Dejaron libres a los ocho detenidos por el caso de Paula Perassi

Para la familia, el peor de los escenarios. Para los detenidos, el desenlace que esperaban. El juez de Cámara Adolfo Punotto Laborde concedió ayer la libertad bajo fianza a los ocho procesados por la muerte de Paula Perassi, la joven desaparecida el 18 de septiembre de 2011, cuya causa está caratulada como "aborto no consentido seguido de muerte", y cuyo cuerpo es buscado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La resolución judicial fue leída ayer brevemente por el camarista en una sala de audiencia repleta de familiares de los procesados, allegados a la familia de la víctima y plagada de policías y custodios.

Prunotto Laborde leyó rápidamente el fallo, en el que revocó la prisión preventiva de los ocho detenidos, los obligó a comparecer en los Tribunales de San Lorenzo una vez por semana y les impuso cauciones por distintos montos, según de quién se tratara.

Concretamente, el juez les impuso cauciones de 100 mil pesos a Gabriel S. (sindicado como amante de la víctima y partícipe del crimen), y su esposa Roxana M. (esposa de éste y acusada de participar del plan y de esgrimir coartadas para desviar la investigación). La caución fue de 50 mil pesos para los comisarios Adolfo Daniel P. (ex jefe de Agrupación Cuerpos de la UR XVII) y Enrique K., a cargo de la unidad que investigó el caso hasta que fue derivado a la Tropa de Operaciones Especiales, y para Mirta R., la mujer a quien se sindica como la que realizó el aborto fallido a Paula. En tanto, a los policías Gabriel G., Aldo G. y María José G. se les impuso una fianza de 30 mil pesos.

Antes y después. La fachada de los Tribunales de Rosario estaban ayer empapelada con carteles con el rostro de Paula acompañado del un pedido de justicia. Allí fueron confluyendo familiares de la víctima y personas que desde hace tiempo vienen acompañándola en su lucha. Ya adentro del palacio, y minutos antes de la lectura del fallo, Alberto Perassi, padre de Paula, les pidió a los que esperaban fuera de la sala, tras una puerta que impedía el acceso al hall de entrada, que fuera cual fuera el fallo, lo tomaran con respeto, aunque siempre manteniendo el pedido de justicia.

La salida por los pasillos fue en un clima de silencio y consternación. Sólo se escuchó la voz de Alicia, la mamá de la víctima, que ni bien abandonó la sala dijo: "Pero, y ahora, ¿quién me devuelve a mi hija?". Una vez afuera, se escuchó el primer grito: "Paula Perassi"..."¡Presente!" "Ahora"..."¡Y siempre!".

"Yo quiero que aparezca mi hija. Hay mucha plata en todo esto, y nosotros somos unos pobres diablos, lo único que quiero son los huesos de Paula", dijo entre llantos Alicia, la mamá de la mujer desaparecida. "Estamos en el mundo del revés. Yo estoy con cinco custodios y esta gente está libre. Yo tengo que aceptar la disposición del juez, no me queda otra. Apostaba a que la resolución fuera otra, no creí que pasaría algo tan grave. Sabía que algunas personas podían quedar libres...¡pero todos!", afirmó con asombro Alberto Perassi en las escalinatas de calle Balcarce y siguió: "Vamos a seguir peleando con la gente que nos acompaña, buscando con el Equipo Argentino de Antropología Forense los huesos de Paula. Ellos (los procesados que quedaron libres) estarán contentos, porque esto va camino a la impunidad de las fuerzas del poder".

Luego Perassi reiteró lo que ya había dicho durante la audiencia de apelación, en el sentido de que su nieto de seis años le dice: "El abuelo siempre sale a buscar a mamá, pero nunca la trae". El chico reiteró ayer lo mismo, luego de ver por televisión a Alberto. Es que ahora la esperanza de los familiares de Paula está centrada en el rastreo de los restos de la mujer, que es intensamente buscada en una cava ubicada entre Puerto San Martín y Timbúes, entre otros posibles lugares. "Tengo esperanza por los antropólogos, la tengo por los perros rastreadores. Ahora, lo único que pido son los huesos de mi hija".

Mientras esto ocurría en las escalinatas de la calle Balcarce, un sector del palacio de los tribunales estallaba en un estrepitoso aplauso. Eran los familiares de los procesados que saludaban eufóricamente al juez Prunotto Laborde en el momento en que éste abandonaba la sala.

Fundamentos. En los fundamentos de la resolución dictada ayer, la Sala I tuvo en cuenta los argumentos de los defensores, quienes esgrimieron en la audiencia de apelación celebrada el 11 y 12 pasados que no hay pruebas suficientes para acusar a los detenidos, desacreditaron testimonios "de oídas" y consideraron que no existe peligrosidad procesal ni posibilidad de entorpecimiento de la investigación, entre otras consideraciones.

