Durante el ciclo presidencial de Néstor Kirchner hubo cierta preocupación por la clase pasiva, pero no llegó a resolver cuestiones puntuales, como la movilidad de los haberes y una justa actualización de los mismos. La promesa de dar fin al cúmulo de juicios de los jubilados, declarada públicamente por el administrador de la Ansés, ahora intendente electo de Tigre, se diluyó en el tiempo y los reclamos se multiplicaron con las demoras conocidas. Digno de rescatar fue el establecimiento de la opción jubilatoria dando la posibilidad a los activos de reintegrarse al sistema de reparto, pero no suficiente. Tenía que haber sido permanente, sin limitación temporal. La experiencia chilena acaba de demostrar la incertidumbre del sistema privado. Luego de elegida Cristina Fernández, se advierte una continuidad de criterio y así lo afirmó la presidenta, por lo cual no tenemos demasiadas expectativas respecto a la cuestión. La encomiable decisión de la Corte Suprema exigiendo la movilidad provisional no parece haber sido puesta en consideración por el flamante gobierno; contrariamente, observamos cierta reticencia en el tratamiento del problema. Mientras tanto la Ansés, que no ha tenido ninguna renovación en su metodología, se presta a través de apelaciones al incentivo de excesivas demoras, traducida en años, en cuanto a las demandas de reajuste, procedimiento que perjudica a la larga al erario público y a jubilados, beneficiando en definitiva a los letrados intervinientes. La carencia de una planta de personal adecuada, modernización informática y sensibilidad por la clase pasiva contribuyen eficazmente a la reconocida inoperancia del organismo de seguridad social. Sólo resta esperar que a la brevedad se produzca un cambio de actitud al respecto y sobre todo en los legisladores, sin distinción de partidos o bloques, porque en las cuestiones de la tercera edad la ideología debe ser única: humanismo.
