sentencias.