El servicio de taxis es un servicio público por excelencia, por encima de la incomprensión de los taxistas. El hecho o circunstancia de que lo ejecuten personas físicas o jurídicas no le quita tal cualidad, puesto que ello deviene de una delegación tácita que hace el Estado (municipio de Rosario). El pasado 15 de enero, alrededor de las 16, solicité un taxi a la salida del Sanatorio Británico para trasladar a mi suegra que, desgraciadamente, se moviliza en silla de ruedas. Si digo que fueron 20 intentos –todos fallidos–, creo que me quedo corto. Todos alegaron que su combustible de impulsión es el gas y por lo tanto no les queda espacio para transportar la silla. Agotado y cansado –la temperatura reinante rondaba los 36º/40º–, tomé la decisión de transportarla a ella sola, que quedó en compañía de mi esposa, en tanto yo esperaba otro taxi, que solamente me transportara con la silla. Fueron otros 20 intentos y ninguno quiso transportarme; cuando parecía que uno lo haría, al momento de ir en búsqueda de la silla partió raudamente. Ello me obligó a deambular por la ciudad por 30 cuadras con la silla a cuestas. Me pregunto: ¿cómo deben hacer los discapacitados para tomar un taxi? ¿Qué autoridad o departamento del municipio se pregunta lo que hoy me pregunto? ¿Qué solución se arbitrará a partir de esta denuncia? Yo no vivo en Rosario, por ende ignoro quién deberá intervenir, pero espero una solución, porque el próximo 15 de febrero deberé atravesar el mismo calvario. Tal vez me prevenga y lleve a un escribano para que constate la situación y los demande por abandono de personas. No solo por mí, sino por los innumerables discapacitados que seguramente más de una vez requieren del servicio. Además, espero que esta situación sea considerada a la hora de decidir sobre la tarifa, puesto que si se movilizan con propulsión a gas, deberán arbitrarse medidas conducentes para que tengan un baúl disponible de no menos de 500 cm3, de forma que una silla tenga cabida. Alguien deberá ponerle fin a esta irresponsable situación.
