La historia de la gestión de la autopista Rosario-Santa Fe ya tiene acumulados numerosos capítulos y no pocos banquinazos. Ahora, y en un intento por no reiterar errores y fracasos, la provincia apostará por un modelo de gestión que elude el dilema entre una nueva concesión privada o una abiertamente estatal. El gobernador Miguel Lifschitz tiene sobre el escritorio de su despacho una tercera opción: un proyecto para crear un fideicomiso que se encargará de gestionar por peaje su mantenimiento y que será administrado por el Banco Municipal de Rosario. Fuentes del gobierno provincial admitieron que esta iniciativa ya cuenta con el visto bueno de Lifschitz, quien está convencido de que será la solución definitiva para el principal corredor vial provincial, que se encuentra en un estado deplorable, con una concesionaria fallida por incumplidora serial, una licitación para su reprivatización en marcha que convence a muy pocos y obras millonarias de repavimentación que comenzaron a ejecutarse y que están a cargo del Estado santafesino.
El contrato para gestionar la autopista a través de un fideicomiso ya está elaborado y podría ser firmado y anunciado en los próximos días. Un fideicomiso es un acto jurídico en el que una persona física o jurídica (llamada fiduciante) entrega a otra (llamada fiduciario) la titularidad de unos activos para que ésta los administre para un fin determinado. De acuerdo a esta iniciativa, la Dirección Provincial de Vialidad será el fiduciante (cede la autopista al fideicomiso) y la empresa BMR Mandatos y Negocios SA (perteneciente en un 99% al Banco Municipal y en un 1% a la Municipalidad de Rosario) será el agente fiduciario. Así, BMR Mandatos y Negocios SA -que ya administra numerosos fideicomisos de obras de cloacas y redes de gas, entre otros- se hará cargo del gerenciamiento de la autopista, que contempla el mantenimiento, señalización y servicio de auxilio a cambio del cobro de peaje.
El proyecto de este modelo de gestión, inédito en la provincia en lo que respecta a un corredor vial, se elaboró a pedido del propio Lifschitz, quien viene buscando opciones a una lisa y llana estatización, una figura jurídica que no le convence para este caso teniendo en cuenta que obligaría a transferir al Estado a los 250 trabajadores que hoy prestan servicio en la frustrada concesionaria de la autopista. También quiere evitar ahora una nueva privatización (era la idea inicial del gobernador), ya que es fuertemente resistida por gran parte de la oposición y hasta por legisladores de su propia alianza política.
Así, la opción del fideicomiso obligará a la provincia a declarar desierto el proceso de licitación que actualmente está en marcha para la concesión de la autopista. El 2 de mayo pasado se abrieron los sobres con las ofertas técnicas, en donde hubo una sola presentación: la UTE integrada por las firmas Supercemento y Edeca. Para la Casa Gris esto fue como la mala noticia que faltaba para colmar el vaso, y precipitó la decisión de buscar otras alternativas: es que esta misma UTE estuvo envuelta en una fuerte polémica en 2010 cuando el entonces gobernador Hermes Binner le adjudicó sin licitación este corredor vial tras la salida de Aufe SA (controlada por la firma Dycasa, que recibió la concesión en 1995 durante la gestión de Carlos Reutemann).
En rigor, el gobernador Lifschitz es consciente de que hoy por hoy la autopista no está para bollos. Viene del rotundo fracaso de la concesionaria Arssa (la sigue administrando actualmente de manera precaria), una UTE conformada por Milicic, Laromet, Obring, Pecam, Rovial y Vial Agro. Esta sociedad, que se hizo cargo de la concesión en 2010 por diez años, tenía la obligación de repavimentar la totalidad de la traza durante los primeros cinco años a cambio del cobro del peaje. Sin embargo, pasados seis años sólo habían realizado menos del 30% y anunciaron que no completarían los trabajos faltantes. En lugar de rescindirle el contrato por incumplimiento, ejecutar los fondos de garantías de caución y dejar abierta la vía para reclamar los daños y perjuicios, la provincia optó por concluir el convenio por decreto a fines de 2016 de forma anticipada y de "mutuo acuerdo". A la vez, anunció que el Estado se hará cargo de toda la repavimentación de la autopista y que se llamaría a una nueva concesión, aunque esta vez el privado sólo estaría obligado a mantener la traza (señalización, cortar el césped y servicio de auxilio) a cambio del cobro de peaje.
Ante tal situación, legisladores del justicialismo denunciaron que detrás de esta extinción del contrato "de común acuerdo" se esconde el salvataje a las empresas que integran Arssa (varias de ellas figuran entre las principales constructoras adjudicatarias de la obra pública en la provincia y Rosario) y estimaron que significaba una pérdida de 1.500 millones de pesos para Santa Fe. Esta presión política, sumada a que la propia Fiscalía de Estado dictaminó que no lograba "justificar la solución a la cual se llegó" con Arssa, obligó al gobernador Lifschitz a emitir un decreto el 25 de abril pasado encomendando al Ministerio de Infraestructura a que determine en el lapso de 180 días "la responsabilidad que le puede caber a las partes en la frustración del contrato".
Es en medio de este intrincado laberinto en el que viene maniobrando Lifschitz con el objetivo de encontrarle una salida a la autopista. Y el fideicomiso aparece así como la fórmula perfecta que le permite eludir el dilema de concesión privada o estatal. Es que el gobernador está convencido, como decía el poeta y novelista Leopoldo Marechal, que de todo laberinto se sale por arriba.
