Me resulta extraño que las autoridades del Colegio de Abogados de Rosario se sientan contrariadas por la anulación del concurso para la designación de jueces comunales que había implementado Jorge Obeid. Las mismas autoridades que hoy están fastidiadas porque el nuevo decreto hace mención a la "transparencia" del procedimiento guardaron silencio ante las notas que por mesa de entradas de la institución presenté, denunciando la falta de transparencia, ya que del mero análisis de los antecedentes de algunos profesionales que obtuvieron el mayor puntaje, se desprende que el concurso fue una farsa. El Colegio de Abogados de Rosario no fue ajeno a la selección de los postulantes, ya que uno de los tres miembros que conformaba la junta de evaluación era una profesional designada por esa institución, que intervino en todas las instancias del concurso. La anulación de todo lo actuado no fue una medida acertada de las nuevas autoridades, ya que no tuvieron en cuenta a los cientos de colegas que perdieron tiempo y dinero participando en un concurso que resultó un fraude sin que haya responsables. A mi criterio, el nuevo gobierno tendría que haber revisado los antecedentes de los concursantes, hacer una nueva entrevista con ellos y establecer el orden de mérito debidamente fundamentado para que el gobernador elija. La designación de los jueces comunales es un tema que los diferentes gobiernos no han podido resolver debido en gran medida a las presiones políticas y corporativas que bregan por acomodar a sus allegados.
