Atónitos y estupefactos escuchamos los argentinos las declaraciones del más alto nivel de figuras del gobierno, incluido el ex ministro de Economía Martín Lousteau, sobre la adulteración de cifras del Indec para disimular no sólo la realidad de la economía, sino para disminuir los gastos que por intereses se deben pagar por los bonos CER ajustados por la inflación. Esta flagrante defraudación y estafa a los poseedores de dichos bonos ha sido ignorada por la Justicia argentina. Ni un solo fiscal federal, ni un solo juez de la Nación, procesó al funcionario que hizo dichas declaraciones, el ex ministro de Economía, bajo cuya órbita se encontraba el instituto mencionado, por lo que en el mejor de los casos debía ser imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es realmente lamentable que el poder encargado de velar por la Justicia de los argentinos ignore tamaña violación de la ley y consienta una estafa a quienes confiaron en el Estado adquiriendo dichos bonos. Hemos escuchado hace días imputaciones del Poder Ejecutivo a la transparencia de la justicia de EEUU, referidas al caso de la valija, diciendo que era una conspiración contra el gobierno argentino e ignorando las sobradas muestras de independencia que ha mostrado la Justicia de EEUU. Para citar una muestra de la independencia de poderes en ese país basta recordar el procesamiento y destitución del ex vicepresidente Spiro Agnew por evasión impositiva, la del ex presidente Richard Nixon en el recordado caso del Watergate, y el más reciente juicio político al ex presidente Bill Clinton por un asunto que en la Argentina hubiera servido para elevar la popularidad del presidente de turno y a lo sumo hubiera provocado una sonrisa cómplice en los ciudadanos. Esto es una muestra más del sometimiento de poderes a los caprichos y deseos del Poder Ejecutivo. Cuán lejos están las máximas sanmartinianas dichas hace 180 años: "La independencia de la Justicia es la única garantía de la libertad de los pueblos".