En relación a Gabriel S. y su esposa Roxana M., el juez tuvo en cuenta distintos argumentos, como que "no está acreditado" que Paula haya salido de su casa a raíz de un llamado telefónico realizado minutos antes, y que tampoco lo estaba quien podía haber hecho ese llamado, formulado desde un locutorio. También tuvo en cuenta consideraciones sobre entrecruzamiento de llamadas telefónicas, y hace referencia a un testigo, el ex yerno de la mujer apuntada como quien le hizo el aborto a la víctima, que en realidad habló por boca de otros. Y tuvo en cuenta el argumento de que se está investigando un supuesto aborto sin consentimiento de la víctima seguido de muerte cuando "hace más de tres años y medio que no se encuentra el cuerpo de la víctima".

De Mirta R. se tuvo en cuenta que el testimonio de su ex yerno, quien la involucró, estaba motivado en problemas familiares, que no hay rastros biológicos en ninguno de los dos domicilios atribuidos a la mujer sindicada como la partera, y que la defensa no tuvo acceso a pruebas como pastillas abortivas halladas en un allanamiento.

En cuanto al comisario Adolfo Daniel P., su defensa había planteado que no había pruebas en su contra y que quien debía probarla era la Fiscalía, cosa que "no hizo". La Cámara tuvo en cuenta el argumento de que se construyó "un relato sin sustento alguno, no por homicidio, sino por aborto seguido de muerte, y se imputa al comisario Adolfo P. de encubrimiento por ser jefe de la Agrupación Cuerpos".

   También entendió que la relación entre el policía y el amante de la mujer desaparecida era comercial, que no hay pruebas de que el comisario tuviera conocimientos de las falencias de la investigación y que la defensa vio limitado su accionar, entre otros puntos.
  Del policía Gabriel G. se tuvo en cuenta los dichos de la defensa, que cuestionó que el juez de primera instancia “no ha justificado debidamente la prisión preventiva ya que no existe elemento de convicción ni peligrosidad procesal”. Tampoco, según el defensor, se explica “el comportamiento delictual” del policía, ni se tiene en cuenta que estuvo a cargo de la investigación diez días, en los que descubrió muchos de los elementos que se tuvieron en cuenta después en la investigación.
  Por último, el juez de Cámara tomó en consideración los argumentos de la defensa de los policías Enrique K., María José G. y Aldo G., quien manifestó que sus tres defendidos trabajaron coco a codo con la familia Perassi, que el fiscal de la causa no trabajó y que luego de tres años y más de dos mil fojas no pudo probar el encubrimiento que se les achaca, y que el juez que los procesó aplicó una “presunción objetiva para procesar y disponer la prisión preventiva” de sus pupilos, lo que constituye una “atrocidad jurídica”. Asimismo, la defensa de los procesados manifestó que “los elementos de convicción no son suficientes”, que “ya pasaron 120 días de prisión preventiva no habiendo un delito previo que encubrir”, y que “tampoco se ha probado el peligro procesal ni la afectación de la investigación” por parte de sus defendidos.
  Por lo demás, el juez ordenó correr vista al Ministerio Público de la Acusación sobre los presuntos delitos denunciados públicamente en la audiencia respecto del fiscal Román Moscetta y la abogada Paula Ríos. Del primero se dijo que había incurrido en el delito de prevaricato, y de la segunda que había recomendado al padre de Paula Perassi secuestrar al hijo del comisario Adolfo P. para sacarle a éste información respecto del caso

Para “pobres diablos”. La resolución de la Sala I se conoció una semana después de la larga audiencia apelativa, que se prolongó por dos jornadas, en las que los abogados defensores plantearon falta de pruebas contundentes para imputar a sus representados, y expusieron que no existe peligrosidad procesal ni elementos que hagan suponer que los entonces detenidos pudieran entorpecer el curso de la investigación, o fugarse.
  “Esperamos que este fallo no signifique un retroceso a lo que se estaba avanzando en el tema de encontrar a Paula. Cada vez nos damos más cuenta de que tenemos una justicia penal para estereotipos criminales, o sea, para pobres diablos. Tenemos la idea de que eso algún día cambie, pero no cambia. A un mes de cumplir cuatro años de la desaparición, hoy me cuesta decirle a Alberto y la familia que lo que se hizo sirve. Hemos recibido un gran puñetazo de la sala segunda unicameral del doctor Prunotto Laborde y son las reglas del juego”, dijo a La Capital Adrián Ruiz, representante legal de la familia de la víctima.
     “Igualmente siguen procesados, el juicio va a seguir adelante y sin hablar mal de ningún juez, evaluamos que la competencia provincial hoy no va a llegar hasta el final. De esto se hará responsable la Justicia federal porque todo lo que se avanzó estos tres años y la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense nos está indicando que estamos en esa competencia. Y hoy lo que más nos importa es hallar a Paula”, enfatizó el abogado.